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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Atasco sanitario

La desprotección de la sanidad pública resquebraja el Estado del bienestar por su base

Listas de espera Sanidad publica
Sala de espera del Centro de Salud de Carabanchel Alto, en Madrid.Santi Burgos
El País

Que la pandemia iba a provocar un aumento de las listas de espera era algo que los gestores sanitarios y los expertos habían advertido con insistencia. Para que las demoras no alcanzaran niveles peligrosos para la salud de los pacientes era preciso tomar medidas de refuerzo que permitieran atender a los enfermos de covid-19 y al elevado número de ellos que padecen secuelas persistentes, sin dejar de tratar el resto de patologías. Los datos que acabamos de conocer sobre las listas de espera de la Comunidad de Madrid confirman que no se está dando la respuesta adecuada. También en otras comunidades se observan demoras superiores a las que había antes de la pandemia, lo cual indica que no se está haciendo el esfuerzo necesario y ello tendrá con toda seguridad consecuencias graves para muchos de los pacientes afectados.

Las largas demoras son desde hace tiempo un problema crónico de la sanidad madrileña, pero ahora se ha superado por primera vez el medio millón de enfermos en espera de una primera visita con el especialista. Son más del doble de los que había en 2016, cuando se estableció el actual sistema de registro, y 50.000 más que antes de la pandemia. Estos datos resultan muy alarmantes porque de esa primera visita depende el diagnóstico de enfermedades graves como el cáncer, en el que la posibilidad de supervivencia depende en muchos casos de la rapidez del tratamiento. A ese medio millón hay que sumar en el caso de Madrid los 153.000 pacientes que están a la espera de una prueba diagnóstica y los 95.000 más pendientes de una intervención quirúrgica.

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Resulta incongruente que, mientras aumentan las listas de espera y los profesionales sanitarios reclaman desesperadamente que se dote a la sanidad pública de más recursos, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presuma de haber rebajado o suprimido impuestos. El deterioro de los servicios públicos no puede desligarse de una política fiscal que acaba perjudicando a los más vulnerables: aquellos que no pueden permitirse recurrir a la medicina privada para sortear las listas de espera. Demoras de un año y medio para ser atendido por un traumatólogo cuando se sufre un dolor intenso generan un malestar que repercute directamente sobre la valoración ciudadana del sistema público de salud.

Es evidente que, cuanto más crecen las listas de espera y las demoras en la sanidad pública, más aumenta la contratación de pólizas de seguros privados. No se puede afirmar que se va a reforzar la sanidad pública, como hizo Díaz Ayuso en su discurso de investidura, y permitir al mismo tiempo que se deteriore. Lo mismo vale para cualquiera de los gobernantes de las comunidades donde crecen las listas de espera. La defensa de la sanidad pública exige dotarla de recursos humanos y materiales suficientes. Tras más de una década descapitalizándose, la epidemia ha sometido a la sanidad española a una durísima prueba que la ha dejado exhausta. Ningún servicio público tan complejo y sensible como el sistema sanitario puede funcionar bien y salir indemne de una situación de estrés permanente por falta de recursos. El Estado del bienestar se resquebraja por la base si juega con la vida y la salud de los ciudadanos.

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