La rebelión de los gobernadores

Una tercera parte de los gobernadores de México se declaró en rebeldía. Los mandatarios estatales de la Alianza Federalista “cerraron filas” para oponerse a los recortes presupuestales del Gobierno federal. De forma simultánea, en las capitales de los estados se reunieron diversos actores locales —magistrados, diputados, alcaldes, rectores universitarios, dirigentes empresariales, activistas sociales, líderes sindicales y campesinos— para hacer pronunciamientos tan legítimos como disímbolos.

Entre la larga lista de reclamos, los gobernadores pidieron reunirse con el presidente para revisar el presupuesto del año próximo. La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar: les respondió que no los recibiría porque es un “chantaje”, además de que su investidura presidencial no estaba como para atenderlos en temporada electoral. Ya el presidente había desdeñado a esta agrupación de gobernadores opositores que hace poco abandonó la Conago —la Conferencia Nacional de Gobernadores— convertida en una instancia políticamente muerta.

El presidente tiene razón cuando afirma que no es posible abandonar el pacto federal, que algunos gobernadores han amagado con desconocer. Tendrían que, les mandó decir, consultarlo en sus estados. Acto seguido, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, le tomó la palabra: anunció una consulta para preguntarle a los jaliscienses si quieren “seguir formando parte de una relación abusiva con la Federación”, una hábil respuesta para armar su propia consulta al estilo Jalisco. Detrás de la rebelión federalista, sin embargo, hay una confusión elemental en el debate nacional: los gobernadores advierten que el “pacto federal está en riesgo”, cuando en realidad lo que está a debate es el pacto fiscal. Aunque amalgamados, se trata de dos pactos completamente distintos.

A menos que estén pensando en independizarse de México (digamos que por la vía catalana, lo cual retóricamente puede ser rentable), no es posible abandonar el pacto federal, aunque algunos gobernadores amaguen con dejarlo. En cambio, lo que sí es posible abrir a la discusión es el pacto fiscal: el acuerdo político para la distribución de los recursos fiscales del Estado entre órdenes de gobierno. Lo cierto es que es urgente rediseñar la arquitectura fiscal del país para remodelar nuestro viejo edificio hacendario, cuyos cimientos se han erosionado con el exacerbado centralismo.

Sin embargo, la discusión no puede agotarse en la idea reduccionista de que los estados que aportan más deben recibir más. En un juego de suma cero como el fiscal, lo que ganan unos estados lo pierden otros. Nuevo León, por ejemplo, aporta cuatro veces más que Oaxaca y recibe un monto similar en transferencias. De ahí que algunos gobernadores, como el oaxaqueño, pidan lo contrario que sus pares de la Alianza. En un sistema de coordinación fiscal tan complejo como el mexicano no es tan sencillo identificar ganadores y perdedores netos.

Abrir las fórmulas de distribución es abrir la caja de pandora. Con su última modificación en 2008, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) fue el mayor perdedor, contrario a lo que se piensa. El Estado de México, por el contrario, fue el mayor ganador, lo cual explica su silencio en la discusión fiscal. Otros gobernadores de la Alianza, como los de Michoacán o Durango, difícilmente estarían de acuerdo en una reformulación fiscal en el sentido de recibir lo mismo que aportan, pues saldrían perdiendo.

Si bien es cierto que la recaudación federal participable ha caído, lo cual ha reducido el tamaño del pastel a repartir, la rebelión de los gobernadores se explica también por su oposición a la excesiva concentración de recursos en las obras del presidente. El malestar social en los estados —no solo de los gobernadores de oposición, sino de muchos actores locales afectados— tiene que ver con la desaparición de fondos (como el Ramo 23 del presupuesto) y la eliminación de proyectos para las regiones que no son prioridad federal. La cobija del presupuesto ha dejado a la intemperie a la mayoría de los estados del país, sean o no de oposición.

A pesar de su legítimo reclamo, los gobernadores y alcaldes del país podrían hacer un mayor esfuerzo fiscal, pues apenas recaudan el 0.8% del PIB. Adversos a asumir el costo político de cobrar impuestos, los gobernadores opositores y oficialistas por igual prefieren pedir más transferencias o adquirir deuda antes que recaudar la tenencia (a la propiedad de vehículos) o el predial (que podrían cobrar los estados para devolverlo a los municipios). Los gobiernos estatales apenas recaudan el 13% de los recursos públicos estatales, de modo que tienen un enorme margen fiscal si hicieran su parte. Pedir no empobrece, pero dejar de cobrar impuestos sí. Para lograr un federalismo más justo y equitativo, la rebelión de los gobernadores debe iniciar en sus propios estados.

David Gómez-Álvarez es académico de la Universidad de Guadalajara y director ejecutivo de Transversal.