El pulso entre el Gobierno y las empresas paraliza la distribución de los medicamentos entre los pacientes en México

Aunque el Gobierno de López Obrador enarboló desde su comienzo una cruzada contra las grandes empresas comercializadoras de medicamentos por la sombra de presunta corrupción, las alternativas de esta Administración para comprar sin intermediarios millones de fármacos tampoco muestran resultados. Licitaciones aplazadas o desiertas, negociaciones en privado y adjudicaciones directas han sido la constante. Entidades como la petrolera estatal, Pemex, la Secretaría de la Defensa (Sedena) y el Gobierno del Estado de México han terminado por comprar por separado sus fármacos y, a partir de este año, el Gobierno federal ha vuelto a permitir la participación de distribuidoras en las grandes licitaciones de medicamentos y materiales de curación. Mientras tanto, los pacientes de los centros de sanidad públicos se quedan a la espera de medicamentos ante un desabasto intermitente.

El más reciente botón de muestra, la primera megacompra de medicamentos del año, cuyo fallo previsto desde el viernes pasado, se aplazó para esta semana tras la necesidad de un exhaustivo análisis de las proposiciones de las 639 claves a licitar, así como de las reiteradas quejas de los farmacéuticos sobre que la página de Compranet a través de la cual participarían presentó errores técnicos.

En esta licitación internacional, el Gobierno pretende adquirir los medicamentos y piezas de curación que utilizarán durante los próximos dos años nueve dependencias de la Administración central. Entre los compradores figuran el propio Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); las Secretarías de Marina, Defensa Nacional, y de Salud; la Guardia Nacional, Hospitales de Alta Especialidad, entre otros. Según el acta de apertura de propuestas, participaron 173 empresas buscando ser proveedores. La licitación, que incluye la compra como mínimo de 280 millones de piezas y un máximo de 700 millones de piezas, comprende desde genéricos como el paracetamol y parches de nicotina hasta materiales quirúrgicos.

En la trinchera, al interior de los hospitales, el personal médico sigue en espera de los insumos para poder atender a los enfermos. “A nivel general sí hay una carencia de medicamentos y esto agranda más el tiempo de hospitalización de los pacientes, para nadie es un secreto que el sistema de salud público está sobrecargado de pacientes, faltan a veces analgésicos, antibióticos de amplio espectro o insulinas”, dice un trabajador del sector salud, quien prefiere no dar su nombre para evitar represalias. El enfermero, con más de una década de experiencia en un hospital público del Estado de México, indicó que aunque la carencia de fármacos ha sido un problema latente desde la Administración pasada, se agravó ahora con la pandemia. En su experiencia, precisa, del cuadro básico de medicamentos que debe contar un hospital hay un faltante de un 8% a un 20%

Desde que comenzó este Gobierno, una de sus batallas principales fue en contra de los supuestos actos de corrupción en la compra de medicamentos. En 2019, el Ejecutivo vetó a una decena de comercializadoras farmacéuticas porque a juzgar de la Administración federal se llevaban la mayor parte del negocio y después implementó su propio esquema de logística para la adquisición y distribución de fármacos. Para la compra, echó mano de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), mientras que para el reparto de medicamentos se anunció la creación de una empresa estatal a través de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

Sin embargo, en octubre pasado, el Gobierno culminó anticipadamente el contrato con la UNOPS aunque el convenio original vencía hasta 2024 y también se anunció que el Insabi entregaría los fármacos directamente a los hospitales para acortar tiempos. “Estamos trabajando en mejorar la distribución para que lleguen al paciente. Necesitamos que los medicamentos no se queden en los almacenes y en las manos de quienes no lo requieren.”, declaró en ese entonces el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer.

Ahora, el gremio farmacéutico celebra que las recientes licitaciones contemplen de nuevo a los comercializadores. Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), indicó que el viraje para incorporar a los distribuidores les da más certidumbre. “Estamos optimistas, queremos que sea una licitación transparente y que cubra el mayor número de claves posibles. Ahora por lo menos hay un diálogo y sentimos que está mucho mejor hecha esta licitación, mucho más efectiva. En el pasado, más que el desabasto, las licitaciones de UNOPS cubrían el 30% de la demanda y era un modelo que no funcionó en México y este modelo que está haciendo Insabi es mucho mejor, es más transparente y ayuda a cubrir el desabasto”, indica.

El año pasado fueron reiteradas las quejas de desabasto de medicamentos oncológicos, antirretrovirales para enfermos con VIH u otros fármacos como el ketorolaco, diclofenaco inyectable, ampicilina o captopril. En el último tramo de su Gobierno, el presidente aún tiene pendiente garantizar el abasto de medicamentos en todos los rincones del país. Aunque el Insabi presume resultados con una inversión de más de 100.000 millones de pesos para garantizar el abasto de medicamentos y el sector farmacéutico se muestra optimista con las últimas acciones de la Administración federal, serán los pacientes los que constaten si sus tratamientos son una realidad o una promesa más.

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