Paso en falso

El Gobierno del Reino Unido ha impuesto una cuarentena de 14 días a los viajeros británicos que regresen de España, inmediatamente antes de que el operador turístico angloalemán TUI decidiese cancelar sus rutas españolas hasta el 9 de agosto. Otros siete países europeos, como Francia, Noruega, Holanda, Bélgica, Alemania, Irlanda y Polonia están aplicando medidas restrictivas para protegerse de los rebrotes registrados en España. La situación para el turismo es agónica. El Gobierno negocia a la desesperada con Londres para que se mantengan corredores de seguridad con Baleares y Canarias y salvar así los restos del naufragio turístico de julio, que puede convertirse en un colapso total en agosto. Los números lo dicen casi todo: hasta este momento, las políticas de confinamiento y de restricción de tráfico, obligadas para hacer frente a la pandemia, han costado al turismo español unas pérdidas estimadas de unos 45.000 millones; el turismo británico, ahora suspendido en la práctica por la cuarentena de Johnson, aportó en 2019 casi 18.000 millones.

El próximo vendaval será otra oleada de cancelaciones de reservas. Es una pérdida de tiempo atribuir los males turísticos a la repentina decisión del gobierno de Boris Johnson, aunque resulte evidente su carácter de pantalla de humo para ocultar su inepta gestión de la pandemia en el Reino Unido o que se pueda argumentar que la medida resulta excesiva. El caso es que buena parte de las expectativas de recuperación turística se han hundido con la reacción de Londres y las recomendaciones de Francia o Alemania. Aunque el Gobierno español negocie con éxito mantener los flujos turísticos con los archipiélagos, los destinos españoles ya están marcados ante la opinión pública como inseguros y se abre la posibilidad de que otros países impongan cuarentenas.

Excusas aparte, la gestión de la pandemia no ha sido capaz de transmitir la seguridad sanitaria debida para tranquilizar a los gobiernos europeos y a los viajeros procedentes de esos países. La gravedad e intensidad de los rebrotes es evidente e invita a preguntarse si las comunidades autónomas, responsables directas hoy de controlar la pandemia, han invertido lo suficiente en rastreadores, atención primaria, medios y controles. Además, es lícito cuestionarse si el levantamiento del telón del mercado turístico no fue una decisión apresurada a la vista de las carencias sanitarias y las dificultades palmarias para mantener el control sobre la pandemia.

Tras este paso en falso, el Gobierno y las empresas turísticas se enfrentan a unas semanas críticas, en las que se juega no solamente la temporada de este año sino la solvencia y solidez del mercado turístico español para el próximo lustro. Por una parte, es necesario informar a los núcleos políticos y económicos relevantes de Europa sobre la situación de los rebrotes en España, la capacidad de control real de los mismos y las decisiones de inversión sanitaria adoptadas para garantizar un turismo sin virus. Por otra, tienen que coordinarse los controles epidemiológicos para evitar esa imagen de caos y desbarajuste que se percibe desde otros países. Porque la crisis de los rebrotes puede convertirse, si no hay negociación con las autonomías, en un embrollo político añadido. Ya se apuntan, de forma inmediata, conflictos interautonómicos por una supuesta discriminación del Gobierno en favor del turismo insular.