Compraventa de impunidad

Uno de los personajes de la película El huevo de la serpiente dice que cualquiera puede adivinar el futuro porque es como el huevo de reptil: su fina membrana permite distinguir al ofidio ya formado. En el clásico de Ingmar Bergman el desencanto, la hiperinflación y el antisemitismo de la Alemania de los años veinte anidaron el futuro nazi, que hubiera debido ser abortado antes de romper el cascarón. El embrión de la corrupción y la impunidad, que infecta la vida pública y privada de América Latina, causa fundamental del subdesarrollo, encontró acomodo en la endeblez de las fiscalías que maltratan los intereses de la sociedad cuando adulteran la investigación de los delitos y los criterios de la persecución penal.

No habrá futuro mientras las instituciones encargadas de controlar los conflictos generados por la criminalidad sean mayoritariamente percibidas como herramientas del poder Ejecutivo y cedan a las presiones de las élites y el hampa. La desconfianza de los latinoamericanos en los tribunales no es baladí: responde a la convicción de que actúan movidos por razones que nada tienen que ver con la probidad, la insuficiencia de personal o las sobrecargas procesales, y mucho con la corrupción, la politización y el clientelismo. Los juicios de relevancia mediática y jueces paradigmáticos, con gobernantes, altos funcionarios y mafias económicas en el banquillo, apenas pueden disimular la obsolescencia de arquitecturas judiciales ineficaces y abusivas con quien menos tiene.

La independencia es elemento clave en las fiscalías. Brasil es un vergel comparado con México, donde ninguno de los últimos cuatro presidentes implementó las reformas necesarias para que las víctimas de robos, secuestros y asesinatos sientan que se investiga y castiga. No hay un rediseño del sistema. Históricamente, el ministerio público ha sido herramienta de control político, arsenal contra el enemigo. La abogada Ana Laura Magaloni, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, identificó en este periódico un problema esencial de México: el 90-95% de los conflictos se inician en instancias locales de la Federación y solo quienes tienen tiempo y dinero para recurrir llegan hasta los tribunales federales que sentencian.

¿Qué futuro cabe imaginar en un país con el 99.3% de los delitos impunes? ¿Quién investiga en las fiscalías? No hay método, ni diligencias, ni la coordinada participación de los agentes del ministerio público en las pesquisas, discusiones y recursos del proceso; trasgreden obligaciones y moral cuando ignoran la instrucción, invierten la carga de la prueba, no interrogan a peritos e inculpados y se prestan a la compraventa de impunidad.

México perdió la percepción de que hay cosas inadmisibles, que se castigan (Magaloni). No hay jueces ni policías para tanto delito, ni vergüenza y sentido de Estado para cercenar las cabezas de la hidra con transformaciones estructurales que no admiten dilación, pero se postergan por la pequeñez de quienes piensan en la próxima elección en lugar de en las próximas generaciones.