¿Se pueden evitar las crisis bancarias?

Está claro que a nadie le gustan las crisis bancarias, especialmente cuando es el contribuyente el que paga la factura directa (además de la indirecta en términos de recesión y desempleo). Lo que no está claro es cómo podemos evitar dichas crisis. Recordemos, por ejemplo, la crisis bancaria en España entre 2008 y 2012, originada por la sobreexposición de buena parte del sector bancario al inmobiliario, que había crecido exageradamente gracias justo a la financiación de los bancos. Desde un punto de vista político, combatir la burbuja inmobiliaria no era popular, ya que estaba suponiendo un crecimiento económico vigoroso, más empleo y mayores ingresos públicos. Los bancos tampoco retiraron la música ya que, en algunos casos, su gobernanza era inadecuada y, en todos los casos, el sistema de incentivos para el personal directivo y los empleados de los bancos facilitó una asunción excesiva de riesgos. ¿Cómo podemos evitar ahora una nueva crisis bancaria? La respuesta pasa por favorecer una gestión prudente y eficiente, evitando la adopción de medidas que pueden generar pérdidas voluminosas en los bancos. ¿Qué significa esto?

Primero, deben permanecer los apoyos públicos a los sectores que siguen prácticamente cerrados por la pandemia. Por supuesto, eso exige un esfuerzo fiscal considerable, pero si las autoridades traspasan esa responsabilidad a los bancos, lo que estaremos haciendo es ir sembrando las semillas de una nueva crisis bancaria.

Segundo, los bancos deben provisionar el deterioro de sus activos. Las autoridades supervisoras han flexibilizado, con buen criterio, las reglas para el reconocimiento de dicho deterioro porque pensaron que la pandemia iba a suponer una fuerte recesión en 2020, pero una vigorosa recuperación en 2021. La realidad no parece ir por esa vía, así que habría que aumentar las provisiones ya (al estilo estadounidense).

Tercero, los procesos de recuperación de deudas deben estar bien engrasados y, así, minimizar las pérdidas que supone a la banca el impago de préstamos. Todo lo que suponga obstaculizar esos procesos de recuperación aumentará las pérdidas de los bancos. ¿A qué obstáculos me refiero? Pues a la aprobación de normas que dificulten la recuperación de esas deudas, por ejemplo, moratorias en los desahucios de prestatarios que no pueden pagar sus deudas; al funcionamiento lento e ineficiente de los órganos judiciales que gestionan la ejecución de las garantías de dichos préstamos; a la estigmatización de operadores nacionales y extranjeros que han sido estos años parte activa de la demanda del mercado secundario de dichos activos, ya que, sin esa demanda, los precios de mercado serán menores, etcétera. Dicho de otra forma, no podemos olvidar un principio básico: las deudas hay que pagarlas. Si esto se olvida, llegaremos a las tasas de morosidad bancaria que han alcanzado recientemente algunos países europeos, entre el 40% y el 60%. Esos bancos dejan de cumplir su función de intermediación financiera, lo que redunda en un menor crecimiento económico y un mayor desempleo.

Cuarto, los bancos tienen que reducir costes como una de las formas de recuperar rentabilidad. Si ponemos obstáculos a esos procesos, estaremos impidiendo que los bancos alcancen una rentabilidad adecuada, algo básico para captar capital o generarlo internamente. Y recordemos que los bancos españoles están entre los menos capitalizados de la Unión Bancaria. Algunos analistas dirán que también se puede recuperar la rentabilidad por la vía de los ingresos, gracias, especialmente, al progreso tecnológico que está viviendo el sector. De acuerdo, la digitalización puede aumentar los ingresos de las entidades, pero a medio y largo plazo, y siempre que se encuentre un equilibrio entre las normas de protección de datos y las enormes posibilidades de gestión de la información que abren estas innovaciones.

Quinto, los Gobiernos intentan, en ocasiones, trasladar la responsabilidad de la realización de funciones públicas a los bancos. Si un deudor hipotecario no paga, ¿quién debe proporcionar la solución habitacional? Claramente, el sector público mediante transferencias aprobadas en los presupuestos del Estado, comunidades y ayuntamientos. Si un banco no puede recuperar el dinero asistiremos a transferencias implícitas a favor de clientes que no pueden devolver sus préstamos y en contra del resto. Este razonamiento puede extenderse a la solución de la exclusión financiera en zonas rurales o, en general, de la posible exclusión de clientes no rentables.

Resumiendo, vivimos en una economía social de mercado (consagrada en los tratados europeos y en nuestra Constitución) en el que las empresas obtienen beneficios para invertir, generar empleo y remunerar a sus accionistas. El sector público también tiene un papel muy relevante en la economía y debe ejercitarlo con transparencia y eficiencia, por ejemplo, aprobando medidas fiscales anticíclicas en crisis y promoviendo soluciones habitacionales en ejecuciones hipotecarias. La gestión de la crisis actual debe apoyarse en ese reparto de responsabilidades y no en desvirtuarlo. Corresponde al sector público el esfuerzo de sostenimiento de la economía y de los más afectados por la crisis. Y corresponde a la banca y, en general, al sector privado actuar con responsabilidad y eficiencia.

Antonio Carrascosa es exdirector general del FROB.