El comité de víctimas por la matanza de Nochixtlán denuncia un atentado contra su líder

El comité de víctimas por la matanza en Nochixtlán ha denunciado un atentado contra su presidente, Santiago Ambrosio. El grupo, que desde 2016 pide justicia por el asesinato de al menos ocho personas durante un enfrentamiento con la policía en Oaxaca, se encontraba reunido este martes en la casa del dirigente de la organización cuando cerca de la medianoche varias personas comenzaron a lanzar piedras contra la vivienda. Aunque no hubo heridos, según un vocero de la organización, el coche del activista fue destrozado y los presentes aseguran que escucharon un disparo. El comité ha afirmado que se trata del tercer atentado contra Ambrosio, que ha recibido amenazas telefónicas y se encuentra dentro del mecanismo de protección federal para defensores de derechos humanos.

Pasada la medianoche, el comité de víctimas emitió una alerta y lanzó rápidamente un comunicado. “Nos declaramos en alerta máxima y responsabilizamos al gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, al fiscal general, Arturo Peimbert Calvo, y al Gobierno federal de la integridad del compañero y de los demás miembros del comité”, se lee en el escrito difundido en redes sociales. Pedro García, vocero del grupo, ha explicado a EL PAÍS que Ambrosio está amenzado y teme por su vida. El dirigente fue atacado en otras dos ocasiones, según cuenta García: una en 2017, cuando “dispararon contra su domicilio”, y otra en 2018, cuando “fue levantado, golpeado y torturado” en Nochixtlán. El comité también ha registrado emboscadas, persecuciones e intimidaciones contra miembros del grupo.

El comité atribuye las agresiones y amenazas a su trabajo al frente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio. El grupo se creó en 2016 tras la matanza de maestros en Nochixtlán, un municipio a una hora de la capital del Oaxaca. El 19 de junio de ese año maestros y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de familias, bloqueaban las carreteras que conectan Ciudad de México con Puebla y Oaxaca a la altura de Nochixtlán contra la Reforma Educativa del Gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018). La agrupación sindical CNTE, opositora de la reforma, venía chocando desde hacía tres años con la policía por las protestas.

Cerca de las siete de la mañana, los manifestantes fueron atacados por por más de 800 agentes en un operativo ordenado por el entonces gobernador del Estado, Gabino Cué. Fue “sin previo aviso”, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en menos de 15 minutos el bloqueo quedó disuelto. Los manifestantes se trasladaron a un panteón cercano y luego al centro de Nochixtlán, donde más vecinos se les unieron y se desató el caos. Los enfrentamientos duraron cerca de nueve horas, hasta las tres de la tarde, cuando los agentes se retiraron. Al menos ocho personas murieron ese día, todos civiles, y un centenar fueron lesionadas.

Tres agentes, dos mandos de la policía estatal y uno de la federal, han sido detenidos desde la matanza. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en en 2019 que a las víctimas de la masacre se les iba “a apoyar”. “Hay cosas que tardan y ustedes lo saben. La justicia tarda pero llega cuando hay voluntad”, afirmó. Tres años después, el comité todavía pide que se condene a los autores intelectuales. “Hemos estado insistiendo a este Gobierno y a la Fiscalía para que se cite a la cadena de mando político, que en este caso van hasta Enrique Peña Nieto”, dice García. “Ha habido una negativa por parte de la Fiscalía General de la República. Pareciera que existe un pacto de impunidad”.

“En Oaxaca se está viviendo un clima de inestabilidad por el cambio de Gobierno”, asegura García. A principios de mes, fue electo el morenista Salomón Jara, quien tomará el relevo a Alejandro Murat, del PRI. “No es algo que deberíamos normalizar, pero así sucede: cuando hay un cambio de sexenio hay crispación en el Estado”, agrega el vocero. En junio, fue asesinado el activista Pedro Vázquez en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur. Él era dirigente del consejo de comunidades indígenas de esa región y diputado de Morena. Además, un grupo de personas armadas entró en la casa de Aurora Palacios, dirigente del Frente Popular Revolucionario, en en el municipio de Jalapa de Díaz, en la cuenca de Papaloapan. Ella no estaba en su domicilio, pero sí su familia, que fue lesionada.

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