Cienfuegos y el velo de sospecha sobre el Ejército

Desde su creación en 1913, tras el golpe de Estado y el magnicidio perpetrado por Victoriano Huerta en contra de Madero, el Ejército mexicano, a diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos, ha gozado de altos índices de aprobación derivados de su institucionalidad, trayectoria, lealtad, doctrina y apego de antaño. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2019, más del 70% de la población identifica a las Fuerzas Armadas entre las instituciones que mayor confianza inspiran, solo por debajo de la familia, las primarias y las universidades públicas. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del mismo año, el 90% considera a la Marina como la autoridad mejor calificada en el ámbito de seguridad y la justicia; seguida del Ejército con 87%, además de ser percibidas como las instituciones con menores niveles de corrupción.

La reciente detención del exgeneral y secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, no es un acto menor, es inédito e impacta en el pasado, el presente y el futuro de la institución militar. Afecta también la actual estrategia de seguridad y la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente la cooperación en materia de seguridad. Muchos celebran el arresto, mencionando que al haber sido responsable de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) bajo el mandato del presidente Peña Nieto, forma parte del pasado corrupto que el actual Gobierno presume cambiar. Sin embargo, al ser una institución transexenal, con carrera y permanencia de sus elementos –independientemente del partido en el poder– las implicaciones son muy diferentes de lo que significaría la aprehensión del titular de cualquier otra dependencia. Los miembros del Ejército que estuvieron bajo las órdenes de Cienfuegos son los mismos de ayer, los de hoy y los de mañana, de ahí la gravedad del asunto. Por supuesto que la gran mayoría de los elementos del Ejército son valiosos, honestos, comprometidos, de carrera, con identidad, pertenencia y valores a la institución, pero esta grave acusación a quien fungió como el Alto Mando vulnera y cimbra la institución.

En términos de la relación bilateral, llama la atención que la primera noticia que el Gobierno mexicano reconoce sobre la búsqueda y acusaciones en contra del general haya sido al momento de la detención. Es un golpe duro al Ejército, uno que viene de una fuerza externa, reconfigura parámetros importantes en la relación México-Estados Unidos y, en caso de que haya sido sin el conocimiento de las autoridades de este lado de la frontera, deteriora la confianza que por años se trató de construir entre los funcionarios de seguridad de ambos países, incluso impactando la seguridad nacional del Estado mexicano.

En el contexto actual, la estrategia de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, basada principalmente en el Ejército, también se ve afectada. A la SEDENA se le ha encargado de todo. Desde la seguridad pública hasta tareas de reforestación, construcción de obra pública, distribución de insumos, aduanas y contención de la migración, entre otras. En contraste, a pesar de la creciente participación en funciones de seguridad pública que tuvo la Marina en la última década y la aceptación que guarda para las autoridades norteamericanas, la presente administración la ha acotado frente al Ejército y quizá esto se reconfigure tras este golpe.

Desde hace 14 años, la estrategia de contención contra la delincuencia organizada ha contado con una relevante participación de las Fuerzas Armadas, sabiéndose que en el mediano y largo plazo se generaría un desgaste, pues su misión y formación tienen un enfoque muy distinto al de la Seguridad Pública. Algunos de los interrogantes que se han planteado en torno a esto, son: ¿Qué pasaría el día en que el Ejército y la Armada fueran contaminados por las circunstancias, cuando el prestigio se deteriorara y estos pilares de la institucionalidad se vieran afectados? ¿A qué o a quién se recurriría entonces? ¿Qué vendría después? Tal vez ese momento ha llegado.

Eunice Rendón es doctora en Políticas Públicas por la universidad Sciences-Po de París y experta en Seguridad y Migración.