Todo comenzó con la explosión de una lavadora

Tradicionalmente, se asocia la palabra cartel a organizaciones delictivas que trafican con armas o drogas. Si solo fuera eso. México ha diversificado el concepto hasta extremos insospechados de la mano de la corrupción. Los carteles pueden tener ahora muchos apellidos: el del huachicol, el de las basuras, el del gas, o cualquier otro en el que una red delictiva esté monopolizando un negocio. El que nos ocupa estos días es el cartel inmobiliario, que levantaron unos cuantos espabilados en la alcaldía Benito Juárez, de la capital mexicana. Se pone en marcha la maquinaria de la corrupción, con la connivencia de los poderes públicos, de los partidos políticos, de los empresarios, y a hacer dinero. Año tras año, sin que nadie le ponga freno.

La gracia de este caso, si es que tiene alguna, es que el entramado se fue al garete por culpa de una lavadora, a la que un buen día le dio por explotar. Para qué fiscalías, ni inspecciones locales si contamos con la participación desinteresada de las lavadoras. Ocurrió que los señores del negocio ilícito dieron algunos pasos en falso asustados por el escándalo de la lavadora y la información que una inspección podría generar en los apartamentos y el nombre de sus dueños. Las medidas para proteger la red ilícita de construcción de edificios tuvieron el efecto contrario y la investigación, que ya estaba en marcha, recibió de repente información relevante, pruebas y pistas para atar cabos. Los espabilados también cometen errores.

Pero eso fue el capítulo primero. El segundo, que este periódico ha revelado recientemente, nos cuenta con claridad meridiana por qué los malos cometen maldades: porque se lo permiten. La alcaldía Benito Juárez vivió un auge inmobiliario en los últimos años que a cualquier ciudadano le tiene que dar que pensar, en México y en Pernambuco pasando por Madrid. Máxime a las autoridades que vigilan el cumplimiento de las leyes en esta materia, a sabiendas de que la construcción desaforada es una fábrica de intereses coludidos en tantos casos. Pero Georgina Zerega cuenta acá cómo la ley fue lo último que se tuvo en cuenta en este lucrativo negocio. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Ciudad de México (PAOT) alertó en 2014 al entonces alcalde Jorge Romero, actual diputado del Partido Acción Nacional (PAN), de irregularidades de toda clase en al menos siete construcciones.

El alcalde no se dio por enterado, al parecer. Es ahora, cuando la Fiscalía de la Ciudad de México ha abierto su expediente contra el cartel inmobiliario de la Juárez (gracias, lavadora), que ha dado con sus huesos en la cárcel Luis Vizcaíno, director jurídico y de Gobierno de la alcaldía entre 2009 y 2016, acusado de enriquecimiento ilícito. Se busca a Nicias Aridjis Vázquez, a la sazón director de Obra Pública de la alcaldía, de quien se sospecha que operó con malas mañas entre 2006 y 2018. Por entonces, los ciudadanos, efectivamente, se hartaban de denunciar y denunciar irregularidades en los predios. Tantos fueron los reclamos que las autoridades abrieron investigaciones y se emitieron recomendaciones. Pero nada. Hubo de explotar la benéfica lavadora, que dios la tenga en su seno, para que la maraña corrupta comenzara a desenredarse. Atentos a los siguientes capítulos.

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