Datos europeos

El impulso a la digitalización es una de las apuestas estratégicas esenciales de la nueva Comisión Europea. Trata de recuperar el tiempo perdido durante demasiados años de inhibición y de una malentendida austeridad que ha dejado a la región muy rezagada de las transformaciones que se están operando de la mano de esas tecnologías. El valor de los datos es una de las más importantes. Constituyen la materia prima esencial no solo de la actividad empresarial, sino de la mejora de servicios públicos, desde la medicina hasta la calidad de la vida en las ciudades o la lucha contra el cambio climático. Mientras Europa gestionaba de forma cuestionable la crisis financiera anterior, EE UU y China avanzaban en sus posiciones de dominio de esas tecnologías. En inteligencia artificial y en analítica de datos son hoy las grandes empresas estadounidenses las que mantienen un liderazgo absoluto y con un poder de mercado excesivo. Aunque tarde, hacen bien las autoridades europeas en procurar que los datos de los ciudadanos europeos, su almacenamiento, la utilización o su intercambio no queden exclusivamente bajo el control de empresas no europeas. En mayor medida cuando la experiencia muestra que es un terreno que tampoco escapa a las guerras comerciales o tecnológicas entre países. Bajo esas pretensiones genéricas, de oxigenación competitiva, pero también de reducción de la dependencia de empresas extranjeras que además procuran minimizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en Europa, la Comisión ha lanzado una nueva legislación tendente a la creación de un mercado único de los datos.

Más allá de la necesidad de conseguir una mayor distribución de los multimillonarios ingresos generados en la industria, pero concentrados fundamentalmente en las grandes empresas estadounidenses, en esa nueva legislación se propone la creación de intermediarios que garanticen su neutralidad y transparencia en la gestión y que impidan la venta de datos personales o empresariales sin conocimiento del titular de los mismos. Una actividad que tendrá que estar meridianamente diferenciada de la que llevan a cabo los demás operadores, ya sean procesadores o almacenadores. Todo ello con el fin de garantizar la protección y el control de los ciudadanos y de las empresas de sus datos, además de que su utilización se ajustara a los valores y derechos europeos.

Las inversiones necesarias en infraestructuras, en la potenciación de nubes europeas y en conocimiento pueden conseguir que ese propósito de juego limpio y respeto a los derechos esté acompañado de la necesaria capacidad competitiva de las empresas europeas. El encaje con esa transición digital amparada en el fondo NextGeneration debería ser una razón adicional para conseguir esos muy razonables propósitos de la Comisión.