Patético ‘putsch’

A los acontecimientos políticos ocurridos en el Perú en la última semana les viene como anillo al dedo lo que dijo Marx a propósito del “putsch” de Luis Napoleón Bonaparte -Napoleón III, luego- en 1851: “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”.

En una vorágine de episodios concatenados, alimentados por unos audios de conversaciones poco felices del presidente Martín Vizcarra, se puso en marcha la semana pasada un intento –frustrado- de derrocamiento inconstitucional del presidente. Utilizando, eso sí, el ropaje de una norma de la Constitución -la “incapacidad moral permanente”- como alegada causal.

En un sistema presidencialista -como el peruano-, hacer malabares a partir de esa norma que lleva a valoraciones subjetivas y pretender usarla como ariete para inventar una causal “objetiva” de destitución está fuera del marco constitucional. Sobre los audios correspondería, en todo caso, al ministerio público investigar y determinar si hay o no hechos delictivos. Si los hubiere correspondería un proceso, pero luego de concluir en pocos meses su mandato, como lo establece la Constitución.

Lo claro es que se concatenaron, atropelladamente, acciones para destituir al presidente utilizando como pretexto esos audios, de los que no fluye necesariamente algo delictivo. Y en plena pandemia, con la economía en colapso y cuando ya están convocadas para abril del 2021 las siguientes elecciones presidenciales.

¿Quién reemplazaría a Vizcarra de ser destituido? El presidente del Congreso, Manuel Merino, instalando un autodenominado “gobierno de transición”, copiando el nombre del exitoso y fundamental gobierno de transición democrática –ese sí- que presidió el 2000-2001 Valentín Paniagua luego del colapso de la autocracia de Fujimori. Se especula que ahora se apuntaba, más bien, a otra “transición”: postergar las elecciones con el pretexto de la pandemia. Todo eso, por cierto, contra el 80% del sentimiento nacional que respalda la estabilidad de Vizcarra ante las movidas golpistas.

No funcionó. Tres piezas convergieron en el montaje de esta “miserable farsa”, conjurada institucionalmente a medida que se fueron conociendo los entretelones.

Primero, la búsqueda de impunidad frente a investigaciones de corrupción. Gatillado todo por un congresista en busca de su propia impunidad que fue quien publicó la semana pasada los audios de Vizcarra. Edgar Alarcón, ex Contralor General (destituido por corrupción) y actualmente nada menos que presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso; aunque parezca broma de mal gusto, el “gato de despensero”. Tiene que comparecer ante la justicia por graves delitos de corrupción. La fiscalía ha pedido, desde inicios de julio, 17 años de prisión para el multifacético congresista. “Cortina de humo”, que le llaman…

Segundo, el presidente del Congreso, Manuel Merino. Le dio a Alarcón camino para prescindir raudamente de los procedimientos reglamentarios. Pasando a una inmediata e histriónica presentación de los audios en la plenaria del Congreso y se convocara, de inmediato, a sesión para destituir al presidente de la república. Pasos acelerados que incluyeron llamadas telefónicas del propio Merino a los altos mandos militares. Éstos, correctamente, revelaron al gobierno las gestiones conspirativas en marcha de Merino.

Tercero, intrigas y ambiciones de personas en la secretaría de palacio de gobierno. Fue uno de esos personajes quien hizo las grabaciones –¡oh, casualidad! - desde inicios de julio, cuando Alarcón ya estaba siendo acusado por la fiscalía. La médula de esto: juegos palaciegos, intrigas menudas de poder y lo ocurrido en torno a un oscuro y anecdótico personaje –Richard “Swing”- al que le dieron, como hombre del espectáculo, varios contratos irregulares en el ministerio de cultura.

No son las únicas piezas que movieron las cosas en el Congreso en esta "miserable farsa; pero sí las más notorias. Convergieron en estos movimientos varios componentes.

Desde el movimiento político UPP, que dirige desde la cárcel el condenado Antauro Humala (hermano del ex presidente Ollanta Humala), hasta el movimiento político Podemos, “propiedad” de cuestionados propietarios de universidades privadas, con fines de “mucho lucro”, clausuradas en riguroso proceso por no cumplir estándares mínimos de calidad. Ambos grupos con presencia en el Congreso.

Fuera del Congreso algunos analistas han sindicado a intereses de la extrema derecha política y empresarial, agrupados en una autodenominada “coordinadora republicana”. No hay elementos suficientes para concluir que fueron parte activa de la conspiración, pero, en todo caso, sí entusiastas consortes de un proceso para sacar de la escena cualquier vestigio de reforma política y, en especial, de continuidad de los procesos contra la corrupción.

La conspiración golpista, pues, abortó. Mientras, va quedando claro que no habría mayoría en el Congreso para apoyar la destitución de Vizcarra. Es interesante que la salida de la crisis no haya sido violenta sino por cauces políticos, institucionales y constitucionales. El gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional que admitió hoy jueves la “demanda competencial” presentada; el tribunal podrá acotar a afinar para adelante lo de la llamada “incapacidad moral permanente”.