Espiral represora de Pekín en Hong Kong

Hong Kong acaba de sufrir los efectos de una vuelta más de tuerca en el golpe antidemocrático que puso en marcha el régimen autoritario de Pekín el pasado junio, cuando el gobierno de Xi Jinping secuestró los poderes legislativos del territorio autónomo para promulgar una ley de seguridad que limitaba las libertades políticas y colocaba bajo su control policial a los ciudadanos de la excolonia británica. Más de medio centenar de diputados que dimitieron recientemente como gesto de protesta, concejales de distrito, activistas y abogados de la oposición han sido detenidos y sus despachos y domicilios registrados en una operación que ni siquiera ha distinguido entre quienes ejercían la crítica moderada del régimen de Pekín y quienes directamente propugnan la plena soberanía del territorio.

La imputación que pesa sobre los detenidos es la organización de unas elecciones primarias destinadas a unificar a toda la oposición en una sola lista electoral para unas elecciones inicialmente previstas para septiembre, pero posteriormente aplazadas con la excusa de la pandemia. El objetivo perseguido, según un portavoz del Gobierno títere instalado por Pekín, era nada menos que obtener una mayoría parlamentaria para paralizar la aprobación de los presupuestos y obligar a dimitir a la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, y luego hacer caer el Gobierno. La operación policial es la mayor actuación hasta el momento amparada en esta nueva ley de seguridad, que ya ha conducido al procesamiento o al exilio de varios dirigentes de la oposición y al acoso de medios de comunicación.

Xi Jinping ha sabido aprovechar el desorden mundial ocasionado por la pandemia y la tensa transición en Estados Unidos para hacerse con el pleno control del territorio —que gozaba de un alto grado de libertades y autogobierno— y adelantar así unilateralmente en 27 años la plena devolución de la soberanía prevista en los acuerdos de 1984 entre Londres y Pekín para un periodo transitorio que empezaba en 1997 y terminaba en 2047, bajo el principio de un país, dos sistemas. La Unión Europea, que acaba de firmar un acuerdo comercial con Pekín, debe tomar buena nota de cómo las gasta su socio asiático en su gradualismo autoritario. A la vista de la fortaleza del gigante asiático, es difícil pensar que presiones externas puedan lograr cambios sustanciales en su acción interna en materia de derechos humanos. Ello no significa que haya que renunciar a denunciar con vigor su violación; pero sobre todo significa que las democracias liberales deben aspirar a mantener un alto grado de cohesión ante el ascenso de este gigante autoritario. La salida del escenario de Trump y de sus erráticos excesos ofrece una oportunidad para que la UE y EE UU puedan realinear su estrategia frente a Pekín, estrechando además filas con otros socios relevantes como Japón.