Burla a la ley

Las dos páginas del sucinto auto que el juez Manuel García-Castellón hizo público el lunes asestan un severo golpe al Partido Popular. Una vez levantado el secreto de sumario de la Operación Kitchen, el escrito señala que hubo responsables de la Administración superior del Estado en la época en la que gobernaba Mariano Rajoy que presuntamente pusieron en marcha un “operativo parapolicial” con el objetivo de obtener información del extesorero de la fuerza conservadora, Luis Bárcenas, que pudiera comprometer a altos dirigentes del partido. El objetivo: que no llegara al juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba entonces la caja b del PP.

La Fiscalía Anticorrupción pidió unos días antes la imputación de los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal —y del marido de esta, el empresario Ignacio López de Hierro— en este turbio asunto que forma parte de una de las 25 líneas de investigación abiertas en el caso Villarejo. La detención de este personaje en noviembre de 2017 ha permitido sacar a la luz la existencia de una extensa red de espionaje que patrocinó desde su posición de poder dentro de las estructuras del Estado con el fin de extorsionar a empresarios, políticos, periodistas y altos funcionarios. El paso dado tras conocerse lo que esconde la Operación Kitchen apunta a la posibilidad de que el exministro del Interior y la entonces secretaria general del PP se hayan servido de los recursos de Villarejo para atender a un fin estrictamente partidista: proteger a cargos relevantes del PP boicoteando una investigación judicial de financiación irregular.

A la justicia le toca ahora hacer su trabajo. La presunción de inocencia está por delante de cualquier conclusión precipitada sobre un caso que está encharcado por la basura de las actividades de una mafia policial que se movió a sus anchas durante años en el corazón de la Administración. Fue a los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño a quienes se les encargó iniciar esa investigación irregular en el entorno de Luis Bárcenas que fue pagada, además, con fondos reservados. Anticorrupción ha dado más detalles del engranaje puesto en marcha, como las pesquisas hechas por el chófer de Bárcenas o los mensajes telefónicos incautados al entonces secretario de Estado de Seguridad y número dos en Interior, Francisco Martínez. La información aportada por este puede ser esencial en el caso, pues apunta a que el entonces ministro de Interior estaba al tanto de lo que se hacía. Tienen otra relevancia, más política, las observaciones que hizo cuando se sintió abandonado por su partido y afirma que fue utilizado: “Lo que quise es ser leal y eficaz”, una manera de entender la política que da por sentado que para conseguir esos objetivos se puede actuar al margen de la ley.

Detrás de la Operación Kitchen asoma la financiación irregular del Partido Popular. La posibilidad de haber utilizado las cloacas del Estado para obstruir una investigación judicial que podía perjudicar a algunos de sus miembros no es un detalle menor en esa trama que sigue pasándole factura a la formación conservadora y que coloca a su actual líder, Pablo Casado, en la tesitura de tener que depurar responsabilidades para erradicar del partido unos graves comportamientos que no tienen pase en una democracia.