El Gobierno de López Obrador analiza frenar la inflación con un control en precios y producción de alimentos

La inflación por encima del 7% se ha convertido en un quebradero de cabeza para la Administración de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México ha declarado recientemente que su Gobierno ya analiza imponer precios máximos a los alimentos de la canasta básica para intentar frenar una escalada de precios desbocada. “Estamos haciendo un plan de producción de alimentos para que haya más oferta y podemos también con los alimentos controlar la inflación. Lo mejor para frenar la inflación es producir, que haya oferta, pero también ayuda el control de precios”, ha dicho.

Hasta la primera mitad de marzo, la inflación en México se ubicó en 7,29% a tasa anual, de acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi. Entre los productos que más se encarecieron fueron la cebolla, con un aumento del 8,41%; el aguacate, con 6,7% y el huevo, con 2,98%. Derivado de este aumento de costo en los alimentos, el precio promedio de la canasta básica en las principales ciudades del país se elevó un 13,5%, un incremento de cuatro décimas respecto al mes previo, según los análisis del sector alimentario. El aumento del salario mínimo, que ahora se ubica en una franja de 123 a 185 pesos diarios, no alcanza a esquivar la presión inflacionaria reciente.

La Administración federal ya ha impulsado una política de control de precios en las gasolinas a través de una política de subsidios. Las presiones inflacionarias y el conflicto ruso en Ucrania han elevado el precio global del petróleo y con ello el de las gasolinas en el mundo. Para atajar el aumento de los costos en los combustibles, el Gobierno mexicano renunció desde marzo a cobrar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y la Secretaría de Hacienda autorizó, además, un estímulo fiscal adicional. Una medida que ha celebrado el mandatario: “Fuimos de los primeros en el mundo en decidir que no iba a aumentar el precio de los combustibles. Esta medida apoya a la economía popular y nos ayuda a enfrentar la inflación y ahora vamos con lo de los alimentos porque nos importa mucho también”, dijo.

Contrario al optimismo del Ejecutivo, distintos analistas advierten de los riesgos para las finanzas públicas. Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA), advierte de que volver a este tipo de políticas que se aplicaron a finales de los ochenta puede provocar una distorsión en el país y va en contra de la Ley de Competencia Económica. “Hay que ver de qué trata la propuesta para saber cómo se va a fijar el precio máximo. Programas de ese tipo nunca han dado resultado en el pasado porque crean una incertidumbre a lo largo de toda la cadena productiva”, comenta.

Anaya asegura que lo que se necesita ahora es que el Gobierno incentive la producción pecuaria y de granos y oleaginosas. “Lo que se requiere ahora es aumentar la oferta porque es la única manera de bajar los precios y ahorita, lo que requerimos es poder aumentar la producción”, afirma. México produce actualmente unas 40 millones de toneladas en granos y oleaginosas, lo que supone un 49% de las más de 80 toneladas que se consumen. El especialista sugiere que lejos de una política de precios, el productor busca mayor certeza sobre sus cosechas, por ejemplo, con esquemas de agricultura por contrato. Un esquema que permitía blindar sus precios contra la volatilidad y que se desmanteló en esta Administración.

Héctor Villarreal, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, coincide en que, si bien topar los precios en alimentos tiene un beneficio para el consumidor en breve, a mediano plazo es una política perjudicial. “Normalmente, los controles de precios en alimentos te generan distorsiones, en el mediano plazo rompes cadenas, creas mercados negros que generan economía informal y que pueden ser precursores del crimen. En el corto plazo sí hay un beneficio para el consumidor, pero dañas al productor y dañas al comercializador”, específica.

El especialista en finanzas públicas añade que la política de subsidios de la actual Administración en los energéticos y de aplicarse también en alimentos, generará aún mayor presión en las cuentas de Hacienda. “En la medida que esto se alargue, el panorama fiscal se está poniendo bien difícil para el cierre del año”, asevera.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmó que recurrir a topes o controles de precios o a mecanismos de intervención para frenar la inflación sería “muy dañino para la economía” y perjudicaría la competencia, que supone el mejor elemento de disciplina de los precios en los mercados. “Lo importante es que se deje actuar al Banco de México (Banxico) en lo que le corresponde y utilizando sus instrumentos de manera autónoma y encontrar formas en las que las presiones sectoriales sobre los precios se puedan mitigar por la vía de mejor funcionamiento de los mercados y quizá con algunos apoyos temporales”, manifestó el organismo por escrito.

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