Ayuso: retórica y hechos

Isabel Díaz Ayuso logró una rotunda victoria en las elecciones autonómicas de Madrid el pasado 4 de mayo con una estrategia muy centrada en presentarse como gran adalid de una oposición sin cuartel al Gobierno de Pedro Sánchez. El viernes, con ocasión de su reunión con el presidente, profundizó en esa apuesta con un rechazo frontal a las políticas del Ejecutivo y una retórica apocalíptica. Se opuso a iniciativas de distinta índole, en algunos casos vinculadas con sus competencias, en otros saliéndose por completo del perímetro habitual de acción de un líder autonómico; alertó de que está en riesgo el orden constitucional y de que “si se le da todo el poder al Gobierno, dinamitará el sistema democrático”; llegó a afirmar que Madrid ofrecerá “amparo” a “cada español que lo necesite” —frase que, mutatis mutandis, no habría desentonado en el desmorone yugoslavo de los años noventa—; sostuvo que “el deterioro de las instituciones, de la libertad y de la igualdad en España es muy grave”. Sin duda, la política del Gobierno es susceptible de serias críticas, y hay argumentos válidos para rechazar los indultos o la armonización de la fiscalidad autonómica. Pero, como en otras circunstancias, deja perplejos semejante nivel de hipérbole. Cabe preguntar si es más útil a los intereses de la colectividad o a los de quien la enarbola.

Sea como fuere, hasta ahí llega la retórica. En cuanto a los hechos, el día anterior —precisamente a propósito de deterioro de instituciones y de libertad— la Asamblea de Madrid aprobó con los votos del PP y la abstención de Vox una ley que permitirá a Ayuso tomar el control de Telemadrid, revirtiendo una anterior legislación que, al requerir dos tercios de mayoría para nombrar la dirección de la cadena, aseguraba un buen cortafuego contra el sometimiento al Ejecutivo de turno. Cabe recordar que Ayuso defendió, como diputada ponente en comisión parlamentaria en 2015, la ley que ha estado vigente durante seis años y que ha permitido al ente público recuperar la credibilidad, la audiencia y la estabilidad presupuestaria.

La fórmula que ha introducido el PP es crear la figura de un administrador provisional, que tomaría el mando en caso de que no se logre el difícil consenso entre los grupos parlamentarios. Ese cargo lo elige el Gobierno regional y su refrendo solo requiere de la mayoría absoluta de la Cámara. La nueva ley introduce además en una disposición adicional el carácter retroactivo del límite de cuatro años del mandato del director general, frente a los seis actuales. Por tanto, una vez entre en vigor este sábado la norma, tras haber sido publicada en el boletín oficial, el actual director debe ser inmediatamente sustituido. Este último punto provoca serias dudas jurídicas.

Ayuso tiene un indudable mandato para reducir impuestos y aplicar medidas laxas en el control de la pandemia en hostelería y ocio nocturno. Es bastante cuestionable que lo tenga para este ataque a la independencia de la cadena pública autonómica, que no había claramente anunciado en su campaña. Sería deseable que, además de cultivar sus afanes de proyección política en clave nacional, se dedicara a gobernar la Comunidad de Madrid según los principios liberales que dice defender, y que suponen algo más que mantener los bares abiertos. La ley de Telemadrid tiene un sabor más bien a lo antiliberal de Orbán, que los correligionarios de Ayuso en la Eurocámara se han negado a condenar por sus leyes homófobas, con la honorable excepción de Esteban González Pons.