La banca mexicana refuerza su sistema antilavado de dinero, en el punto de mira de Estados Unidos

Estados Unidos ha puesto en el punto de mira al sistema financiero mexicano y este está respondiendo como un buen alumno al intenso escrutinio. La ABM, la asociación que agrupa a los bancos de México, ha propuesto al sector adoptar una serie de medidas para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, prácticas por las que el Departamento del Tesoro estadounidense ha señalado y castigado a la banca de su vecino del sur. En junio de este año, la dependencia señaló, en un golpe sin precedentes, a tres instituciones mexicanas ―CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa― por lavar dinero para el narcotráfico, un señalamiento que imponía, además, una prohibición para realizar operaciones con sus contrapartes estadounidenses. La sacudida ha empezado a surtir efectos tanto en el sector público como en el privado, que se prepara para evitar episodios similares.

Entre las recomendaciones que la ABM impulsa para combatir los delitos financieros está la restricción, a partir de junio de 2027, de las transferencias internacionales de personas físicas, que solo deberían realizarse entre aquellas que tienen una cuenta corriente abierta en el propio banco. Para las transferencias en efectivo, la asociación propone que los usuarios se acrediten mediante una identificación oficial vigente y con al menos un dato biométrico. En cualquier caso, el pago no podrá superar los 350 dólares por remesa y los 900 al mes para cada receptor. La banca propone, además, que las autoridades implementen las mismas restricciones para las entidades no bancarias que también se encarguen de gestionar remesas.

En un calendario más cercano, la organización asegura que en diciembre de este mismo año, un primer grupo de los 54 bancos a los que representan se incorporará a la Plataforma de Intercambio de Información que en julio del año siguiente, a más tardar, estará plenamente en funcionamiento. A partir de esa fecha, además, los usuarios que depositen o retiren dinero por un valor igual o superior a 140.000 pesos deberán identificarse.

En términos generales, exponen en el comunicado, los bancos intentarán adoptar mejores prácticas para identificar operaciones de lavado de dinero con el fin de “cerrar la brecha entre la regulación estadounidense y la mexicana”. Finalmente, la ABM impulsará reuniones periódicas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para tratar cuestiones como la lista de personas bloqueadas y la coordinación con organismos internacionales, con los que también promoverán reuniones de trabajo.

La UIF es, precisamente, la agencia con la que el Gobierno mexicano está tratando de encauzar las peticiones y señalamientos que han llegado del norte. Después de que las autoridades estadounidenses sancionaran a CIBanco, Intercam y Vector, el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum dio un giro a la jefatura del organismo, del que salió el histórico político izquierdista Pablo Gómez para dar paso a Omar Reyes, un perfil mucho más técnico y bregado en la lucha contra el narcotráfico desde otras dependencias, como la Fiscalía o el Sistema Penitenciario capitalinos.

El nombramiento de Reyes, uno de los colaboradores más cercanos del zar de Seguridad, Omar García Harfuch, se ha leído como un guiño al Gobierno de Trump y un refuerzo al hombre fuerte del gabinete presidencial, que también fue quien lo introdujo en el equipo de Sheinbaum cuando todavía gobernaba la Ciudad de México. El cambio de perfiles en la cabeza de esta institución clave para las relaciones bilaterales ancla el combate al narcotráfico, también en su vertiente financiera, como una prioridad del segundo Gobierno morenista, que ha convertido esta cuestión en su gran caballo de batalla con cuantiosas detenciones y extraordinarios decomisos.

La UIF será, de algún modo, el otro brazo de Harfuch para combatir los muchos tentáculos que el crimen organizado ha desplegado por el territorio en las últimas décadas, a la espera de ver si la comunicación entre Omar Reyes y sus equivalentes en Estados Unidos es mejor que con su antecesor. De momento, las autoridades mexicanas han revocado la licencia a CIBanco, una de las entidades señaladas por el Gobierno de Donald Trump por lavado de dinero y tráfico ilícito de opioides. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició el proceso de pago de los depósitos asegurados a las personas ahorradoras el 13 de octubre.

Por su parte, la Casa de Bolsa Vector ha traspasado su bolsa de clientes y sus cuentas de inversión a Finamex, tras un acuerdo para que “las inversiones y activos de los clientes” permanezcan “íntegros y debidamente respaldados”. La entidad, no obstante, ha rechazado las acusaciones vertidas por Estados Unidos de facilitar el negocio del Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo. El apremio con el que Trump exige resultados a México en la lucha contra el narcotráfico encuentra siempre respuestas al otro lado de la frontera. México ha entregado al republicano, como un botín de guerra, a 55 capos de la droga, que serán juzgados en tribunales estadounidenses, y ha desplegado a 10.000 elementos del ejército en el límite norte del país. Ahora se alista para cortar, también, las vías de financiación del fentanilo, que ha inundado el país anglosajón hasta convertirse en un problema de salud pública.