El Gobierno de Sonora expropia el terreno de la guardería ABC para construir un memorial pese a la oposición de las madres

El Gobierno de Sonora ha decidido expropiar el terreno de la guardería ABC para construir un memorial en honor a los 49 niños que fallecieron en el incendio de 2009. La noticia no ha sido bien recibida por algunas familias que temen que se destruyan pruebas en la investigación y en los procesos judiciales que todavía siguen abiertos 15 años después. “El Gobierno del Estado al edificar el memorial que pretende, derrumbará la construcción de la guardería ABC y destruirá para siempre lo que se conoce como la escena del crimen”, ha señalado el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, formado por los padres y madres de los fallecidos y de los heridos.

Las familias insisten que si se construye un memorial se impedirá cualquier diligencia y eso podría desembocar en que se encuentre la “verdad histórica” de lo sucedido. Los familiares de los pequeños siguen exigiendo conocer “las verdaderas causas del incendio que produjo la muerte y lesiones de nuestros hijos e hijas, así como aquellas personas que tienen responsabilidad de su muerte”, dicen desde el colectivo.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República busca condenas de dos altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como responsable del establecimiento a través de una subcontrata en el momento del fuego. Después de su arresto, ambos fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones y ambos estuvieron en prisión preventiva varios meses hasta que un juez ordenó ponerlos en libertad vigilada, mientras la investigación está en etapa intermedia. Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció medidas económicas de reparación para los padres y otros servicios que se les proporciona desde 2010, como acompañamiento psicológico o tratamientos médicos.

La Suprema Corte de Justicia ratificó en 2021 la culpabilidad de 22 funcionarios condenados por el incendio, sin embargo, ordenó la reducción de las penas al establecer que la responsabilidad por la muerte de los niños fue involuntaria.

En 2019, diez años después de la tragedia, el Gobierno de López Obrador decidió reabrir el caso para saldar la deuda de justicia que había con las víctimas y sus familias. “Tienen todo el derecho a protestar y exigir justicia”, dijo el presidente este jueves, en conferencia de prensa. López Obrador aprovechó para hablar de la situación de las guarderías en el país. Acompañado de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, el presidente insistió en las irregularidades que se dieron en administraciones pasadas y en la privatización de estos servicios. “Cuando llegamos al Gobierno, el presidente nos pidió que revisáramos casa por casa todos los programas y de 300.000 niños que recibían supuestamente el apoyo, encontramos a 200.000″, comentó la secretaria.

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