Una propuesta para universalizar las vacunas

Desarrollar y distribuir una vacuna segura y eficaz contra el SARS-CoV-2 (covid-19) se ha convertido en un asunto de enorme interés en todo el mundo. Cuando aún no había pasado un año desde la declaración de pandemia, ya había varias vacunas posibles cuyo uso se había autorizado por procedimiento de urgencia en diversos países. A pesar de este avance científico, la intensa competencia desatada ya entre los países para la adquisición de vacunas ha puesto de manifiesto una terrible disparidad. La rivalidad para hacer acopio de vacunas favorece a los países más ricos y agranda penosamente las diferencias entre ricos y pobres, por lo que impide ejercer un control eficiente de la pandemia en todo el mundo. Las vacunas contra la covid-19 deben considerarse bienes públicos universales y distribuirse como prestaciones sin ánimo de lucro entre todos los miembros de la sociedad, con igualdad de acceso y una disponibilidad sin restricciones.

Las vacunas contra la covid-19 son caras. Se calcula que el coste de una vacuna desde el origen hasta que llega al paciente es aproximadamente de 2.000 millones de dólares. La tecnología de la salud es, en su mayor parte, competencia del sector privado, que busca el beneficio. Al determinar los costes de implantar un producto sanitario clínicamente eficaz, se suele incluir el gasto irrecuperable de los primeros intentos fallidos. Además, no es realista esperar que el desarrollo de las vacunas se financie exclusivamente con dinero público. Por consiguiente, para que cualquier intento de convertir las vacunas contra la covid-19 en un bien público universal sea fructífero, es necesario que la inversión privada en investigación y desarrollo no se reduzca ni ahora ni en el futuro. La solución ideal no debe penalizar a los que crean esos bienes, sino ser fruto de la colaboración y ofrecer las recompensas de forma equitativa.

Muchos países han empleado leyes de emergencia para adquirir derechos públicos sobre la tecnología sanitaria. Estados Unidos invocó la Ley de Producción de Defensa para fabricar equipos de protección individual, incluidas las mascarillas, y obligar a las empresas privadas a fabricar respiradores mecánicos, lo que las apartaría de su ritmo de producción habitual. La legislación estadounidense permite que el Gobierno se incaute de un invento patentado sin obtener previamente una licencia siempre que pague al propietario de la patente una “compensación razonable”. Algunos países como Chile y Ecuador han aprobado durante la pandemia unas resoluciones que justifican la concesión obligatoria de licencias para permitir la fabricación nacional de todas las tecnologías relacionadas con la covid-19. El acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS en sus siglas en inglés) prevé que un país pueda aprobar que sea obligatorio autorizar la fabricación de un medicamento patentado sin el consentimiento de la empresa dueña de la marca. Aunque es innegable que esa concesión obligatoria de licencias facilitará un acceso más amplio a las tecnologías sanitarias relacionadas con la covid-19, también tendrá un efecto disuasorio para las inversiones en investigación y desarrollo, si se utiliza como única manera de incrementar el acceso a dichas tecnologías. Además, es posible que, a la hora de la verdad, el acceso dependa de las competencias legales y reguladoras de cada país.

Otro mecanismo que se ha propuesto es crear un consorcio mundial de patentes para compartir la propiedad intelectual relacionada con la covid-19. Las empresas participantes en el consorcio podrían fabricar cualquier tecnología sanitaria relacionada con la enfermedad dentro de su ámbito, lo que permitiría aprovechar al máximo la capacidad internacional de producción. UNITAID ha ampliado el Consorcio de Patentes de Medicamentos (MPP en sus siglas en inglés), dedicado a los fármacos contra el VIH, la hepatitis C y la tuberculosis, para incluir los productos relacionados con la covid-19. Sin embargo, hasta ahora, el MPP ha atendido sobre todo a países de rentas bajas y medias bajas que necesitan medicamentos aprobados hace ya unos años. Quizá no es realista aplicar este mismo modelo a una vacuna recién creada ni a los países de rentas altas, porque las empresas pueden negarse a participar si no se les garantiza una justa recompensa a sus inversiones en investigación y desarrollo.

En lugar de pedir a las empresas farmacéuticas que liberen sus patentes sin coste alguno, las organizaciones internacionales como el G-20, la OMS y la UE podrían dedicar sus esfuerzos a reunir fondos de los distintos gobiernos para comprar derechos de patentes y licencias para utilizar los inventos relacionados con la covid-19, lo que los convertiría en bienes públicos universales.

Las aportaciones de los gobiernos podrían escalonarse en función de su capacidad de pago y del impacto previsto de la vacuna en una población. Posteriormente, las vacunas se fabricarían y distribuirían según las necesidades, bajo la coordinación de un comité supervisor internacional que vigilaría el proceso. Se trataría de contar con un grupo internacional de expertos que decidiría el valor de las patentes de forma equitativa y teniendo en cuenta factores consensuados como el posible valor futuro, los beneficios sociales previstos y el volumen de inversión pública durante el proceso de investigación y desarrollo. Existen otras posibilidades como unos acuerdos de acceso controlado, con los que las empresas recibirían una compensación por sus patentes dependiendo de la eficacia real de cada vacuna. Lo más importante es que este método garantizaría un compromiso más amplio de las empresas, puesto que sabrían que iban a obtener una justa recompensa a sus esfuerzos, en lugar de desincentivar las inversiones en investigación y desarrollo. A estas campañas habría que sumar las inversiones de los gobiernos y otros donantes para aumentar la capacidad de fabricación y garantizar una cadena de suministro eficaz que permita la difusión eficiente de la vacuna contra la covid-19.

Elias Mossialos es catedrático de Política Sanitaria, London School of Economics and Political Science.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia