Editorial
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Por un Ejército al servicio de la democracia en Colombia

La investigación del escándalo de espionaje militar debe ser una oportunidad para revisar a fondo los procedimientos internos

Un soldado colombiano, en una patrulla aérea.
Un soldado colombiano, en una patrulla aérea. / Europa Press

La trama de espionaje descubierta en el Ejército colombiano es incompatible con una institución al servicio de una democracia. Los informes conocidos el pasado viernes documentan el seguimiento de más de 130 personas entre las que se encuentran periodistas, corresponsales extranjeros, opositores, políticos y el mismo jefe de despacho del presidente de la República, Iván Duque. La mera existencia de un aparato militar, por muy reducido que fuera, dedicado a recabar información a través de interceptaciones ilegales cuestiona la reciente gestión de la fuerza terrestre y el control de los procedimientos internos.

Estos operativos, destapados por la revista Semana, fueron llevados a cabo entre febrero y diciembre del año pasado, cuando el comandante del Ejército era Nicacio Martínez Espinel. El general, hoy en retiro, ha negado toda responsabilidad, pero tendrá que comparecer en la Fiscalía para dar explicaciones y el Gobierno ya ha reconsiderado su nombramiento como delegado ante la OTAN. Todas las denuncias están en fase de investigación, sin embargo, las declaraciones del mandatario y las primeras decisiones del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, apuntan a una preocupante red de escuchas que llegó hasta el corazón del Estado. Once responsables de la cadena de mando ya han sido apartados del cargo y los actuales jefes de las Fuerzas Armadas han prometido llegar hasta las últimas consecuencias.

Aun así, lo sucedido no puede quedarse en el terreno de las sanciones administrativas ejemplarizantes o de la actuación de la justicia, sino que debe ser una oportunidad para revisar a fondo los esquemas de trabajo del Ejército. No es la primera vez que Colombia afronta un escándalo de espionaje. Durante el segundo mandato de Álvaro Uribe, a finales de la pasada década, el servicio de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) intervino las comunicaciones de decenas de opositores, magistrados y periodistas. El caso de las llamadas chuzadas parece volver a asomar hoy, bajo nuevo semblante. La corriente que se referencia en el expresidente, el llamado uribismo, que también representa el sector más duro del partido de gobierno, el Centro Democrático, es precisamente la que más apoyo dio a Martínez Espinel y al que fue su jefe, el exministro de Defensa Guillermo Botero.

Este tuvo que renunciar a su cargo el pasado mes de noviembre por ocultar un operativo contra las disidencias de las FARC en el que murieron ocho menores. Su gestión de las fuerzas militares volvió al paradigma de la guerra a pesar de que hace menos de cuatro años Juan Manuel Santos firmó la paz con la antigua guerrilla, que se desmovilizó y se convirtió en un partido político con la salvedad de algunos grupos rebeldes. La violencia y más de medio siglo de conflicto armado hicieron del Ejército una institución prácticamente inmune a la crítica. Pero las circunstancias ya no son las mismas y, según ha reconocido el actual ministro, los militares deben merecer su legitimidad ante la opinión pública. Denunciar, como ha hecho Naciones Unidas, el uso de la inteligencia para violar derechos humanos en lugar de protegerlos no supone ningún ataque a las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario, significa defenderlas y abogar por su consolidación como engranaje esencial de la democracia colombiana. El Gobierno tiene en sus manos dar los próximos pasos.

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