Recesión

La contracción del crecimiento económico en el primer trimestre, un 5,2% frente al anterior, apenas refleja la realidad de los efectos devastadores de la pandemia sobre la economía española. Son únicamente las dos últimas semanas de marzo las que han contribuido a uno de los peores registros trimestrales de nuestra historia y del conjunto de Europa. Los datos que aporte la contabilidad nacional para el segundo trimestre serán mucho más adversos: el Banco de España y otros analistas estiman que esa tasa trimestral de contracción del PIB puede estar entre el 15% y el 20%. En el conjunto del año la economía española habrá perdido en torno al 9% o 10% de su PIB, aunque la cifra que anticipa el FMI es cercana al 13%.

Que España fuera de los primeros países contagiados, y sus autoridades, las que adoptaron restricciones más estrictas a la movilidad, es una de las razones que ayudan a entender estas consecuencias económicas más adversas. Especialmente cuando se tiene en cuenta la estructura productiva de nuestra economía, en la que el turismo, la hostelería y otros servicios asociados representan una parte significativa del valor de la producción de bienes y servicios. A esa estructura productiva no es ajena la existencia de un censo empresarial dominado por microempresas, con una menor capacidad defensiva frente a distorsiones en la oferta y desplomes en la demanda como las generadas por esta crisis. Un mercado de trabajo dominado por contratos temporales tampoco favorece la resistencia frente a choques externos como el sufrido. Finalmente, pero no menos importante, la reducida capacidad de maniobra de las finanzas públicas españolas permite entender no solo que la recesión sea de las más pronunciadas de la historia, sino que la recuperación esté más comprometida en aquellos otros países donde el gasto público ha sido mucho más amplio. La ortodoxa Alemania, sin ir más lejos.

Por eso es de todo punto necesario contar con actuaciones adicionales de las instituciones europeas. Desde luego con esa tutela del BCE, esencial para que el sistema bancario canalice liquidez a las economías. Pero también para eliminar los riesgos de fragmentación financiera en la eurozona, reduciendo los costes de financiación de la deuda pública y las correspondientes primas de riesgo de los países más amenazados. La continuidad de ese amparo de la autoridad monetaria no será suficiente. No debe excluir la concreción de ese Fondo de Recuperación propuesto por la Comisión Europea, con una dotación de 750.000 millones de euros, del que España puede ser uno de los principales beneficiarios. Será necesario que el Consejo Europeo lo apruebe, pero también que seamos capaces de generar desde las Administraciones públicas proyectos de inversión en esas dos transiciones prioritarias: la energética y la digital. La coordinación entre las Administraciones regionales y la central, y con las empresas con capacidad de acompañar esos proyectos, será esencial. Como lo será la capacidad de las fuerzas políticas para convenir cuando menos en un propósito común: la recuperación del crecimiento y, lo que es más importante, la mejora de su calidad, satisfaciendo las reformas que sugiera la Comisión en la dirección de modernización y reducción de la vulnerabilidad a futuras crisis. Que las habrá.