El mando único como precio político

El acuerdo del Consejo de Ministros del 14 de marzo instauró el estado de alarma para todo el territorio nacional y creó un mando único en la persona del presidente del Gobierno. Pues bien, tanto la mera idea de concentrar el proceso de toma de decisiones en la figura del presidente como la forma en la que ese mando único ha ejercido sus atribuciones han sido objeto de constantes críticas. Así, desde el principio surgieron acusaciones al Gobierno de estar aprovechando la pandemia para reabsorber una competencia transferida al nivel autonómico y hacerlo a través de una pretendida fórmula imaginativa como el mando único. Se trata, a mi juicio, de objeciones de poco calado, explicables a partir de meros automatismos de quienes se ven en la constante necesidad de probar permanentemente su pedigrí autonómico o independentista, no fuera a ser que alguien cuestionara sus convicciones.

El verdadero interés político está, a mi entender, en conocer el alcance y las consecuencias de los reparos que se acumulan frente a la manera en la que el presidente del Gobierno viene ejerciendo el mando único. En este sentido, la denuncia más escuchada expresa el malestar de los presidentes autonómicos por ser meramente informados de decisiones ya adoptadas, sin apenas margen para participar en ellas y poder así incorporar especificidades más adecuadas a sus territorios. La crítica estaría quizá justificada si atendemos a los términos en los que se ordena el funcionamiento ordinario de un Estado compuesto, como es el nuestro. Pero tampoco está de más recordar aquí la exigencia de lealtad que las comunidades autónomas deben a quien, desde la condición de presidente del Gobierno, está en mejor condición para garantizar la defensa del interés general de todos los españoles en una situación tan excepcional como ésta.

Al margen de que las críticas resulten o no acertadas, la realidad es que se intensifican conforme la crisis sanitaria va remitiendo y particularmente desde que el Gobierno anunció el plan de desescalada. Este plan, es importante tenerlo en cuenta, contiene una asimetría de origen que, sin duda, puede acentuarse en los próximos meses, lo que acelerará el interés de los responsables autonómicos por asumir el control de lo que ocurra en su territorio. En este contexto, los incentivos para seguir discutiendo la eficacia del mando único no dejarán de crecer en los próximos días y, en consecuencia, los apoyos con los que hasta ahora ha contado el Gobierno pueden menguar hasta incluso poner en riesgo la viabilidad del estado de alarma.

Si la arquitectura jurídica derivada de ese estado de alarma es todavía necesaria para afrontar con eficacia la gestión de las nuevas etapas de esta (aún) grave crisis, la pregunta es cómo garantizarse los apoyos parlamentarios para mantenerla. Y no hay muchas opciones. A menos que el PP esté dispuesto a respaldarlo, todo invita a pensar que los actuales socios del Gobierno reclamarán algo a cambio. ¿Sería el mando único un precio político aceptable? En mi opinión, quizá bastaría con ajustar algo la manera en la que se viene ejerciendo.