Un boom inmobiliario al margen de la ley: los avisos que el cártel de la Benito Juárez desatendió desde 2014

Parte del boom inmobiliario que vivió la alcaldía Benito Juárez en los últimos años estuvo fuera de la ley. Así lo estableció en múltiples casos la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Ciudad de México (PAOT), el organismo de Gobierno que vigila que se cumplan las normas de construcción en la capital. De acuerdo a documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la dependencia alertó en 2014 al entonces alcalde Jorge Romero, actual diputado del Partido Acción Nacional (PAN), de una serie de irregularidades en al menos siete construcciones. La Procuraduría le pidió a Romero que sancionara a quienes habían cometido los excesos y tomara medidas con los edificios, en algunos casos derrumbara los pisos extras que se habían construido por fuera de lo permitido. Además le solicitó que abra “procedimientos administrativos y penales” en contra de los funcionarios involucrados. Nada de eso fue acatado. Las propiedades siguen intactas y recién en julio pasado la Fiscalía de la ciudad anunció acciones legales contra los responsables de lo que llamó El Cártel Inmobiliario.

En un documento fechado en febrero de 2014, la PAOT informó a Romero, alcalde de la Benito Juárez entre 2012 y 2015, que a lo largo de su gestión había recibido 1.779 denuncias ciudadanas sobre irregularidades en predios de esa delegación. De acuerdo a la información de la Procuraduría, solo los reportes por problemas territoriales en esa alcaldía representaban en aquel momento el 10% de las quejas de toda la ciudad, gobernada en ese entonces por Miguel Ángel Mancera (PRD). Por las denuncias de la Benito Juárez, las autoridades abrieron al menos siete investigaciones que llevaron a emitir una recomendación que no fue tomada en cuenta. Este periódico consultó al diputado Romero sobre lo documentado por la PAOT, pero al momento de la publicación no había respondido.

Las anomalías en el desarrollo inmobiliario en la Benito Juárez entraron en el debate el pasado julio, cuando la Fiscalía de Ciudad de México anunció una causa judicial que llamó públicamente como El Cártel Inmobiliario. El expediente, que inició con la explosión de una lavadora en uno de los edificios bajo investigación, llevó a la cárcel hasta ahora a Luis Vizcaíno, exdirector jurídico y de Gobierno de la alcaldía entre 2009 y 2016, acusado de enriquecimiento ilícito y puso bajo pedido de búsqueda a Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obra Pública de la delegación, que las autoridades creen que operó entre 2006 y 2018.

La recomendación de la Procuraduría es un largo registro de las reiteradas violaciones a la ley que hubo en las edificaciones de la alcaldía. Entre las irregularidades reportadas está el problema de los certificados de uso del suelo, unos documentos que establecen legalmente lo que está permitido hacer en un predio. Ya en 2014 la PAOT le reclamaba a Romero que existía una “conducta reiterada” de los responsables de obra de presentar documentos expedidos en los años noventa que otorgaban permisos más beneficiosos que lo que las leyes permitían hace ocho años.

Además reprochaba que la delegación no ejecutara controles sobre los papeles que se presentaban en la alcaldía para obtener los permisos para construir un edificio. “Se ha identificado que la delegación no cumple con la obligación de revisar al momento del registro de la manifestación de construcción el cabal cumplimiento de los requisitos establecidos por el reglamento de construcciones para el Distrito federal”, dice el documento.

Esa primera falla, la de los permisos de uso del suelo, lleva a otra, la de construir por fuera de la ley, según dice la Procuraduría. “Se ejecutan obran que no respetan los niveles y los números de vivienda permitidas”, reprocha la dependencia. A esto se le vuelve a sumar la falta de controles una vez que las obras se estaban levantando, que lleva a que la alcaldía no imponga las medidas y sanciones correspondientes, “inclusive la demolición de los inmuebles”, para evitar las violaciones a la normativa. “No se revisa en los hechos de manera oportuna que lo manifestado cumpla con lo que se ejecuta para, en su caso, promover las acciones legales necesarias en defensa de la calidad de vida de los habitantes”, detalla. A lo largo de las páginas, la dependencia insiste en varias ocasiones en que la Administración de Romero debía sancionar a los responsables de los excesos: “Destaca la falta de aplicación adecuada de sanciones”.

De los siete edificios que investigó la Procuraduría en febrero de 2013, un año antes de emitir la recomendación, todos violan la normativa establecida por el programa de desarrollo urbano, un plan de ordenamiento territorial avalado por las autoridades de la ciudad que establecen las normas para la construcción. Una de las construcciones, ubicada en la calle José María Ibarrarán al 38, debía tener como máximo tres niveles y seis viviendas. En la realidad, el organismo constató que el inmueble tiene cuatro niveles y 12 viviendas, el doble de las permitidas.

Otro ejemplo es el edificio en la calle Uxmal al 543. Allí la normativa establecía un máximo de tres niveles de edificación y nueve viviendas. Pero en los hechos se levantaron siete niveles y 24 viviendas, reportó la PAOT. Algo similar pasó en todos los otros domicilios investigados, en donde se construyeron muchos más departamentos de los permitidos. En la cuadra siguiente, apenas unos metros más allá, hay otro edificio con irregularidades reportadas. Todas estas propiedades forman parte de la lista de 69 edificios investigados actualmente en la causa contra El Cártel Inmobiliario.

Entre los requisitos para construir un edificio, explica el documento, los proyectos “deberán cumplir con lo establecido por el programa de desarrollo urbano”, algo que no se hizo de acuerdo a lo registrado por la PAOT, que cita la ley de desarrollo urbano de la capital. Una vez que el edificio está listo para ser habitado, es la alcaldía quien da el visto bueno entre lo aprobado en el proyecto y lo construido realmente. Si todo está en orden, de acuerdo a la ley, las autoridades de la delegación emiten un permiso para ocupar el inmueble. Esto apunta directamente contra la Administración de Jorge Romero, por haber dado esos permisos para ocupar las viviendas a pesar de que todos los edificios se habían excedido.

Ante todas estas fallas, la PAOT calificó de “insuficiente y parcial” la actuación de la alcaldía por haber cometido “omisiones e incumplimientos”. La sanción para las constructoras que levantaron los edificios, asegura, debe ser la demolición de los niveles excedentes. “Las violaciones al uso del suelo en cuanto a la altura no son subsanables con alguna otra sanción”, explica la Procuraduría. La “inadecuada gestión del espacio urbano” en la Benito Juárez, agrega, tiene un “alto impacto” en toda la calidad de vida de los ciudadanos no solo de esa alcaldía, sino de toda la ciudad.

Al finalizar, la Procuraduría insta a Romero a que actúe dentro de los márgenes de la ley, que verifique que los edificios en su alcaldía tengan los permisos correspondientes y que las construcciones no se hayan extralimitado. La instrucción de la PAOT incluye sanciones para las constructoras, que deberán demoler los pisos extras que levantaron por fuera de la ley y “acciones administrativas y penales en contra del director responsable de obra y servidores públicos involucrados”. Esa misiva fue ignorada. Ninguno de los cuatros niveles ilegales que tiene el edificio de la calle Uxmal, según ha podido constatar este periódico, ha sido demolido.

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