Táctica temeraria

La batalla política que libra el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de la pandemia se ha convertido en una resistencia numantina a aplicar las directrices emanadas del Consejo Interterritorial de Salud celebrado el miércoles. En esa reunión se acordó implementar medidas de confinamiento perimetral, restricciones a la movilidad y reducción de horarios y aforos en las ciudades de más de 100.000 habitantes que cumplan estos tres criterios: una incidencia de más de 500 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 14 días; más de un 10% de positivos en las pruebas PCR, y que los pacientes de covid-19 ocupen más del 35% de las UCI. Son criterios razonables que rigen para toda España, pero Madrid ha decidido convertirlos en otro motivo de confrontación. Tras un amago de rebeldía, la presidenta Díaz Ayuso dijo ayer que las acataría, pero al mismo tiempo anunció que las impugnará ante la justicia, lo que no deja de ser una posición obstruccionista. En una situación de emergencia, poner obstáculos a la lucha contra la pandemia resulta una actitud irresponsable y temeraria que va contra el consenso científico y los principios éticos del buen gobierno.

Restricciones más duras se han aplicado en otros lugares de España y Europa con datos epidemiológicos más favorables. Que las 10 ciudades españolas con esas condiciones pertenezcan a la Comunidad de Madrid no revela ningún afán de persecución política, sino la pésima gestión de sus autoridades, que no han actuado con la suficiente contundencia. Vista la dificultad de gestionar por la vía de la cooperación una situación tan peligrosa, resultaba imperativo adoptar criterios de actuación con carácter general, y si algo hay que reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez es que no lo haya hecho antes. También el no haber preparado mejor la desescalada teniendo en cuenta el contexto de confrontación política.

Díaz Ayuso intentó primero endosar al Gobierno de Sánchez la culpa de los rebrotes, con acusaciones sobre un supuesto abandono, y ahora que este toma la iniciativa, lo considera una injerencia. Resulta extravagante que siendo Madrid la región más afectada por la pandemia en Europa, su Ejecutivo dedique sus energías a una batalla jurídica que desgasta las instituciones. El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, llamó ayer a reducir la confrontación y elevar la cooperación institucional ante una Díaz Ayuso que, en cambio, lleva el pulso político demasiado lejos. Más lejos que otras comunidades lideradas por el PP, que no han recurrido ante la justicia las nuevas medidas. Y más lejos incluso de lo que lo llevó en su momento Cataluña, cuyo Gobierno también utilizó la pandemia en su estrategia de confrontación con el Estado, pero que, cuando la situación empeoró, optó por la racionalidad con medidas drásticas.

En esta segunda ola, las autoridades ya no deciden sobre el vacío: hay experiencia y consensos científicos en los que apoyarse. Sorprende que el Gobierno de Madrid anteponga prioridades partidistas a directrices de salud pública con amplio consenso científico. No aplicarlas significa darle oportunidades al virus para transmitirse, lo que supone más contagios, más ingresos hospitalarios y más muertes. Recurrir ante los tribunales para “defender los intereses legítimos de los madrileños” resulta falaz si lo que está en juego es la aplicación de medidas para proteger la salud de los ciudadanos.