Un juez concede a Emilio Lozoya la prisión domiciliaria

Un juez federal ha concedido la prisión domiciliaria a Emilio Lozoya. El exdirector de Pemex ha salido del Reclusorio Norte, la noche de este martes, unas horas después de la decisión judicial que le permitirá seguir su juicio desde su casa tras casi tres años en la cárcel acusado de corrupción por el caso Odebrecht. La Fiscalía General de la República (FGR) ha lanzado un comunicado en el que alerta del riesgo de fuga, como ocurrió cuando el empresario escapó a España y fue capturado por la policía española en febrero de 2020. “Emilio N [se omite el apellido porque el caso está abierto] no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo haya sometido y solo ha obtenido de jueces y de magistrados de la federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados”, se lee en el pronunciamiento de la FGR.

La Fiscalía señaló a los jueces involucrados en los procesos judiciales contra Lozoya, uno por la trama corrupta de Odebrecht y otro por la venta de la planta chatarra de fertilizantes de Agronitrogenados, y aseguró que se han excluido pruebas clave, obtenidas por la FGR en Brasil y en Suiza. Tras una racha de derrotas en los tribunales, las autoridades recriminaron la decisión de que el exdirector de Pemex afronte las causas que siguen abiertas en libertad. El juez decidió, precisamente, que no existe el riesgo de fuga. Lozoya fue detenido en Málaga, al sur de España, en febrero de 2020. La FGR ha adelantado que recurrirá el fallo, que calificó de “inaceptable”.

Tal y como estaba previsto, Lozoya ha salido la noche de este martes del Reclusorio Norte de Ciudad de México, en una camioneta. Las cámaras de los medios de comunicación que esperaban a fuera del penal han captado los momentos en los que las el exdirectivo de la paraestatal abandona el lugar. Tras su arresto, Lozoya aceptó ser extraditado para sentarse en el banquillo de los acusados en México. En un primer momento, se había mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades y parecía que iba a convertirse en una especie de testigo colaborador. La falta de resultados en los tribunales al señalar a otros implicados y la divulgación de fotografías cenando en un lujoso restaurante de la capital en octubre de 2021 hizo que se agotara la paciencia de la FGR y que el acuerdo volara por los aires. El escándalo hizo que en noviembre de ese año se cambiaran las medidas cautelares y fuera ingresado en la cárcel.

Lozoya fue encargado de asuntos internacionales durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2012. La Fiscalía asegura que el político pactó con Odebrecht, un poderoso consorcio brasileño de la construcción, para que entregara cuatro millones de dólares durante la carrera por la presidencia a cambio de ser favorecido con contratos públicos cuando Peña Nieto llegara al poder. Se negociaron además otros seis millones de dólares al concluir la contienda electoral.

Luis de Meneses, jefe de la constructora, lo declaró a la justicia brasileña, en una trama corrupta que se extendió por todo el continente. Sin embargo, mientras el escándalo de Odebrecht ha provocado el encarcelamiento de expresidentes, empresarios y líderes políticos en otros países de Latinoamérica, en México prácticamente no ha tenido consecuencias. Ningún político señalado por el caso ha sido condenado. Lozoya dejó la dirección de Petróleos Mexicanos en febrero de 2016 y desapareció de la escena pública hasta que fue arrestado.

La suspensión de la prisión preventiva ha sido el último eslabón de una larga cadena de decisiones favorables para Lozoya. En noviembre pasado, una jueza dio la razón al exfuncionario priista y abrió la puerta para que recupere una lujosa propiedad en el exclusivo barrio de Las Lomas en Ciudad de México, valorada en 38 millones de pesos. La FGR, sin embargo, respondió días después que iba a recurrir el fallo y que no iba a entregar al acusado el control de la mansión, pieza clave en el caso Agronitrogenados. Los fiscales sostienen que la planta de fertilizantes fue adquirida por Lozoya después de recibir un soborno que ronda los cuatro millones de dólares y que fue utilizado para adquirir esa propiedad.

En agosto, otro juez frenó la acusación penal contra Lozoya por esa trama, con el argumento de que el daño ya estaba siendo reparado. El exdirector de Pemex ha negado en múltiples ocasiones la adquisición irregular de la residencia, asegurada por las autoridades desde mediados de 2019, y ha asegurado que el Ministerio Público no tiene pruebas suficientes para demostrar lo contrario. Los abogados de Lozoya han logrado múltiples retrasos, la desestimación de elementos cruciales de prueba y pequeños triunfos que han aumentado las dudas alrededor de la ofensiva judicial de las autoridades en su contra.

A mediados de diciembre pasado, ya se había celebrado una audiencia para decidir si se le concedía la prisión domiciliaria o no. Tras más de 12 horas, un juez suplente desechó los argumentos de la defensa. En esa oportunidad, la FGR se refirió a las tramas del exdirector de Pemex como el “asunto más escandaloso de corrupción de la pasada Administración”. Con su inminente puesta en libertad, el caso Odebrecht y el caso Agronitrogenados parecen tambalearse otra vez, en un nuevo encontronazo entre los cuerpos ministeriales e integrantes del Poder Judicial. Una vez cumplidos los protocolos para su salida de prisión, Lozoya tendrá que portar un brazalete electrónico y presentarse a firmar al juzgado cada 15 días, tal como hacía hasta finales de 2021.

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