Dictadura interminable

El pasado viernes, el dictador sirio Bachar el Asad cumplió 20 años en el poder con un legado en el que sus actos y los efectos de estos hablan por sí mimos. Siria se encuentra todavía sumida en la guerra civil más cruenta del siglo XXI, un conflicto en el que El Asad ha sido acusado por la comunidad internacional de emplear armas químicas y bombardear deliberadamente hospitales y escuelas en zonas insurgentes. En paralelo, la justicia alemana mantiene abierta una investigación por la muerte bajo tortura de más de 13.000 presos del régimen. La mitad de los 23 millones de habitantes del país se han visto obligados a abandonar sus hogares —casi 6 millones han abandonado Siria— y el 80% de la población vive por debajo del umbral de pobreza.

Se trata de un sangriento colofón para un régimen policial del que El Asad no es sino el continuador, puesto que heredó el cargo —un hecho inédito en la región— de manos de su padre, Hafez el Asad, quien a su vez llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1970. Así, la familia El Asad ha controlado con puño de hierro esta nación milenaria durante medio siglo. Bachar ha seguido fielmente la política de su padre: represiva en el interior e intervencionista en los países vecinos. Cualquier expectativa sobre su posible aperturismo —dada su juventud y formación en el extranjero— quedó definitivamente enterrada con su sangrienta respuesta a las protestas producidas en 2011 al abrigo de la primavera árabe. La guerra civil siria es una consecuencia directa de esta reacción.

Aunque en curso, El Asad es ya uno de los ganadores de una complicadísima guerra con multitud de actores. Lo es porque su régimen ha sobrevivido gracias al apoyo militar de Rusia e Irán y ha cruzado —al igual, hay que decirlo, que algunos de sus enemigos— todos los límites que establecen las convenciones internacionales sobre conflictos. Pero esta supervivencia no lo legitima. Al contrario: ha aumentado la lista de delitos por los que debe rendir cuentas ante la justicia internacional.