Suspenso

El Gobierno no logró ayer sacar adelante el decreto ley sobre los remanentes de los Ayuntamientos. Su derrota tiene lugar, además, en un momento en que las Administraciones locales esperaban no tener que enfrentarse a la crisis económica amarrados por el bozal de la austeridad a la que los condenó la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Partido Popular aprobó en 2012. Solo los partidos del Ejecutivo de coalición y Teruel Existe votaron a favor. Los demás votaron en contra. No hubo ninguna abstención.

La iniciativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 4 de agosto, pero llegó allí ya tocada: la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la avaló a duras penas, solo gracias al voto de calidad de su presidente, Abel Caballero, alcalde de Vigo con el PSOE. Al Gobierno le tocaba, por tanto, hilar fino antes de que el decreto llegara al Congreso, y buscar la manera de ir limando las suspicacias que su proyecto despertaba en alcaldes de los colores políticos más distintos. A la propuesta de Montero le asistía desde el principio una poderosa razón: no tenía sentido alguno que en una situación económica tan delicada como la actual los Ayuntamientos no pudieran disponer de parte de ese importante superávit que muchos habían alcanzado tras ajustar cada gasto. Era imprescindible desatascar esos recursos para que ayudaran a sostener la recuperación tras el azote de la pandemia.

Con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en la retaguardia, que bloquea esos fondos —aunque su promotor, Cristóbal Montoro, afirma que en situaciones excepcionales se permite liberarlos—, el plan del Gobierno era tomar prestados 14.000 millones de los remanentes de los Ayuntamientos, que devolvería en un plazo de 10 a 15 años, e inyectarles a cambio 5.000 millones entre 2020 y 2021. Desde el primer momento saltaron las alarmas. Hubo quienes rechazaron que ese dinero solo llegara a los municipios que habían conseguido algún superávit, y quienes apuntaron a que el reparto se hiciera por criterios de población y no por el monto de los ahorros acumulados. Los argumentos, de todo tipo, fueron acumulándose. A última hora el Gobierno propuso que 3.000 de los 5.000 millones se repartieran entre todos y que los otros 2.000 fueran a los que cedían sus remanentes. Convencieron a los comunes de Ada Colau, lo que al menos impidió que el desaguisado fuera mayor, y que un socio de uno de los partidos del Gobierno votara también en contra.

Si las negociaciones con los municipios han sido un banco de pruebas para otras que el Gobierno tendrá que realizar en las próximas semanas —las de los Presupuestos—, hay algo que chirría. Y de nuevo el PP es también responsable de haber utilizado un tema como este, que podía haber aliviado las cuentas tanto del Estado como de los municipios, en favor de sus intereses de oposición a toda costa, sin proponer una alternativa mejor a la del Gobierno.

Por grandes que sean sus necesidades económicas, lo que los municipios han dicho es que el Gobierno tiene que contar con ellos para consensuar su financiación. Y por mucho que entienda que su iniciativa es la más consistente, la ministra Montero no tiene otra que intentar convencer, y pactar donde tenga que pactar. El recorrido de este decreto ley ha terminado en un suspenso en toda regla.