La solidaridad como valor

Las sociedades deberían poder actualizar, cada cierto tiempo, la jerarquía con la que ordenan el conjunto de valores que inspiran su convivencia y que orientan imperativamente la acción política. En 1978, la Constitución Española acogió en su articulado como valores superiores de nuestro ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. No hace falta detenerse ahora a recordar el significado que tales valores representaban para quienes entonces ambicionaron un proyecto democrático de país sostenible en el tiempo. Qué duda cabe que la libertad, la justicia y la igualdad mantienen hoy su plena vigencia. Lo propio cabe decir del pluralismo político, especialmente cuando este se erosiona allá donde avanzan las tesis populistas. Pero… ¿incorporaríamos quizá ahora algún otro valor para reforzar el sistema? La respuesta está claramente condicionada por las consecuencias alarmantes que nos deja la pandemia en el ámbito económico y social. Los crecientes índices de desigualdad, la indigna cifra de excluidos o el debilitamiento progresivo de la clase media son factores que representan un riesgo sistémico para la estabilidad de las democracias liberales.

Con este planteamiento, hoy es un imperativo urgente incorporar la solidaridad a la escala de valores superiores de nuestro ordenamiento. De hecho, en el ámbito de la Unión Europea, la solidaridad ya ha sido introducida entre el amplio listado de valores que enuncia el artículo 2 del Tratado. La lógica de la solidaridad constituye, además, un elemento estratégico para guiar con acierto la acción política que deben impulsar los Estados y las organizaciones internacionales frente a un virus que constituye una amenaza global a la seguridad humana. Una amenaza que se expresó inicialmente en forma de crisis sanitaria para, a continuación, dar lugar a una profunda crisis económica que fragiliza en magnitudes desconocidas nuestro modelo productivo, empobreciendo de una manera alarmante a nuestras sociedades hasta comprometer seriamente la estabilidad de nuestros sistemas políticos

Desde su categorización como valor superior, la solidaridad debería poder invocarse como mandato a los poderes públicos especialmente cuando diseñan los instrumentos de intervención para suturar las heridas que resquebrajan nuestra cohesión y que fragilizan peligrosamente nuestro sistema de convivencia. No es necesario impulsar en este momento una reforma de la Constitución para dar cabida a esta propuesta, basta con forjar un consenso claro en torno al conjunto de valores sobre el que debemos asentar un nuevo contrato social. La aprobación del Ingreso Mínimo Vital por el Gobierno de España o el impulso que la Comisión Europea ha dado a la creación de un Fondo de Reconstrucción en el marco de la Unión Europea son dos respuestas políticas innovadoras que responden, desde planteamientos y propósitos muy distintos, a esta idea de solidaridad. Todo un acierto, a mi entender, para preservar la dignidad y la cohesión de nuestro proyecto común.