La estabilidad jurídica de Colombia en riesgo

Así es Colombia. Una noticia tapa la otra, a veces parece el fin del mundo, pasan tantas cosas, pero al final no pasa nada. La semana pasada fue de esas semanas intensas. Entre las noticias, la Corte Constitucional, el máximo tribunal de la rama judicial en el país, otorgó al exministro Andrés Felipe Arias, quien había sido condenado a varios años de cárcel, el derecho a la doble conformidad o instancia y generó un verdadero choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia.

En Colombia existe los aforados: una serie de dignatarios que son juzgados por la Corte Suprema de Justicia y no por cualquier juez. Esta figura se creó con la idea de proteger todas las personas que ocupaban dichos cargos, como el de congresista. El espíritu jurídico era que es el máximo tribunal de justicia el que juzga, es decir, el mejor juez y el más preparado, por ende, había garantía jurídica. El espíritu político era proteger a los altos dignatarios.

Sin embargo, en la primera década de siglo XXI, particularmente desde el año 2006, estalló el famoso escándalo de la parapolítica, es decir, decenas de congresistas lograron sus curules gracias a la alianza con grupos paramilitares. Más del 30% del Congreso de la época fue electo gracias a esta alianza. Todos ellos pertenecían a la coalición de Gobierno o al uribismo. Desde ese momento sectores del Estado comenzaron una persecución a la rama judicial.

Unos años después, estalló el escándalo de Agro Ingreso Seguro o AIS, que era un programa que tenía como misionalidad equilibrar las brechas de desigualdad en el campo y preparar a la agricultura colombiana para lo que en ese momento se llamaba la internacionalización de la economía. Al final, ese programa terminó en un escándalo y el entonces ministro de Agricultura fue condenado por la Corte Suprema porque fue encontrado culpable de conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La Corte lo condenó a 209 meses y 8 días de prisión y a una multa equivalente a 50.000 s.m.l.m.v. [el salario mínimo mensual].

El exministro Andrés Felipe Arias era uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe y fue por un tiempo su principal sucesor. Desde ese momento comenzó un debate sobre la doble instancia, mientras tanto el exministro había huido hacia los Estados Unidos y para la justicia colombiana se había convertido en un prófugo. El Acto Legislativo 01 de 2018 cambió las reglas de juego y creó una doble instancia. El debate, entonces, estaba en los condenados en única instancia antes de 2018.

La pasada semana la votación en la Corte Constitucional fue cerrada: 5 votos a 4. Inmediatamente, la Corte Suprema respondió y alertó sobre las delicadas consecuencias de esta decisión. En uno de los apartados dice que: “Ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte, la decisión mayoritaria que ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años de prisión contra Arias Leiva”.

Con este pronunciamiento la Corte Constitucional cambia su jurisprudencia. Para algunos abre un gran boquete para que múltiples condenados en única instancia, entre ellos, parapolíticos, condenados por graves casos de corrupción y hasta los responsables de las interceptaciones ilegales a la rama de la justicia demanden y hagan revisar sus fallos. Para otros, sencillamente, el derecho a la segunda instancia es algo universal.

Lo cierto es que, según la Corporación Excelencia a la Justicia, hay 232 condenados entre 1991 y 2017 con sentencia de única instancia y las posibilidades de que varios de ellos demanden son altas. Principalmente los condenados luego de 2014, que en total serían 24. Vendrán varias semanas o meses de incertidumbre. Lo cierto es que este choque de trenes entre las altas cortes apenas comienza.