Peligroso cruce de frontera en Perú

Los autores de artículos de opinión están sujetos a menos reglas que el resto, pero hay una frontera que el Libro de estilo les prohíbe cruzar: “Los textos de opinión han de basarse en datos verificados”. Esa divisoria quedó superada en el artículo de Mario Vargas Llosa del pasado domingo con esta frase: “…la presidencia de Castillo parece consumarse pese al fraude perpetrado por Perú Libre que acompañó dichos comicios [segunda vuelta], por obra de un Jurado Nacional de Elecciones que resiste impávido todas las demostraciones en contrario”. Aludía a Pedro Castillo, candidato de izquierdas cuyo ajustado triunfo provisional está pendiente de que ese Jurado de Elecciones dilucide las denuncias de irregularidades.

En anteriores artículos, Vargas Llosa, Nobel de Literatura, periodista y seguramente la más prestigiosa firma histórica de EL PAÍS, pidió a los peruanos que votaran a la candidata conservadora, Keiko Fujimori, convencido de que, si Castillo consolidaba su triunfo de la primera vuelta, “no volverá a haber elecciones limpias en el Perú” (18 de abril); anunció que él había hecho campaña por Fujimori (6 de junio, día de la segunda vuelta) y que su impresión —”a través de las múltiples y contradictorias informaciones que me llegan”, decía— era que en los comicios hubo “graves irregularidades” que adjudicaba a fuentes concretas (20 de junio). Pese a las protestas de lectores, el escritor se limitaba en esos casos a ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, en la frase de que ha habido un “fraude perpetrado por Perú Libre” algún lector vio violentado ese principio del oficio según el cual las opiniones son libres, pero los hechos, sagrados. Desde Montevideo, Jorge Castrillón cree que el artículo difunde “un bulo” y que el periódico debe separar “los hechos de los bulos” porque, si no, “está dilapidando su credibilidad” al difundir comentarios que “opacan el excelente trabajo que, por regla general, desempeñan sus corresponsales a pie de calle”.

En Perú, esos corresponsales han sido Juan Diego Quesada, enviado especial, y Jacqueline Fowks, que habitualmente cuenta la actualidad peruana en EL PAÍS. Responden así ambos a la pregunta de si hay hechos confirmados para sostener que ha habido fraude. “Ninguno. El sistema de conteo es hipergarantista. Las actas de todas las mesas se pueden consultar en Internet. La discusión sobre las actas que impugnó uno u otro partido se retransmitió en streaming. El retraso en la proclamación de Castillo se debe, en parte, a ese garantismo, que evita un pucherazo”. Mientras, han alabado la limpieza electoral EE UU, la UE y la OEA.

Mario Vargas Llosa reitera en un mensaje al Defensor del Lector la relación de denuncias de fraude que señaló en su texto del 20 de junio: ocupación ilegal de mesas organizada por Perú Libre, firmas falsas en actas según grafólogos independientes, suplantación ilegal de miembros de mesas por familiares y mesas sin votos para Fujimori en la segunda vuelta cuando los hubo en la primera o sin votos en blanco o nulos porque fueron adjudicados a Castillo.

“Hay unas dos mil mesas por lo menos”, añade el premio Nobel, “donde se registran estas irregularidades graves, que, según observadores bolivianos como el expresidente Tuto Quiroga, son un calco de los métodos utilizados en el fraude electoral de Bolivia en 2019 (Evo Morales es un cercano aliado de Castillo)”. “Estas trampas”, añade, “merecían ser revisadas por una entidad creíble, pues suman un total de votos muy superior a la diferencia que separa en el escrutinio oficial a Castillo de Fujimori. De allí la opinión de muchos peruanos, incluida la mía, de que, ante la actuación sospechosa del Jurado Nacional de Elecciones frente a los pedidos de nulidad de la parte afectada, era indispensable una auditoría internacional del proceso de votación, algo a lo que el Gobierno peruano, parcializado con Castillo, se negó”.

Es esa una opinión perfectamente sostenible en una tribuna o una columna, pero la afirmación de que hubo fraude va más lejos cuando aún no hay un dictamen oficial y definitivo, sea peruano o internacional, sobre esas presuntas irregularidades. El jefe de Opinión, el subdirector Andrea Rizzi, señala al respecto: “La afirmación es sin duda polémica y plantea un dilema de edición. Nuestro criterio general es aplicar una interpretación amplia de la libertad de opinión. Pero es cierto que en este caso habría sido adecuado hablar con el autor y proponerle considerar una reformulación que a la vez respetara su libertad de opinión y aclarara el contexto fáctico sobre el que se pronuncia”.

El lector tiene los elementos para formarse su propio criterio sobre lo ocurrido. EL PAÍS estaba obligado a dárselos.

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