Las empresas ante la nueva ola verde y digital

Los proyectos del programa de la Unión Europea Next Generation EU asientan el bienestar de los ciudadanos sobre tres pilares, productividad, digitalización y sostenibilidad social y medioambiental, en cuya construcción las empresas tienen una gran responsabilidad a través de decisiones de producción, venta y reparto de salarios y beneficios. Conocer mejor el punto de partida del tejido empresarial español ante este impulso transformador aumentará las posibilidades de éxito.

La pandemia de la covid-19 y el programa Next Generation EU, que surge en reacción a la misma, se solapan temporalmente con un movimiento empresarial, académico y político que reclama unas decisiones empresariales sustentadas en un equilibrio entre, al menos, beneficio privado y reconocimiento de los efectos externos de las decisiones sobre el conjunto de la sociedad (Business Roundtable de EE UU, Foro de Davos, British Academy…). Una de las corrientes principales de este movimiento insta a las empresas a comprometerse con un propósito donde se refleje su responsabilidad con la sociedad (contribución a bienes públicos colectivos de salud, educación, naturaleza, equidad, eliminación de pobreza, cultivo de la vida en comunidad). Cada empresa elige su propósito de acuerdo con las características de su negocio o las preferencias de sus propietarios, pero desde el interés general resulta pertinente preguntarse si, en España, ante el reto transformador que plantea el programa Next Generation EU, existe algún propósito de carácter transversal que sirviera de guía para dicha transformación.

El programa Next Generation reconoce la diversidad de puntos de partida entre países en el camino hacia una UE más próspera, inclusiva y sostenible. Los esfuerzos colectivos, y el efecto potenciador de los mismos que pueda tener el propósito compartido, requieren reconocer esa diversidad y adaptarse a las singularidades de cada país. En particular, un dato a tener muy en cuenta es que los países del centro y norte de Europa aventajan holgadamente a los del sur, incluida España, en productividad, digitalización, desigualdad y descarbonización de la economía. Por ejemplo, el PIB por hora trabajada (productividad) de países como Alemania, Suecia o Dinamarca está entre un 25% y un 30% por encima del de España, y sin convergencia apreciable en los últimos 20 años. El Índice Trilema 2020, sobre la sostenibilidad energética en el mundo, coloca a España en el lugar 15 de un ranking donde los primeros lugares corresponden nuevamente a países del centro y norte de Europa.

La convergencia dentro de la UE es un objetivo en sí mismo, para cuya consecución, además de conocer la distancia por recorrer, será necesario el diagnóstico sobre las razones de las diferencias de partida. Una información especialmente relevante en este sentido, teniendo en cuenta el protagonismo de la digitalización en el programa transformador de la UE, es la conclusión de un estudio publicado en la Revista de la Asociación Europea de Economía (octubre 2020) que atribuye la divergencia en productividad, entre norte y sur, a que las empresas del norte y centro de Europa han aprovechado mucho mejor que las empresas del sur las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la mejora de su productividad; siendo razón fundamental que las empresas del norte acompañaran la inversión en capital TIC con formas de organización del trabajo y de dirección de personas adaptadas a las peculiaridades del nuevo capital tecnológico, mientras que las empresas del sur intentaron obtener partido de las nuevas tecnologías sin cambiar la vieja organización. En términos cuantitativos, la falta de encaje entre organización y tecnología explica, según el estudio, el 47% de la divergencia en productividad de España con Alemania entre 1995 y 2008.

La investigación corrobora, con un análisis macroeconómico, evidencias repetidas en estudios micro que ponen de manifiesto la complementariedad entre tecnología y organización, y cómo la necesidad de adaptarse mutuamente es condición necesaria para que la tecnología produzca las esperadas ganancias de productividad. En un momento en el que se quiere apostar por una nueva ola verde y digitalizadora es necesario preguntarse si la organización dominante en las empresas españolas está preparada para aprovechar el mencionado cambio tecnológico; y la perspectiva no es muy favorable. La Encuesta Empresarial Europea (ECS) para el año 2019, con información armonizada sobre prácticas de organización del trabajo, de gestión de personas y de participación de los trabajadores, confirma la comparativamente baja dotación de “capital organizacional” (aplanamiento de la jerarquía, autonomía de los equipos de trabajo, formación específica, voz de los trabajadores en la organización general del trabajo, compromiso y confianza mutua) de las empresas españolas y del sur de Europa en general, en comparación con las empresas del norte y centro. La dotación de capital organizacional, a su vez, correlaciona positivamente, según la Encuesta, con buenos resultados empresariales y con más satisfacción de los trabajadores, así como con intensidad digital, innovación y ventaja competitiva en el valor de los productos y servicios.

El capital organizacional apenas se menciona en los debates colectivos en España, a pesar de su demostrada relevancia para hacer realidad los objetivos de productividad y prosperidad que promete el proyecto transformador de la UE. Aumentar el capital organizacional es una prioridad para la economía española y desde esa convicción se deben aprovechar todos los mecanismos que ayuden a conseguir el objetivo. El movimiento a favor del propósito empresarial puede ser una de las palancas para aumentar el capital organizacional en la medida en que, en la elección del propósito, las empresas valoran la rentabilidad social, no solo la privada, de la elección.

El capital organizacional focaliza la atención en los mercados internos de trabajo en lugar de los externos, que suelen ser el foco de atención principal de la llamadas reformas estructurales en general, y del mercado de trabajo en particular. También sirve de enlace entre las prácticas de gestión de personas y de organización del trabajo, con la gobernanza y propiedad de la empresa. El propósito lleva a que las empresas reconozcan los efectos externos de las decisiones ordinarias de gestión y adopten una o varias de estas externalidades como elemento esencial de su modelo de negocio, al mismo nivel que los resultados financieros. El propósito es incompatible con el cortoplacismo en las decisiones de gestión y por ello debe reforzarse con formas de propiedad y gobierno que sostengan visiones de largo plazo. El propósito obliga, dentro de la atención a las externalidades, a valorar las consecuencias de las decisiones para todos los grupos de interés, por lo cual los órganos de gobierno de la empresa actúan como “fidecomisos”, con la misión de proteger el valor de todos los activos de la empresa, tangibles e intangibles, en lugar de como “agentes” de la propiedad del capital. El propósito, en suma, crea la confianza necesaria para construir las relaciones, muchas veces informales y basadas en promesas y acuerdos implícitos, que facilitan la colaboración dentro de la empresa, bajo fórmulas organizativas más descentralizadas y participativas entre personas formadas y comprometidas.

Objetivos nacionales concertados entre los sectores público y privado, alrededor de propósitos compartidos, mejorarán la eficacia de los recursos movilizados a través del programa Next Generation EU. El propósito dará credibilidad al compromiso de la empresa con la sociedad y alineará intereses particulares y sociales, lo que seguro pesará entre las autoridades públicas al priorizar unos proyectos/empresas sobre otros.

Diego López Garrido es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Francisco Ros es ingeniero de telecomunicación, Vicente Salas es profesor en la Universidad de Zaragoza e Ignacio Santillana es economista.