El Gobierno de López Obrador reduce el presupuesto para combatir la violencia y la desigualdad de género

El pasado mes de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2024. Más de nueve billones de pesos con los que el Estado mexicano deberá financiar las diferentes dependencias y asegurar el funcionamiento del país. De ese total, lo destinado para reducir la desigualdad de género entre hombres y mujeres, conocido como el Anexo 13, no supera el 5% de lo presupuestado para el año. Aunque la cantidad etiquetada para igualdad es mayor que en años anteriores, su asignación no está enfocada en los programas para prevenir y acabar con la violencia o en atender la salud sexual y reproductiva.

En un país en el que cada día son asesinadas entre 10 y 11 mujeres, los datos demuestran que las prioridades del Gobierno están en otra parte. El 90% de esa partida presupuestaria se destinará a los programas asistenciales del Gobierno como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o la Pensión para Adultos Mayores. Por ejemplo, está previsto que este último programa se lleve seis de cada 10 pesos destinados al presupuesto para reducir la desigualdad de género. 251.000 millones de los 419.000 que representa todo el Anexo 13.

Las especialistas consultadas cuestionan que el criterio para etiquetar en el Anexo 13 cualquier programa carece de perspectiva de género y no resulta efectivo para reducir la desigualdad ni la violencia contra las mujeres. “Nosotras siempre decimos que en el presupuesto es donde se ven reflejadas las prioridades del Gobierno y pues no parece que sean ni la igualdad de género ni el combate a la violencia contra las mujeres”, señala Andrea Larios, investigadora del programa de Justicia Fiscal de la organización Fundar.

El Anexo 13 cubre tres temas prioritarios: promover la igualdad entre mujeres y hombres, erradicar la violencia de género y erradicar la discriminación. Pero las tres prioridades padecen de un desequilibrio presupuestario. El 93% se destina a la promoción de la igualdad, 6,2% a luchar contra la violencia y solo 0,1% a acabar con la discriminación.

Mientras una parte fundamental del presupuesto de género va destinada a los programas prioritarios de la Administración, los programas que atienden a víctimas de violencia o se encargan de las alertas de género en los Estados verán recortado su presupuesto o tendrán incrementos insignificantes por debajo de lo que ha crecido la inflación. Es el caso de Fevimtra, que tiene la responsabilidad de investigar y perseguir los delitos del orden federal de violencia contra las mujeres por su condición de género y los relacionados con la trata de personas.

“El presupuesto para los programas clave, solo representa el 0,8% del Anexo 13 para 2024″, señala Andrea Larios. Estos programas clave son las instancias de mujeres en los Estados (Paimef); el programa de apoyo de los refugios para víctimas de violencia de género; el programa para prevenir la violencia contra las mujeres y el programa de salud sexual y reproductiva. Desde Fundar apuntan que las instituciones clave para las agendas de igualdad de género y combate a la violencia a excepción de la Conavim tendrán menos dinero en 2024 del que tuvieron en 2019, lo que rompe con el principio de progresividad que debería de tener el presupuesto cada año.

En cuanto a salud sexual se produjo un incremento del 17%, pero aún así, el país sigue registrando altos niveles de muerte materna, embarazo adolescente no deseado, violencia obstétrica y una persistente criminalización del derecho al aborto. Desde Fundar apuntan que este incremento “no es suficiente para hacer frente a este problema”. En 2019 el dinero destinado al programa de salud materna, sexual y reproductiva tuvo su máximo de los últimos seis años. A partir de 2020 con la pandemia, se recortó la asignación presupuestaria y los niveles no han regresado a lo de 2019, es decir, se destinaron 466 millones de pesos menos a este programa. De 2023 a 2024 hay aumento, pero no es suficiente.

Este año la Secretaría de Educación Pública es la que cuenta con más asignación de recursos con 425.755 millones, seguida de la Secretaría de la Defensa Nacional, con 259.433 millones y la Secretaría de Bienestar 543.933 millones de pesos. Desde 2008, el movimiento feminista en el país impulsó de manera legislativa la creación de una partida presupuestaria, conocida como Anexo 13 del Presupuesto General, que asegura cada año una parte del dinero público para programas de igualdad y combate a la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, año tras año, las cuentas han salido peor. Por ejemplo, Andrea Larios menciona el cierre de estancias infantiles a principios del sexenio. Uno de los programas más útiles y necesarios para las mujeres trabajadoras que veían reducida la carga de cuidados gracias a estas entidades. “La pobreza está feminizada, es decir, más mujeres que hombres son pobres en México. También encuentran más dificultad para entrar al mercado laboral por las condiciones de desigualdad estructural que persisten desde hace años y a ello hay que sumarle el cuidado de los hijos que también recae en ellas”, señala Andrea Larios. “El cierre de las estancias infantiles fue el ejemplo perfecto de la desatención de la desigualdad estructural desde la política pública”, agrega.

Especialistas en el combate contra la violencia de género e integrantes del movimiento feminista miran con desconfianza estos recortes. “El Anexo 13 dejó de ser el instrumento para los fines que fue construido, por dos razones fundamentales, la primera, porque el Ejecutivo Federal no entiende que existe una desigualdad estructural histórica de las mujeres que hay que subsanar y erradicar; la segunda porque las y los legisladores -que se supone tendrían que velar por nuestros intereses- le han permitido hacer del anexo 13 su nicho para los programas asistenciales”, denunciaba la periodista Lucía Lagunes en una columna publicada en Cimac.

La violencia feminicida en México crece tan deprisa que el poco avance en el presupuesto y los recortes durante los años de la pandemia han representado un verdadero retroceso para una lacra que desangra al país. “Nos parece que los recursos no solo son insuficientes frente a este contexto de violencia, sino que han decrecido”, recalca Matilde Pérez, investigadora de Fundar. “Somos un país donde las mujeres vivimos en condiciones de mucho riesgo. En donde podemos ser desaparecidas o asesinadas solo por razones de género y no contamos con instituciones que nos permitan acceder a la justicia por una falta de presupuesto”, recalca Claudia de Anda, del Centro de Análisis e Investigación de Fundar.

Con más de 3.000 asesinadas al año, las consecuencias de esos recortes se traducen en vidas de mujeres y niñas. La violencia es multifactorial y requiere de múltiples respuestas, como menciona de Anda “una respuesta básica es contar con el presupuesto necesario para operar la política pública que salvaguarde nuestra vida”. Lamentablemente, el presupuesto 2024 para el Programa de Apoyo para Refugios especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos es igual de insuficiente y no ha crecido en el último año más que un 0,02%. Tras una importante caída en 2019, se dio una recuperación en 2020. Sin embargo, en 2021 y 2022 se dieron reducciones una vez más, justo en el momento en que la pandemia disparó las agresiones machistas y los refugios estaban desbordados.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de violencia señala que estos albergues se verán empujados un año más a buscar recursos adicionales en la iniciativa privada. De lo contrario, tendrán que cerrar. “En el contexto actual de incrementos en la violencia contra las mujeres, resulta sorprendente que entre 2018 y 2024, el presupuesto solo incrementó 10,3% en términos reales”, señalan desde la Red. En ese horizonte de tiempo, el presupuesto sufrió reducciones en el gasto aprobado en 2019 (-4,9%), 2021 (-5,0%) y 2022 (-3,1%).

Al margen de los recortes, el Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres), entidad responsable de impulsar y garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en el Gobierno mexicano, ha tenido una pequeña subida en sus montos respecto al año pasado. Para 2024 la Cámara de Diputados aprobó 974 millones de pesos, sin embargo, cada año, Hacienda realiza un ajuste sobre los montos aprobados en el presupuesto. En 2023 el InMujeres solo pudo ejercer el 62% del total de presupuesto que le asignaron, es decir, 582 millones de pesos de un total de 926.

En 2020, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado mexicano asegurar recursos públicos suficientes para desarrollar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva en el país.

Las alarmas de organizaciones, activistas e integrantes del movimiento feminista vuelven a saltar, mientras el Gobierno de López Obrador llega al final del sexenio como una de las Administraciones que más recortes y menos presupuesto real destinó para acabar con la violencia y reducir la desigualdad de género. “Nos preocupa ver que el Estado no está operando su política de manera estratégica ni eficiente. No solo es que no haya financiamiento suficiente, que de por sí es gravísimo, también hay muy pocas políticas que realmente están orientadas a cambiar la situación de desigualdad histórica que vivimos las mujeres” subraya Andrea Larios.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país