Turquía: otro paso atrás
El régimen de Erdogan refuerza su veta autoritaria con una ley para controlar a la sociedad civil
De nuevo suenan las alarmas sobre otro retroceso, uno más, de las libertades públicas en Turquía. Esta vez por una ley que interfiere en las actividades de las ONG, hasta el punto de prever la sustitución de sus dirigentes, la intervención de cuentas o incluso la cancelación de sus actividades, con la hipócrita excusa de equiparar la legislación turca a los estándares internacionales contra el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Consejo de Europa ha expresado su preocupación por esta iniciativa que pretende controlar e incluso terminar con las asociaciones de la sociedad civil turca que se dedican a la vigilancia y promoción de los derechos humanos y al auxilio a los detenidos y a las víctimas de los abusos de las autoridades. Esta legislación, aprobada por el Parlamento de mayoría islamista, se suma a las crecientes limitaciones a la libertad de expresión, al pluralismo político y a la independencia de los jueces que caracterizan al régimen de Recep Tayyip Erdogan desde el fracasado golpe de Estado de julio de 2016.
Idéntico endurecimiento autoritario están experimentando países como Rusia, China o India, donde el control de las ONG constituye un eslabón fundamental para ocultar las crecientes vulneraciones de los derechos humanos. El caso de Erdogan es especialmente preocupante, por cuanto este país, bajo su liderazgo, ha mantenido sobre el papel y luego ha ido incumpliendo sus compromisos como firmante de las convenciones europeas e internacionales de derechos humanos.
El último incumplimiento ha sido la negativa a obedecer la orden de liberación inmediata de Selahattin Demirtas emitida por la Corte Europea de Derechos Humanos. Demirtas se halla en prisión preventiva desde hace cuatro años a la espera de un juicio en el que se le piden 142 años de prisión por terrorismo como dirigente de una organización hasta ahora legal, el Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP), que cuenta con millares de sus militantes y exdiputados en las cárceles y se arriesga ahora a su ilegalización con la ley contra las ONG.
