Cambio urgente

Las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año y el próximo ratifican que España, junto con Italia, será la economía avanzada más castigada por la parálisis económica derivada de la covid-19. El Fondo pronostica una caída sin precedentes en 2020, el 12,8%, aunque augura una recuperación del 6,3% en 2021. Al margen de la mayor o menor credibilidad de las proyecciones (el Banco de España apunta a una caída próxima al 15%), lo que define el FMI es una crisis estructural de la economía española, cuya recuperación probablemente ya no podrá hacerse siguiendo los patrones conocidos de reactivación. Primero, porque el déficit y la deuda asociados a la contención de la crisis vírica escalarán hasta niveles sin precedentes (13,9% y 125%, respectivamente, según la institución), lo cual implica un esfuerzo de ajuste que puede tomar más de una década; y, en segundo lugar, porque la dependencia económica del turismo, que ha permitido crecimientos rápidos en fases de prosperidad desde los años setenta, se ha convertido hoy en un flanco débil que es necesario corregir con el reforzamiento de la industria y la inversión intensiva en tecnología.

La pandemia ha destruido parte del tejido empresarial español. A pesar de las medidas económicas adoptadas para mantener con vida las empresas paralizadas, correctas, pero lastradas por la escasez de recursos, muchas —quizá entre un 20% y un 30%— no volverán a estar activas. La razón de esta mortalidad no hay que imputarla solo al turismo; tiene que ver con el largo periodo de congelación empresarial, superior al aplicado en otras economías, y mucho que ver con el raquitismo empresarial español, castigado además por las dificultades para acceder a la financiación en los mercados de renta fija y variable. La política de la recuperación tiene que enfocarse desde la perspectiva de que esta crisis no es solo coyuntural. Por lo tanto, la salida de la crisis no va a ser convencional. Lo que se necesita es una política económica activa, que supere la fase de contención e impulse un crecimiento económico sobre nuevos criterios.

La tarea es urgente e ingente. Los fondos europeos, pieza angular de los recursos disponibles para la recuperación, tienen que aplicarse en función de actividades y empresas más competitivas y sostenibles (descarbonización, lucha contra el cambio climático); los ERTE, cuya prórroga ya está aprobada, deberían cambiar su orientación de fuerza mayor y reconvertirse en reguladores laborales por razones económicas; el empleo tiene que encauzarse desde los sectores en caída permanente hacia los que tienen mayor potencial de crecimiento; la política laboral ha de combinar las prestaciones por desempleo con incentivos a la movilidad, estímulos a la contratación y más formación ocupacional; deberían activarse fórmulas para reestructurar la deuda de las empresas viables, y hay que poner en marcha un plan de ajuste o de estabilidad financiera a partir de 2022 con el fin de conjurar los peligros de estrangulamiento financiero.

Ese plan, con impacto presupuestario, tiene que guiarse por la prioridad de ampliar las bases de recaudación fiscal. Es vital repartir los costes de esta crisis; que no la paguen solo los asalariados ni los jóvenes, como en la de 2008. Requiere un acuerdo político sobre las grandes líneas de acción; pero, sobre todo, un esfuerzo de coordinación, cuya iniciativa corresponde a la Administración.