El sueño del oro blanco: López Obrador blinda la explotación del litio en la nueva reforma energética

El Ejecutivo incluye el mineral como un recurso natural estratégico y no dará más concesiones para su explotación, será el Estado quien tome las riendas de la producción

Vista de los alrededores del poblado de Bacanuchi, Sonora, donde se encuentran los yacimientos de litio aún sin explotar.
Vista de los alrededores del poblado de Bacanuchi, Sonora, donde se encuentran los yacimientos de litio aún sin explotar.Teresa de Miguel

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido dar un paso adelante en el control del litio en México y propone que sea un recurso estratégico como el petróleo. Así lo plantea la iniciativa de reforma energética que el presidente ha impulsado para su aprobación en el Congreso y que dependerá de la negociación con el PRI, el partido en la oposición.

Por debajo de la reforma energética, con rango constitucional, quedarían otras normas como la Ley Minera, más ventajosa para las empresas privadas. “Tenemos que proteger este mineral codiciado. Es de la nación, no [podemos] permitir que pase a manos de corporaciones o de poderes hegemónicos”, afirmó López Obrador el 13 de octubre en su conferencia matutina. Con estas palabras el mandatario hacía suyo el entusiasmo de varios funcionarios de su Gobierno, quienes se han aventurado en los últimos meses a llamar al litio “el petróleo del futuro” y “el oro blanco”.

Este mineral ligero, que arde al entrar en contacto con el agua, es utilizado en el sector de la electromovilidad, las baterías de equipos electrónicos, los sistemas de almacenamiento de energía, los medicamentos antidepresivos e incluso en la industria nuclear. De acuerdo con el Gobierno de Chile, líder regional en la producción de litio, la demanda en el mundo crecerá 80% para 2030 y México no quiere faltar a la fiesta.

Menos aún, después de que hace tres años la empresa anglocanadiense Bacanora Minerals encontrara el yacimiento de litio más grande del mundo en el pueblo de Bacadéhuachi, Sonora, al norte del país. La concesión equivalente a 100.000 campos de fútbol contiene reservas probables de 243 millones de toneladas de minerales en rocas y arcillas. El hallazgo no tardó en acaparar los titulares de la prensa y las acciones de Bacanora, que había conseguido una concesión por 50 años se dispararon. Hace unos meses la empresa fue comprada por su socio mayoritario, el gigante chino Gangfeng, uno de los mayores fabricantes de baterías eléctricas del mundo.

Ante este panorama y amparado en la soberanía energética, el Gobierno mexicano ha decidido blindarse respecto al litio, antes incluso de tener un cálculo aproximado de la cantidad de mineral que posee su territorio. “Un punto importante es lo que aparece en los transitorios: todos los contratos previos los van a respetar en los términos en los que fueron acordados, pero la parte futura es la más importante que es lo que queda cubierto para el Estado mexicano”, señala Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC. Tal y como anunció el presidente, la iniciativa de reforma plantea que el Gobierno dejará de entregar nuevas concesiones para explotar litio. Adicional, el texto señala que se respetarán aquellas en las que “existen antecedentes de exploración avalados por la Secretaría de Economía”, pero deja en suspenso qué sucederá con las concesiones en manos de pequeñas empresas (principalmente canadienses) que a día de hoy no han comenzado su fase de exploración. “Tampoco es conveniente ser el único operador privado cuando el otro es el Estado”, señala un experto en el sector energético que prefiere mantener el anonimato. “Todo el mundo está preocupado por la reforma eléctrica en el mundo empresarial”, apunta.

Actualmente en México hay 36 concesiones para explotar litio en el país de las que solo están activas 27, controladas por tres empresas extranjeras, entre ellas Gangfeng, de acuerdo con el informe realizado por las organizaciones GeoComunes, Red de Afectados por la Minería y MiningWatch Canada. El yacimiento de Sonora es el proyecto más avanzado que existe en el país. Sus impulsores calculan que su nueva planta comenzará a operar en 2023 y la producción durante el primer año alcanzará las 17.000 toneladas, cifra que llegará a las 35.000 toneladas los años siguientes y que requerirá de 2.000 millones de dólares en total para llevarla a cabo. “Creo que el Gobierno está limitando las condiciones en las que la exploración se estaba llevando a cabo, con la idea de conseguir un beneficio mayor para sí mismo”, puntualiza Martín Obaya, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín.

“A veces se menosprecia la dificultad técnica de la explotación del litio, pero es relevante también”, añade Obaya. Para el especialista uno de los puntos decisivos son los costos de extracción y la rentabilidad de los yacimientos. Si vas a operar un yacimiento donde el costo operativo es de 10.000 dólares la tonelada y el precio de mercado es 12.000 dólares, no se vuelve viable económicamente, por eso es muy importante conocer cuanto antes qué tipo de yacimientos hay en México porque de eso dependerá el éxito de la explotación”, sentencia.

Aunque en un primer momento algunos miembros del Gobierno se inclinaron por la nacionalización del litio, el discurso del Ejecutivo se fue moderando para captar inversores interesados en desarrollar proyectos públicos privados a futuro. Sin la tecnología y el conocimiento de la iniciativa privada, las ansias de México por entrar en el negocio del litio se quedarán en un plan frustrado, como ha sucedido en Bolivia, incapaz de producir litio a gran escala después de 13 años. “López Obrador metió el litio en la reforma porque es un discurso fácil. Se vende como el oro del futuro, pero nadie lo entiende y el sector privado no está interesado en el tema porque México actualmente no lo produce”, critica el experto del sector energético.

Fuentes del Gobierno consultadas por este periódico todavía no se ponen de acuerdo sobre si el Estado se enfocaría en la producción del litio o en el desarrollo de baterías para la industria de los vehículos eléctricos. “Las empresas de participación estatal que tienen Pemex y la CFE podrían desarrollar toda la industria del litio, pero hay que ir paso a paso”, responde el senador de Morena Alejandro Armenta, impulsor del primer borrador a favor de la nacionalización del litio. Tampoco queda claro si la ley obligaría a la iniciativa privada a vender al Estado el litio extraído, o si por el contrario, este sería utilizado para la exportación, como actualmente hacen las mineras en el país.

Algunos miembros de la oposición ven la reforma eléctrica como un atraso y la propuesta sobre el litio, un planteamiento insuficiente. “Hay que regular, no limitar. Poner las bases sobre la participación, pero en un mercado realmente libre y no monopolizado por el Estado”, afirma la senadora Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano.

La reforma dejaría la puerta abierta a la creación de “empresas públicas, sociales y privadas” que pudieran desarrollar la industria en el futuro. “Sin duda es una gran oportunidad para que México se convierta en una de las grandes potencias del mundo en materia de desarrollo industrial del litio”, dice Armenta. “Si Chile, Bolivia o Argentina tienen capacidad de explotarlo, ¿por qué nosotros no?”, agrega el senador.

Para algunos analistas, la visión que plantea Morena se queda corta. “Los pasos que está dando el Gobierno, de momento, están tratando el litio solo como si fuera un commodity, no están pensando como si fuera una industria nacional con clientes globales, dentro de una integración norteamericana”, señala Gonzalo Monroy. “Están perdiendo una oportunidad para integrar a México en las cadenas globales de suministro con Estados Unidos, Asia y Canadá”, apunta. Con la entrada en vigor del tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la explotación del litio cobra mayor importancia, ya que se debe asegurar una cadena de suministro en Norteamérica.

En tres años, los coches fabricados en estos tres países deberán tener al menos un 75% de sus componentes producidos en la región para que puedan comercializarse libres de aranceles. Esto incluye a las baterías de litio, así que podría volverse un negocio rentable para México como un gran productor de vehículos eléctricos. “Sería un gran plus que el litio mexicano se incorporara a esta industria”, señala Indira Kempis. En 2018, Gangfeng firmó un acuerdo para crear una planta de reciclaje de baterías en suelo mexicano que suministre minerales a Tesla Motors, dueña de la fábrica de autos eléctricos más grande del mundo, en Nevada, a 1.400 kilómetros de Sonora.

“Es un mineral codiciado más que otros, del cual va a depender el desarrollo de nuevas tecnologías y eso tiene que ver con las nuevas generaciones”, aseguraba López Obrador ante la prensa. Más allá del planteamiento discursivo, México solo sueña con el litio. Las prospecciones, aunque prometedoras, de momento solo pintan bien sobre el papel. Como en el caso de otros minerales, los países con los yacimientos más ricos no son necesariamente los que tienen las industrias más desarrolladas para explotarlos. Ahí reside el mayor reto que tendrá en el futuro el Estado mexicano.

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Sobre la firma

Almudena Barragán

Periodista de EL PAÍS en México. Escribe sobre temas sociales con perspectiva de género: desigualdad, violencia y feminismo. Ha trabajado en la sección Verne México y en diversos medios españoles y mexicanos, entre los que destacan El Economista.es y El Financiero Bloomberg. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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