Los refugios para mujeres maltratadas denuncian el retraso en la entrega del dinero presupuestado para 2022

Esta noche pasada, Wendy Figueroa apenas ha dormido un par de horas. El rescate de una mujer y sus cuatro hijos, amenazados por el agresor con el que viven, se ha complicado, pero afortunadamente ya están en un refugio a buen recaudo. Una de las pequeñas se puso con fiebre y vómitos y hubo que trasladarla al hospital, por si fueran pocas las complicaciones de sacar a personas en peligro de sus casas en plena noche cuando llaman pidiendo socorro. Hay que hacer un trabajo fino. Así transcurren las cosas para Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, que hoy denuncian un “retraso” en el presupuesto que reciben del Estado para sostener estas casas de acogida. Son alrededor de 420 millones de pesos que, dice, aún no han sido liberados por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). “Se están poniendo en riesgo los refugios, la vida y la seguridad de estas familias que tenemos acogidas”, dice Figueroa.

La Red Nacional atiende a 6.800 personas entre mujeres, niñas y niños. Para ello disponen de nueve casas de emergencia, otras nueve de transición, 39 refugios y 30 centros de atención externa por todo el país. Pero la ley solo reconoce los dos últimos recursos y para ello reciben presupuesto estatal, que “no ha variado prácticamente de 2021 a 2022, unos 420 millones de pesos”, dice Figueroa. “En Conavim hablan de un incremento pero no tienen en cuenta la inflación del 7%, que en los alimentos es de un 12%”, sigue la directora. Tampoco reflejan las cuentas estatales el incremento de un 55% que se ha producido en el número de mujeres que necesitan esta atención que aquí les prestan. El encierro en las casas con el enemigo durante la pandemia no fue el mejor escenario para las víctimas.

Pero el problema es más una cuestión de retraso. Aún no liberan el dinero presupuestado, que ya no estará en marzo, ni en abril. No saben cuándo llegará. “Nos han pedido que hagamos nuestro plan financiero en 10 meses, en lugar de en 11, pero eso a los proveedores que nos surten no les convence, si no hay un documento en el que se indique que podrán cobrar de forma retroactiva”, explica Figueroa. “Así que no estamos hablando de acotar el periodo de ejecución, como dice la Conavim, sino de una reducción”.

La Red nacional anda ya buscando donaciones para seguir adelante, a pesar de que reconocen que la gente que trabaja con estos albergues es “colaborativa”, entiende la situación y el trabajo que realizan, dice Figueroa por teléfono. “Tenemos que seguir actuando, las violencias no pueden esperar”, afirma.

El 6 de marzo, la directora de Conavim, Fabiola Alanís, se reunión con las ONG que se dedican a la atención de mujeres en riesgo de agresión mediante sus refugios y casas externas. En total 73 refugios y 40 centros. En dicho encuentro se les garantizó que recibirían el presupuesto para los proyectos presentados con los procesos formales de la Administración. En Conavim señalan que desde 2019 el monto para estos programas ha experimentado un incremento del 20%, pasando de los 346,5 millones en ese año a los 420 aprobados para este ejercicio. “No habrá marcha atrás en los apoyos del Gobierno para las mujeres violentadas en razón de género y sus hijos”, les dijo entonces la comisionada.

Pero el tiempo ha pasado y el dinero no llega. También hay procesos financieros que estas asociaciones sin ánimo de lucro tienen que cumplimentar, como es pagar a los proveedores de alimentos y otros insumos que necesitan los refugios. Y el retraso dificulta la negociación con ellos. “En Conavim nos dicen que nos ajustemos solo por esta ocasión, pero no hablan de retraso, y sí lo es”, dice Figueroa. “Ya hay un retraso en la ejecución del presupuesto de un mes y no tenemos respuesta sobre cuánto más habrá que esperar”, sostiene.

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