Los comisionados que investigan la Guerra Sucia documentan al menos 10.000 víctimas en su informe oficial

Con el fin del sexenio a la vuelta de la esquina, las dependencias de Gobierno apuran trabajos para la transición o el cierre, asumiendo, algunas, que no hay futuro más allá del cambio de mando. Es el caso de la comisión que investiga la Guerra Sucia, el aparato represivo que puso en marcha el Estado mexicano en la segunda mitad del siglo XX, sus víctimas y consecuencias. Esta semana, tres de los comisionados del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), punta de lanza de la comisión, entregaron el grueso de su informe final al Gobierno. Su plan es divulgarlo en las próximas semanas, cuando completen los trabajos, pero han aceptado dar algunos detalles mientras tanto a EL PAÍS.

La comisión encara así sus pasos finales. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluye su labor el 30 de septiembre, fecha en la que sus trabajos deben quedar finiquitados. No hay noticia alguna de que la administración entrante, que dirigirá Claudia Sheinbaum, vaya a renovar su mandato. La austeridad impuesta a los otros cuatro mecanismos que componen la comisión revela cierto desinterés, incluso por parte del Ejecutivo de López Obrador, que al principio celebró por todo lo alto su creación. “Hemos hecho esto, frente a los intereses del Ejército y sin el respaldo que hubiéramos querido por parte del Gobierno federal”, dice Carlos Pérez Ricart, uno de los comisionados.

David Fernández, otro de los integrantes de la comisión, señala que el principal hallazgo del MEH apunta a la narrativa, lo que se entendía por Guerra Sucia, y lo que deberá entenderse ahora, a partir de su trabajo. “El Estado contrainsurgente en México se constituye independientemente de la irrupción de la guerrilla socialista. Es decir, hemos descubierto que la contrainsurgencia operaba también contra todo tipo de organizaciones sociales, disidentes del régimen”, explica, y da como ejemplos a campesinos, indígenas, disidencias sexogenéricas, religiosas, periodistas, sindicatos... “Sigue siendo difícil saber cuántas víctimas de graves violaciones a derechos humanos hubo en total. Nosotros hablamos de cerca de 10.000, la mitad identificadas con nombre y apellido, pero con seguridad eran muchas más”, añade.

El nuevo informe se titula Fue el Estado, un guiño al caso Ayotzinapa, como explica Pérez Ricart. “El hallazgo central es que el Estado ataca a diferentes actores de la sociedad mexicana, más allá de la contrainsurgencia”, explica. “Las grandes violaciones a derechos humanos no se explican sin actores estatales perpetrándolas, así que también es un guiño al presente, al ‘Fue el Estado’ de Ayotzinapa. La impunidad del pasado se explica en el presente”, añade. Fernández cierra el argumento y señala que “las instituciones de seguridad fueron creadas no para ofrecer o administrar justicia, sino para proveer de seguridad política al Estado”. Además, defiende, “aquí no ha habido un proceso de deconstrucción o reforma de fondo del aparato contrainsurgente”.

La comisionada Eugenia Allier matiza el argumento principal de sus colegas y recuerda que “la comisión existe porque hay organizaciones de familiares de víctimas, de sobrevivientes, desde hace muchas décadas, exigiendo justicia, pidiendo al Estado que reconozca lo que hizo. No hay que perder la luz de que se trata de un periodo de violencia política de Estado, en contra de opositores. Hubo una violencia sistemática en contra de grupos políticos”, añade, “una intención de exterminio, planificada y sistemática, que es una de las novedades que encontramos”. Allier, que todavía trabaja en su parte del informe, dice que otra de las novedades apunta a la “extensión” de la represión. “Sabíamos de Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Guadalajara, Sinaloa, Nuevo León… Esos estados estuvieron en el eje de la violencia política. Pero en realidad fue mucho más amplio, igual no en la misma cantidad, pero también existió”, argumenta.

El MEH ha sido uno de los equipos más activos estos años. Sus críticas al Ejército y otras dependencias del Estado, principalmente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), han sido constantes. Guardianas de grandes archivos sobre la actividad represora del siglo pasado, los comisionados han señalado su inercia a la opacidad, en el mejor de los casos. En octubre del año pasado, coincidiendo con la presentación del primer informe de la comisión, el MEH dijo que la actitud del Ejército había mudado de una “colaboración pasiva”, al principio, a una “obstrucción activa”. Antes, en agosto, señaló que el CNI, que llegó a manejar su propio acervo en el Archivo General de la Nación, era responsable de la desaparición de documentos.

En la parte entregada del informe final, sus autores destacan la documentación de casos de los que apenas se conocían detalles o que prácticamente se ignoraban. Pérez Ricart señala, por ejemplo, la salvaje represión de las disidencias izquierdistas que confluyeron en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 1989. “Es uno de los principales hallazgos, el asesinato de 662 perredistas entre 1988 y 2002”, señala. El informe integra más cifras sobrecogedoras, por ejemplo, la cantidad de muertos –al menos 150– que dejó la operación Cóndor, las actividades de erradicación de drogas en la década de 1970. El texto recoge igualmente detalles de masacres de las que no se conocía demasiado, como la de Monte Chila, en Puebla, que dejó entre 30 y 300 asesinados. Allier destaca también las ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas en Yucatán, que no se habían denunciado previamente.

El grupo espera entregar la versión definitiva del informe en las próximas semanas. El resto de mecanismos de la comisión, Búsqueda, Justicia, Reparación y Memoria, deberían hacer lo propio este verano, para que la Secretaría de Gobernación pueda publicar su informe integral final antes del 30 de septiembre.

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