Luis Astorga: “No hay política de Estado en materia de seguridad, solo ocurrencias sexenales”

En tiempos de explicaciones rápidas y soluciones cosméticas, el académico Luis Astorga (Culiacán, 1953) exige reflexión y mesura. Doctor en sociología, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, acaba de publicar ¿Sin un solo disparo? Inseguridad y delincuencia organizada en el Gobierno de Peña Nieto, un libro que enriquece la serie de investigaciones sobre el tráfico de drogas en México y las relaciones entre crimen y política, a la que ha dedicado media vida.

Aunque el libro trata sobre el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), parte de lo que narra le remite al presente. Astorga muestra su enojo con López Obrador a cuenta de la “militarización” del país. No es decepción, dice, porque no esperaba nada bueno. “La demagogia se le da muy fácil a todos los políticos, pero hay unos más demagogos que otros, parafraseando a Orwell. Y López Obrador ha sido el campeón de todos”, critica.

“La restauración autoritaria es clarísima. A mis estudiantes les digo que esta administración me recuerda mucho a 1984″, dice, en referencia a la novela del mismo Orwell. “Lo que dice es exactamente lo contrario a lo que hay que entender. En el lenguaje de esta administración, el autoritarismo se llama democracia. La concentración de poder en el Ejecutivo es el súmmum de la democracia. Todos los demás poderes son corruptos. Y si los militares son el ejemplo de la honorabilidad, ¿por qué no un presidente militar?”, dice, irónico.

México vive una crisis intensa. Quienes tratan de entenderla, de asirla, como Astorga, asumen la dificultad de trabajar en medio del huracán. Los números dibujan la catástrofe. El país cuenta casi medio millón de asesinatos desde el año 2000, inicio de la administración de Vicente Fox, del partido Acción Nacional (PAN), concreción simbólica de la alternancia. El PRI, que había gobernado de manera absoluta el país durante décadas, consignaba finalmente su derrota.

Astorga señala que la alternancia empezó antes, cuando el PAN y el PRD, la izquierda escindida del PRI, empezaron a acumular poder a nivel local. Y que en ese deshielo, la “correlación de fuerzas” —expresión que usa con cierta asiduidad— entre el poder político y el criminal, empezó a cambiar. El control que la Dirección Federal de Seguridad (DFS), aparato represivo del Estado, había ejercido sobre el tráfico de drogas y sus operadores se fracturó. La autonomía de las organizaciones de criminales aumentó, sus intereses variaron.

“Los partidos se olvidaron por completo de la seguridad. Como si no hubiese indicios, ya desde finales de los años 60, de que la correlación de fuerzas entre el campo delictivo y el político se estaba modificando de manera acelerada”, critica Astorga. “Pensaron que las reglas electorales iban a ser suficientes para que todo lo demás funcionara de manera automática, algo bastante ingenuo. Es eso, o es que simplemente no les importó”, añade.

El Estado se libró del virus priista, pero otros ocuparon el espacio. En estos 23 años, tanto Fox como sus sucesores han intentado revertir la situación, contener la sangría. Se han implementado políticas de mano dura, se han creado corporaciones, han desaparecido otras… El resultado ha sido nefasto. Además del medio millón de asesinatos, México cuenta más de 110.000 desaparecidos y más de 5.000 fosas clandestinas. “Desde un principio no hubo un interés en conformar una política de Estado en materia de seguridad, lo que hemos tenido son ocurrencias sexenales”, señala.

Su nuevo libro, heredero del éxito editorial de El siglo de las drogas y de los canónicos, Mitología del narcotraficante y Seguridad, Traficantes y militares, se centra en el Gobierno de Peña Nieto, del PRI. Parte de una idea muy sencilla: ante la ignorancia o desidia de los nuevos gobernantes, el cambio en materia de seguridad fue meramente discursivo. Con Peña, los funcionarios del ramo usaban una misma expresión cuando se realizaba una detención que consideraban importante. Para tratar de distanciarse del Gobierno anterior, presidido por Felipe Calderón (2006-2012), decían que la captura se había realizado “sin un solo disparo”.

Desde luego, se hicieron cosas. Peña Nieto jugó con la idea de devolver el Ejército a sus cuarteles. Con Calderón, también del PAN, los militares habían elevado su perfil en tareas de seguridad, liderando operativos contra la delincuencia organizada en medio país. El salvajismo de las organizaciones criminales, por un lado, y la respuesta no menos salvaje de las Fuerzas Armadas, en muchas ocasiones, generaron un fuerte rechazo de la población, que abandonó al PAN en 2012.

Las intenciones de Peña Nieto chocaron, sin embargo, con su falta de estrategia. El presidente habló entonces de la creación de una nueva corporación, la gendarmería, que se nutriría de militares y marinos y que, bajo mando civil, heredaría el trabajo del Ejército. Nunca ocurrió. Mientras tanto, Peña, su gabinete y cargos políticos de todos los niveles hablaban de grupos delictivos, cárteles, células y demás parafernalia pseudoacadémica, que quería transmitir cierta sensación de control sobre la realidad.

Astorga dedica algunas páginas a aquella discusión que dominó el debate durante unas semanas en 2017, acerca de la presencia de cárteles en Ciudad de México, tras la detención del presunto líder de una organización criminal que tenía su base supuestamente en el sur de la capital, conocida como Cártel de Tláhuac. En el libro, Astorga escribe: “La discusión no debería ser sobre las etiquetas, sino sobre las características y diferencias entre organizaciones delictivas”. El punto de partido de una política de Estado, la base para entender la realidad.

El académico desarrolla la idea en la entrevista. “Las etiquetas son detalles folklóricos que alimentan a la prensa. Yo recuerdo preguntarle a militares que qué cosa era una célula criminal. Y me decían una serie de cosas sin fundamento… Piensan en el cuerpo humano como metáfora”, señala. “El cuerpo humano está formado por millones de células y todo lo demás. Cuando hablan de una organización delictiva, lo piensan como un organismo, donde hay subgrupos, que les denominan células… ¡Pero en realidad nadie sabe! Es una feria semántica, de etiquetas… Ya no saben las propias autoridades cómo hacer. Ante la dificultad para atrapar a los delincuentes en la vida real, los quieren atrapar de manera simbólica, con una etiqueta que engloba todo”.

Ante la falta sistemática de estrategia de seguridad a largo plazo, defiende Astorga, la inercia de los gobiernos, desde antes incluso del cambio de siglo, ha sido incorporar a los militares a la vida pública. Es la gran paradoja: desde el discurso, el viento manda, los políticos cazan al vuelo opiniones mayoritarias para desplegar sus tesis. Debajo de la mesa, le pasan el control al Ejército.

“O sea, cambias el discurso, pero al mismo tiempo estás siguiendo una pauta que empezó en los años 70, a raíz de la operación cóndor, el primer gran operativo militar en América Latina de destrucción de cultivos ilícitos”, explica. Estados Unidos fue el gran patrocinador de esos esfuerzos, primero en México y luego en Sudamérica. Y la lógica del gran vecino del norte permea hasta nuestros días.

“No es nada más la decisión de un presidente en un determinado momento”, explica. Astorga critica las etiquetas que López Obrador ha usado estos años, la guerra de Calderón, los muertos de Calderón. No es que defienda al expresidente, es que todos tienen culpa, porque todos han reaccionado igual, con ocurrencias, siempre buscando el refugio de las Fuerzas Armadas, ninguno como el actual Gobierno.

“Es, por un lado, el papel de EEUU, su insistencia en combatir la producción y tráfico de drogas y, por otro, la aceptación de los gobernantes mexicanos de tener a militares en posiciones cada vez más operativas de aparatos de seguridad” matiza. “Todo por la visión de EE UU sobre el peligro que representa el tráfico de drogas para la seguridad nacional. No son los muertos ni de Calderón, ni del vecino del norte, son los muertos de cada uno de los presidentes, porque cada uno tiene su responsabilidad política, como comandantes supremos de las Fuerzas Armadas.

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