Sin demora

Apenas cuatro días después de la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el compromiso de coordinación en la lucha contra la pandemia ha saltado por los aires y los votos de cooperación anunciados por parte de la presidenta con solemnidad y profusión de banderas han quedado, como muchos temían, en papel mojado. La ciudadanía asiste atónita a una especie de insumisión del Gobierno autonómico en la que Díaz Ayuso ha decidido ignorar las recomendaciones que tanto los responsables del ministerio de Sanidad como expertos sanitarios independientes consideran imprescindibles para frenar la escalada de contagios. Se trata de una situación inconcebible, que tiene como rehenes a los propios ciudadanos, pues ellos son las principales víctimas de una incomprensible batalla política.

Tras el estado de alarma, las autoridades sanitarias de Madrid relajaron las medidas y facilitaron una desescalada muy permisiva sin tener preparado el dispositivo de rastreadores necesario para el control de los nuevos contagios y el seguimiento de los contactos. Y no solo no reforzaron la asistencia primaria sino que prescindieron de muchos de los profesionales que habían contratado durante la fase aguda de la primera oleada. El resultado es que la epidemia avanza ahora sin control y el número de hospitalizaciones crece cada día, poniendo de nuevo en riesgo la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

El Ministerio de Sanidad estima que deben aplicarse medidas de confinamiento en la ciudad de Madrid y todos aquellos municipios o áreas que superen los 500 nuevos contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La Comunidad implementa restricciones solo a partir de los 1.000 casos. El Gobierno de Pedro Sánchez también recomienda aplicar una batería de medidas destinadas a reducir los contactos, entre ellas que no se pueda servir en las barras de los bares o limitar el aforo de las terrazas al 50%. En lugar de eso, el Ejecutivo de Díaz Ayuso se ha limitado a ampliar las restricciones ya decretadas en 37 áreas sanitarias a ocho más, todas ellas con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, pero con tantas excepciones que no van a resultar eficaces.

Tratándose de la comunidad con los peores datos de Europa, resistirse a aplicar las medidas que los expertos recomiendan es de una temeridad que puede tocar los límites del ilícito penal. Ni siquiera las advertencias que llegan de Bruselas han hecho mella en una gestión plagada de errores a la que debe ponerse fin de inmediato. El Gobierno debe respetar las competencias de las autonomías, pero no a costa de la salud de los ciudadanos. Si esta está en peligro, resulta imprescindible recurrir a las fórmulas de intervención que la legalidad permita. De lo contrario, será corresponsable de las consecuencias. El retraso en tomar iniciativas más estrictas en toda la comunidad aumentará el número de víctimas y aunque las consecuencias del actual desgobierno puedan tener sanción política en algún momento, los daños serán ya irreparables. Lo peor de una situación como esta es estar en manos de responsables políticos que ni siquiera son capaces de reconocer sus errores. Esta insólita situación debilita las estructuras públicas en lucha contra la pandemia y desvía energías muy necesarias hacia una batalla política tan estéril como dañina.