Abuso policial en México

La detención ilegal y las torturas sufridas a manos de la policía, según denuncias de varios jóvenes que acudieron a una protesta en Guadalajara por la muerte de Giovanni López –también a manos de agentes del orden– han puesto a México, y especialmente a Jalisco, frente a los fantasmas y las lacras que le descalifican como Estado de derecho pleno: los abusos policiales, la desconfianza en las fuerzas de seguridad y la establecida y ancestral incapacidad de las autoridades para esclarecer hechos de esta naturaleza.

La semana pasada se conoció el asesinato de Giovanni López, de 30 años, por parte de la policía, después de haber sido detenido y llevado a un calabozo. El suceso se produjo a principios de mayo, aunque el vídeo de los golpes que recibió durante el arresto no se difundió hasta semanas después. En un primer momento se afirmó que los agentes de Ixtlauacán de los Membrillos, una localidad de Jalisco, lo habían arrestado supuestamente por no usar el cubrebocas que, a principios de mayo, ya era obligatorio en el Estado. En un intolerable acto de siniestro cinismo, las autoridades sugirieron que éste no había sido el único motivo de la muerte. La mera insinuación de que puede haber una explicación –tapabocas o no tapabocas– que pueda justificar el asesinato de una persona custodiada por la policía es la primera señal de alarma de la podredumbre moral de los responsables de asegurar el imperio de la ley.

La muerte de López a manos de la policía generó una ola de protestas e indignación en Ciudad de México y especialmente en Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, que coincidió en el tiempo con las manifestaciones en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, también a manos de otro policía. Sin embargo, el hartazgo ante los abusos y la ineficiencia de las fuerzas de seguridad en México es tan viejo y profundo que no se debería vincular a las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos, pues los motivos y las consiguientes explicaciones que se exigen de las autoridades no son las mismas.

La protesta del jueves en Guadalajara terminó en graves disturbios: patrullas incendiadas, un policía herido después de que le prendieran fuego, varios detenidos. Los hechos violentos, como tantos que ocurren en manifestaciones en todo el mundo, son condenables. Lo que no justifica, de ninguna manera, es una reacción como la que se dio al día siguiente. Agentes vestidos de civil detuvieron ilegalmente –levantaron, como se conoce en México–, a decenas de jóvenes, como quedó registrado en innumerables vídeos. Muchos de ellos, como ha podido constatar este diario, han denunciado torturas por parte de los agentes.

Igual de preocupante resulta la reacción de las autoridades, especialmente el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, ante ambos hechos. En varias declaraciones, Alfaro pidió disculpas y condenó tanto la muerte de Giovanni López como el uso excesivo de la fuerza de los agentes en las protestas; a la par que lanzó varios mensajes de que no tolerará más el uso de la fuerza por parte de los manifestantes. También insinuó que las protestas responden a una campaña política para deslegitimarlo. Sobre el levantamiento de los jóvenes, el gobernador sostuvo que la policía respondió a “órdenes ajenas a las de la autoridad estatal” y que se había abierto una investigación para ver si estas venían del crimen organizado: admitió pues de indirecta que la máxima autoridad del Estado no tiene el control absoluto sobre su propia policía.

En un país en el que la credibilidad y la confianza en la policía se esfumó hace años; en un Estado donde el crimen organizado ha perpetrado en los últimos años crímenes horrendos –como la desaparición de tres estudiantes de cine que fueron disueltos en ácido–, resulta sumamente preocupante y totalmente inadmisible la reacción de las autoridades, incapaces de responder quién y por qué se tomaron unas decisiones que violaron los derechos humanos de decenas de personas. El gobernador Alfaro debe dar respuesta inmediata, clara y satisfactoria a la angustia y la ira de la ciudadanía. Cualquier subterfugio le descalificará como el dirigente político de renovación que pretende ser.