Una casa rodeada de sicarios y cinco familiares presos: la violencia persigue a los LeBarón

El último episodio de terror que vivió la gran familia mormona de los LeBarón comenzó el fin de semana con unas fotos compartidas en Facebook. Unos criminales de la zona sur del Estado de Chihuahua vieron unas imágenes en la red social publicadas por una persona cercana a los LeBarón, donde aparecía un hombre conocido como Milo, que los delincuentes estaban siguiendo desde hacía un tiempo. Milo había ayudado a la familia recientemente en una feria local, por lo que decidieron ir a buscarle a la casa de Yoli Johnson LeBarón. El sábado por la tarde, Julián LeBarón recibió una llamada de su prima. Habían golpeado a Georgie, uno de los empleados, y le habían mandado a decir a ella y a su marido que irían por ellos “a menos que entregaran a Milo”. A los pocos minutos, la casa estaba rodeada de sicarios y la pareja decidió huir por una puerta trasera con sus hijos menores de edad.

―Mi marido vino corriendo y me dijo: “Tenemos que irnos ya”. Estaban viniendo, estaban en la carretera justo al lado de nuestra casa. Literalmente corrimos, cruzamos zanjas, vallas. Logré sacar a mis cuatro hijos [...], pero no sé si estamos a salvo en este punto.

―Okey, vamos a buscarlos ahora mismo, Yoli

En la llamada, se escucha a la mujer muy alterada. La conversación original es en inglés. La familia, que vive a ambos lados de la frontera, tiene doble nacionalidad: son mexicanos y estadounidenses. Desde que sufrieron la brutal matanza de noviembre de 2019, cuando unos sicarios atacaron y asesinaron a tres mujeres y seis niños del clan, los LeBarón se volvieron los principales denunciantes de la violencia generada en esa zona fronteriza controlada por el narcotráfico, donde opera principalmente el Cártel de Juárez y se pelea algunos territorios con el de Sinaloa. Llevan desde entonces señalando también el compadreo entre el crimen organizado y las autoridades locales.

El sábado por la tarde, cuando la familia se enteró de lo que le estaba pasando a Yoli, tomaron las armas de caza que usan en sus ranchos y partieron rumbo a la granja de su prima, en el municipio de Casas Grandes, a menos de dos horas de la frontera con Estados Unidos. Los miembros más conocidos de la familia pidieron ayuda a las fuerzas de seguridad federales y a los vecinos de la comunidad a través de sus cuentas de redes sociales, donde cuentan con miles de seguidores.

Iban en grupos separados. En uno iba Julián LeBarón con otros familiares, acompañados por agentes de la Guardia Nacional, cuenta él mismo a este periódico. En el otro, un poco más adelante, iba un primo de 70 años con cuatro de sus hijos. Todos iban con sus rifles de cacería. Julián relata que mientras iban rumbo a Casas Grandes, uno de los muchachos que viajaba en el otro grupo habló con Yoli, que le dijo: “Si no vienen rápido nos van a matar, porque los puedo ver, viene gente armada”.

Ese grupo siguió camino y al llegar a Casas Grandes unas patrullas de policía de otro municipio vecino, Nuevo Casas Grandes, les rodearon y les encañonaron. Se los llevaron arrestados por posesión de armas de alto calibre. Entre los rifles de caza que llevaban apareció luego una R15, un rifle semiautomático. Los LeBarón enseguida dijeron que esa arma no era de ellos, que había sido sembrada por los agentes. “Los forenses hicieron un análisis de las huellas en todas las armas”, dice Julián. César Jáuregui, secretario de Gobierno de Chihuahua, afirmó el lunes que se estaba evaluando la acusación, que finalmente fue absorbida por la Fiscalía General de la República, y agregó que esperaba que se resolviera pronto. Este periódico consultó a la Fiscalía estatal y al Ministerio Público federal, pero no recibió respuesta de ninguno de los dos.

Los LeBarón aseguran que el departamento policial de Nuevo Casas Grandes tiene lazos con el crimen organizado. El actual director de seguridad pública de ese municipio era antes director de la Policía Municipal en Galeana, donde él vive. “Es un sicario”, dice Julián, “nosotros los corrimos a todos esos policías [de Galeana] y tenemos meses denunciando que la alcaldía de Nuevo Casas Grandes los contrató para dirigir su corporación policíaca”.

Por azar o por suerte, el último azote de la violencia a la familia LeBarón no dejó mayores consecuencias que lamentar. Yoli, su marido y sus cuatro hijos se encuentran bien, pero aún les queda la preocupación. “Ellos sentían el peligro inminente. Afortunadamente, llegamos a tiempo para que se salvaran”, dice Julián. El segundo grupo familiar llegó a tiempo para defender a los parientes en peligro.

Después de pasar dos días detenidos, y gracias a la presión de la familia, local y nacionalmente, los cinco miembros del clan quedaron en libertad. Ya no enfrentan la acusación por armas de uso exclusivo del Ejército —o de alto calibre—, pero siguen en un proceso por portación ilegal de armas, ya que contaban con el registro, pero no con un permiso para portarlas o sacarlas de su propiedad. Sin embargo, comentan, no dudan en volver a agarrarlas para defender a los suyos. A la Policía, aseguran, “no se puede ni llamar”.

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