Opinión
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Una renta constitucional y útil

El ingreso mínimo de inserción es competencia exclusiva de las comunidades

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una rueda de prensa en La Moncloa.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una rueda de prensa en La Moncloa.Moncloa/Borja Puig de la Bellaca / EFE

La renta básica universal es una renta igual para toda la ciudadanía. Desde el hombre más rico del país hasta las personas más empobrecidas reciben el mismo ingreso. Requiere paralelamente de un sistema fiscal potente. No está vinculada a procesos de inclusión diseñados por los servicios sociales. Es una medida sobre todo económica, no social. Por su naturaleza, aprobar esta medida sería competencia del Gobierno de España.

Por contra, las rentas mínimas, de inserción o de inclusión son prestaciones para que personas y familias empobrecidas puedan iniciar un proceso de inclusión social. Necesitan la acción profesional de los servicios sociales para detectar, diagnosticar e intervenir en un itinerario de acompañamiento cuya finalidad es construir un proyecto de vida independiente, que habitualmente pasa por la inserción laboral. La medida es sobre todo social. Como parte del sistema público de Servicios Sociales estas rentas son una competencia exclusiva de las comunidades y ciudades autónomas y así se puede comprobar textualmente en la web del Ministerio de Políticas Sociales.

Por tanto, renta básica universal y rentas mínimas de inserción son dos modelos diferentes que no conviene confundir.

Si analizamos los diferentes anuncios que hemos podido conocer de la propuesta de renta mínima del Gobierno de España, parece claro que no se va a implantar una renta básica universal. En consecuencia cualquier propuesta debe pasar por las comunidades autónomas so pena de socavar el orden constitucional de competencias. Hay quien dice que en un tema tan importante como este se debería dejar al margen el tema de las competencias. Este argumento es inaceptable porque equivaldría a decir que dejemos al margen la Constitución.

Tiene todo el sentido que la Constitución reserve para las comunidades tres de los cuatro pilares del bienestar: sanidad, educación y servicios sociales: son sistemas que se garantizan y desarrollan de manera más eficaz desde la proximidad, como hemos comprobado en esta crisis sanitaria.

En particular, los servicios sociales son servicios eminentemente de proximidad, razón por la cual los municipios tienen también gran protagonismo en su desarrollo. Es un trabajo de persona a persona, imprescindible para garantizar desde los poderes públicos que nadie se quede atrás.

Descartado el encaje constitucional de una prestación directa, lo razonable sería acordar entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas cuál es el modelo a implantar. Nuestra propuesta sería que la Administración General del Estado transfiriera a las comunidades la cuantía mínima por persona o unidad de convivencia que fije el Gobierno para evitar disparidades excesivas entre territorios. Lo que excediera de esa cuantía mínima en cada sistema autonómico sería asumido por la comunidad autónoma como nivel de protección adicional. Además, así se promovería que los territorios mejoraran las prestaciones y reforzaran sus sistemas.

Si el Gobierno de España se decanta por una prestación económica directa, además de contravenir el orden constitucional de competencias, generará una cronificación del empobrecimiento al desvincular la prestación de los procesos de inclusión social. Sería como proveer medicamentos sin prescripción médica. Todo el mundo entiende que no se puede dar fármacos sin prescripción. Sin embargo, en el ámbito social todavía hay mucha gente (también políticos) que menosprecia la labor de diagnóstico e intervención de los servicios sociales.

Además, se obligaría a las comunidades a adaptar sus legislaciones, con el tiempo que conlleva y la inseguridad jurídica en los periodos de transición.

Se abren también muchos interrogantes. ¿Qué pasaría con las solicitudes de personas en espera de resolución? ¿Se les habría de denegar la autonómica hasta que soliciten la estatal? ¿Podrían solicitar la renta estatal las personas beneficiarias de la autonómica? ¿Podría una persona tener dos rentas mientras otra quizá no tuviera ninguna? ¿Convivirían personas beneficiarias de rentas autonómicas más altas al lado de beneficiarias de una renta estatal más reducida? ¿Personas de primera y de segunda? ¿Habría que revisar las rentas concedidas?

Muchas preguntas para las que el Gobierno debería tener respuesta antes de apresurarse a aprobar una medida que en vez de resultar avanzada generará más problemas a familias que en este escenario de impacto económico y social no tienen tiempo para errores. Sería una lástima, además de una irresponsabilidad, prescindir de un sistema coordinado y eficaz por una estéril competición de efímeros titulares partidistas. Pero, sobre todo, sería un castigo cruel para los hombres, mujeres, niñas y niños que están sufriendo. Sería imperdonable.

Mónica Oltra es vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís.

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