La comisión de la Guerra Sucia encara su fase final con reclamos al Ejército y escasos resultados

El tiempo se acaba. La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 encara sus últimos meses de trabajo, con el final del Gobierno de López Obrador en el horizonte. Creada con orgullo hace unos años, atraviesa momentos complicados, pendiente del terremoto que afectó a su paraguas institucional, la Subsecretaría de Derechos Humanos, con cambios de funcionarios a todos los niveles. Los reclamos al Ejército y el silencio de la mayoría de mecanismos que la integran marcan la labor de la comisión. De los cinco mecanismos, solo uno ha informado de avances en los últimos seis meses.

Ninguno de los cinco ha sido tan activo estos años como el de Esclarecimiento Histórico (MEH), encargado de investigar los operativos de contrainsurgencia y represión política del Estado, conocidos comúnmente como Guerra Sucia. Esta semana, el MEH denunció nuevos problemas con la Secretaría de la Defensa (Sedena), una de las patas más importantes del aparato represor en esos años. El mecanismo señala que la Sedena se ha negado a entregar el expediente que armó la Fiscalía militar, sobre la represión durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006).

El reclamo del MEH enlaza con el que ya expresó en octubre. En un informe de más de 30 páginas, el mecanismo, integrado por Eugenia Allier, Abel Barrera, Carlos Pérez Ricart y David Fernández, denunciaba entonces que la actitud del Ejército había mudado de una “colaboración pasiva”, al principio, a una “obstrucción activa”. Los investigadores pedían documentos que el Ejército negaba, con la excusa de que no tenían que ver con el mandato de la comisión. El instituto castrense llegó incluso a “alterar documentación, es decir, expedientes, relacionados con violaciones a derechos humanos”, señalaba el informe.

En su nuevo reclamo, el MEH critica que, además del expediente de la Fiscalía militar, la Sedena niega “el listado de personas lanzadas al mar en los años de Guerra Sucia, y el listado de personas procesadas por la justicia militar por su posible responsabilidad, cargos que enfrentaron, resoluciones de la justicia militar y el estatus legal que guarda actualmente cada una de estas personas”. Al menos en los años 70, militares se habrían deshecho de decenas de cuerpos de opositores políticos asesinados, lanzándolos al océano Pacífico, desde una base militar del Estado de Guerrero, Pie de la Cuesta.

David Fernández, parte el MEH, asegura que un listado así debe existir. “Sabemos que personal militar tomaba nota de las personas que arrojaban al mar, al parecer un sargento”, explica. Fernández y el resto del equipo tienen certeza de esta situación porque la información aparece precisamente en el expediente de la Fiscalía militar, parte del cual pudieron consultar, gracias a la hija de una de las víctimas de la represión. Parte del expediente forma parte de la propia investigación de las autoridades sobre el caso de su madre.

El MEH y el resto de mecanismos deberían entregar sus informes finales en los próximos meses. Hay expectación por ver qué dibujo presentan, qué eventos desconocidos hasta ahora salen a la luz. En octubre, en un informe de avances en la investigación, la comisión presentó el hallazgo de siete osamentas en Ajuchitlán, en Guerrero, víctimas de un operativo contrainsurgente del Ejército, en 1971. La digitalización de los registros del panteón de Dolores, en Ciudad de México, y el estudio de las fosas comunes podrían arrojar nuevos resultados.

Más allá del MEH, resulta una incógnita qué información presentarán los otros mecanismos. De los cuatro restantes, el de Impulso a la Justicia ni siquiera llegó a funcionar, por falta de acuerdo entre la Subsecretaría y sus integrantes potenciales. Al parecer, su espacio lo ha ocupado la Fiscalía General de la República (FGR). El de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha cambiado totalmente su composición, tras la salida del coordinador de los trabajos, Javier Yankelevich. Y el de Impulso a la Memoria pelea por presentar al Congreso un proyecto de Ley General de Memoria, que permita, entre otras cosas, la creación de un Centro Nacional, que acoja y permita la consulta de la información recopilada estos años.

El futuro aparece gris para la comisión, más allá del fin del Gobierno, presidido por Andrés Manuel López Obrador. David Fernández explica que habían previsto que “la ley general de memoria propiciara la continuidad de nuestro trabajo, pero esto no va a ocurrir”. El Congreso tiene apenas tres semanas para aprobar una ley que ni conoce, antes del fin del actual periodo de sesiones. “El esfuerzo principal debe ser contactar al equipo de quien sea presidente”, dice Fernández, “para que algo de esto entre en sus planes para los próximos años”.

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