Claves y dificultades en la confección del informe final de la Guerra Sucia en México

Menos de tres años después de su creación, la comisión que investiga la Guerra Sucia en México empieza a ofrecer sus resultados finales. Una de sus cinco patas, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), el más activo estos años, presentó el viernes la primera de sus dos colecciones finales, 5.000 páginas que dibujan parte de la represión del Estado durante las décadas finales del siglo pasado, con el PRI en la cumbre su poder. A la espera de los trabajos del resto de equipos, el documento presentado ilumina un periodo oscuro, pese a las trabas, todavía hoy, del Ejército y los servicios de inteligencia.

No ha sido un camino fácil. La sombra de fracasos pasados titila en la retina de los investigadores. Y no por falta de interés o resultados. Durante el sexenio del panista Vicente Fox (2000-2006), una fiscalía especial, dotada de un equipo de investigación, hizo lo que han hecho ahora sus sucesores, centrándose exclusivamente en la represión contra disidentes políticos. Al final, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó un informe distinto al que había entregado la fiscalía especial, recortado, evitando señalar delitos y perpetradores.

Ahora la situación parece distinta. Fox cerró la fiscalía especial y permitió una cacería contra su titular, Ignacio Carrillo. Aunque la investigación perduró, quedó marcada por la ruptura y la sospecha, y apenas tuvo resultados judiciales. Andrés Manuel López Obrador, que culmina su mandato el 30 de septiembre, quiso retomar el asunto, investigar lo que hubiera que investigar, llevas los casos necesarios ante los jueces, reparar a las víctimas. En octubre de 2021, su Gobierno creo la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Dependiente de la Secretaría de Gobernación, la comisión estaría dotada de cinco instrumentos, el MEH, un comité “para el impulso a la justicia”, otro “para el Impulso a la Memoria y Garantía de No Repetición”, un plan de búsqueda de los desaparecidos y otro de reparación del daño. La buena voluntad apenas duró seis meses. En un acto en junio de 2022, en el Campo Militar número 1, sede central del Ejército, escenario de la represión, el general Luis Crescencio Sandoval, jefe castrense, elevó a los “soldados caídos” durante la Guerra Sucia a la misma categoría que las miles de víctimas de la contrainsurgencia. Era un presagio de las dificultades posteriores.

En los dos años siguientes, el MEH, punta de lanza de la comisión, disminuido tras la partida de una sus integrantes originales, y la ruptura posterior de los restantes en dos grupos, ha señalado incansablemente las trabas del Ejército para consultar sus archivos. Los investigadores han denunciado que la Secretaría de la Defensa pasó de la “colaboración pasiva” a una “obstrucción activa”, impidiendo en muchos casos su consulta o negando la existencia de documentos. Esta situación se repetía con el Centro Nacional de Inteligencia, que, incluso, denunciaron los investigadores, había llegado a ocultar o modificar expedientes.

Pese a todo, llega ahora el primero de los dos informes finales del MEH, firmado por tres de los cuatro comisionados que lo integran, Carlos Pérez Ricart, David Fernández y Abel Barrera. Queda pendiente el segundo, a cargo de Eugenia Allier, y las conclusiones y avances del resto de instrumentos. Con todo ello, Gobernación debería entregar un documento final antes de que concluya el sexenio.

La idea

Con más de 5.000 páginas, Ricart, Fernández y Barrera presentaban el viernes lo que ellos llaman su “colección”, un informe titulado “Fue el Estado”, en clara referencia a una de las vergüenzas del México moderno, el caso Ayotzinapa, la embestida de un monstruo criminal, enraizado en las fuerzas del Estado, contra un grupo de estudiantes rurales, de la que en septiembre se cumplen 10 años. La referencia destaca una de las conclusiones del informe, la permanencia de las cadenas de corrupción e impunidad del pasado en el presente, situación que impide uno de los objetivos de la comisión, la garantía de que lo ocurrido en el siglo pasado no se repita.

Pero más allá de eso, la principal conclusión del informe es que la represión estatal trascendió a la noción histórica que se tenía de la contrainsurgencia. El Estado, desde el mismo Ejército, a la Policía Judicial Federal y las estatales, pasando por gobernadores y policías locales, usaron tácticas represivas, aprendidas y potenciadas en la década de 1960, contra cualquier tipo de disidencia, más allá de la política. Es decir, que la maquinaria estatal no atacó solo a estudiantes, embestida encarnada en la matanza del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, Ciudad de México, a campesinos y obreros, disidentes políticos.

Fue algo generalizado. El monstruo represor actuaba como una red de células con objetivos independientes, organizadas en torno a un ramillete de tácticas y una idea algo difusa de acabar con el comunismo de raíz. “Cada gobernador, cada corporación policial, cada mando militar, terminó por interpretar qué o quién era un comunista, quién representaba una amenaza, cómo había que reprimir a las disidencias, disciplinar a la población y garantizar una gobernabilidad autocrática para la permanencia del régimen político de partido único”, señala el informe.

Así, “Fue el Estado” estudia la represión contra colectivos de la periferia, siempre alejados de la atención mediática. He ahí su valor. Estudian masacres contra comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas, poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo, vecinos de zonas donde se plantaba marihuana o amapola, periodistas, devotos de religiones distintas a la practicada por los caciques dominantes, homosexuales, transexuales, refugiados centroamericanos, incluso integrantes del mismo aparato represor, señalados de traición.

Los datos

El carácter exhaustivo del estudio permite entender que la represión no estuvo circunscrita a Ciudad de México o regiones como Guerrero, hogar de las dos guerrillas más famosas de la época, encabezadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, Sinaloa o Chihuahua. Al contrario, ocurrió en la mayor parte de estados, más allá de que las víctimas estuvieran relacionadas con la disidencia política. Al menos 17 estados del país registraron masacres durante los años de estudio, con Puebla encabezando la lista, por número de víctimas, con al menos 91, seguido de Chiapas, con 61, y Sinaloa, con 44.

De 1965 a 1990, México registró al menos 46 masacres, dentro de las cuales se logró identificar al menos a 385 víctimas mortales, según explica el informe. Los números deben tomarse con cautela. Ricart, Barrera y Fernández estudiaron 11 colectivos de víctimas en estos años. Allier hizo lo propio con otros cuatro, así que las cifras aumentarán a partir de los números de su informe, que presentará en las próximas semanas. Allier centra su trabajo en la disidencia clásica, integrales de organizaciones político-militares (es decir, las guerrillas, movimientos estudiantiles y sindicalistas, principalmente.

Más allá de las masacres, “Fue el Estado” cuenta 8.594 víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones, desaparición forzada, tortura, etcétera. De ellos, 1.063 fueron víctimas de ejecución extrajudicial y 517, de desaparición forzada. Además, el informe enlista los nombres de 591 perpetradores, entre integrantes de las Fuerzas Armadas, o la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, punta de lanza de la represión política.

Otra cifra que llama la atención y que ilustra el alcance de la represión apunta al desplazamiento forzado interno de decenas de miles de personas en todo el país. Los comisionados cuentan 113 “eventos” que provocaron que al menos 123.034 personas tuvieran que huir de sus casas, y evitar así engrosar la lista de víctimas anterior. La mayoría, casi 80.000, fueron víctimas de políticas públicas del mismo Gobierno, como la construcción de presas. Por región, casi 40.000 eran vecinos del Estado de México, 30.000 de Guerrero, 23.000 de Chiapas y 20.000 de Oaxaca.

Las víctimas

A la espera de cifras y detalles sobre los colectivos de víctimas estudiados por Allier, “Fue el Estado” cuenta cómo se gestó el aparato contrainsurgente que, como explican los comisionados, “buscó disciplinar a una variedad de poblaciones en las que el Estado infería semilleros de potenciales disidentes que cuestionarían su hegemonía”. Los gobiernos del PRI no enfrentaban en realidad una verdadera amenaza. Guerrilleros, urbanos y rurales, nunca llegaron a ser más de 2.000.

Episodios aislados, como el asalto a un cuartel militar en Chihuahua, a finales de los 60, o secuestros de alto perfil a principios de la década siguiente, dieron la excusa para alimentar a la bestia represora, en un mundo en que el comunismo se convertía en el principal enemigo de occidente, como luego las drogas y más tarde el terrorismo. “De esa forma, violencias de vena capitalista, de vena patriarcal, de vena político-ideológica, de vena racista y clasista terminaron por desembocar en un mismo caudal”, reza el texto.

La consecuencia de esto, además de la desarticulación absoluta de las guerrillas y redes disidentes, fue la embestida sobre la población. El informe ilumina cantidad de masacres, o bien desconocidas, olvidadas, o bien de las que apenas se sabían detalles. Es el caso de la masacre de Monte Chila, en Puebla, en enero de 1970, cuando militares y policías judiciales asesinaron al menos a 50 campesinos, parte del “movimiento campesino de peticionarios de tierras” del Estado. Testimonios y documentos muestran cómo las autoridades llegaron a la zona, en la sierra norte de Puebla, a realizar una “batida de maleantes”. Los maleantes resultaron ser campesinos que peleaban por conseguir un parcela de cultivo. Cuando los militares les dieron el alto, los campesinos dispararon sus escopetas. Varios soldados murieron. La respuesta fue brutal.

El listado de matanzas y los detalles de cada uno presentan un valor doble, por un lado, los detalles de cada uno, que devuelven actualidad y dignidad a las víctimas, por otro, la imagen panorámica, que extiende y profundiza el conocimiento sobre el conocimiento del Estado represor, implacable con la disidencia, pese a su origen revolucionario. Así, el informe rescata, por ejemplo, la ocupación militar del municipio de Yahualica, en Hidalgo, en 1974, en un operativo para detener guerrilleros. La ocupación dejó campesinos ejecutados y mujeres violadas.

Los ejemplos son innumerables, enriqueciendo la imagen de la contrainsurgencia. En 1983, en Pantepec, Puebla, “pistoleros con aquiescencia de autoridades atacaron a población campesina e indígena, habitantes de Rancho Nuevo y otras localidades”. En Madera, Chihuahua, en 1965, durante la cacería posterior al ataque del cuartel militar, que de alguna forma inauguraba la lucha armada en el país, soldados llevaron a cabo detenciones arbitrarias y torturaron al menos a 50 vecinos de la zona, campesinos.

La construcción de varias presas e instalaciones energéticas en Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas en la década de 1970 se saldaron con decenas de miles de desplazados. Militares y policías cometieron igualmente ejecuciones extrajudiciales. El incipiente combate al narcotráfico cambiaba a finales de la década anterior. El Estado arreó el monstruo contrainsurgente contra poblaciones serranas, cercanas a campos de cultivo de marihuana y amapola. En Badiraguato, el pueblo de un adolescente Joaquín El Chapo Guzmán, el Ejército “masacró a 16 civiles y produjo 12 heridos que se habían reunido para celebrar un bautizo” en abril de 1971. Cinco años más tarde, militares mataron a 13 personas en otra localidad del municipio.

La lista continua ad infinitum: campesinos, pobladores, asistentes a conciertos de rock en las periferias, trabajadoras sexuales, policías víctimas de venganzas entre corporaciones de seguridad, en el despliegue del aparato contrainsurgente, homosexuales, transexuales, religiosos… “Fue el Estado” ilumina un horror que refleja, además, realidades del presente.

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