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Columna
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Códigos precolombinos

No se trata de recuperar el lazo al cuello de los nahuas, ni de emplumar con penachos verdes a las autoridades ladronas, sino de pellizcar la conciencia nacional y edificar valores ciudadanos

Juan Jesús Aznárez
Sede del conglomerado Odebrecht, en Brasil.
Sede del conglomerado Odebrecht, en Brasil. Sebastião Moreira (Efe)

Los castigos infligidos a los niños mexicas desobedientes incluían azotes con ortigas, punzadas con espinas de maguey, aspiraciones de chile quemado y sentadas, desnudos, sobre un hormiguero. La conducta de los jóvenes era supervisada por sus mayores y los compendios morales arremetían contra la corrupción, sancionada por el imperio azteca con penas muy duras, la muerte entre ellas. Los pueblos sometidos por la dictadura mesoamericana tenían que pagar tributos, contribuir con hombres a la guerra, y los recaudadores perdían la vida y las propiedades si les pillaban robando. Los escarmientos diezmaron la impunidad.

La vigilancia de los servidores públicos era estrecha, y la probidad de los nobles, sacerdotes y funcionarios, obligatoria antes de que llegaran la depredación de virreyes y encomenderos y los escándalos que hoy ensucian a los tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores y operadores políticos denunciados por el exdirector de Pemex imputado en el caso Odebrecht. En tiempos del emperador Ahuizotl hubieran sido rapados en la plaza principal y conducidos al patíbulo.

Mexicanos al tanto de la suerte corrida por los jueces venales precolombinos habrán fantaseado con el ajusticiamiento de sus continuadores criollos en la política, la magistratura y la administración, enfangados desde el virreinato de Antonio de Mendoza. La cadena de contratos amañados con la constructora brasileña consolida la clasificación de México como uno de los países más corruptos de la OCDE, según el índice de Transparencia Internacional, y arraiga el fatalismo de sus nacionales de apostar por la presunción de culpabilidad como garantía de acierto en las sentencias, y de considerar los derechos procesales un lujo incompatible con la compraventa de togas y el falseamiento de testimonios.

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La coalición gubernamental ha propuesto una comisión de la verdad, cuando lo que necesita México es una justicia que no la oculte. Excepto aquellas que descubrieron el horror de los cuartelazos latinoamericanos, la mayoría de esas comisiones fueron estratagemas para camuflar culpas y dañar al contrario. El Sistema Nacional Anticorrupción nació deslegitimado al haber sido promovido por un gobernante citado como corrupto, en sintonía con el jefe antisecuestros de Morelos que cobraba de los secuestradores.

No se trata de recuperar el lazo al cuello de los nahuas, emplumar con penachos verdes a las autoridades ladronas o educar traumatizando, sino de pellizcar la conciencia nacional y edificar valores ciudadanos. La democracia mexicana será acatada cuando adecente sus instituciones con servidores comprometidos con la decencia, fiando el futuro de la república al Estado de derecho, necesitado de guindillas y hormigas rojas para recuperar capacidades y crédito. Un electrochoque judicial en el caso Odebrecht sería reconfortante.

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