Periodismo ante el fusil amenazante del narco

La prensa en México vive amenazada. El último episodio ocurrió el lunes pasado: un grupo de hombres armados del Cartel Jalisco Nueva Generación se plantó ante una cámara y la amenazó de muerte. El grupo, que mostraba su exceso de munición, apuntó hacia tres medios de comunicación nacionales —El Universal, Televisa y Milenio— y nombró a la periodista Azucena Uresti en un mensaje que inundó en minutos las redes sociales. El líder de los también encapuchados habló de la representación en esos medios de su grupo criminal: sentía —dijo— que lo que de ellos se hablaba no encajaba con la realidad. Fusil en mano pedía una cobertura justa. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según organizaciones internacionales, pero el mensaje de este lunes ha encendido las alertas sobre la escalada de los peligros que enfrentan quienes trabajan en la prensa.

Las amenazas contra los periodistas en México se han convertido en una constante desde hace más de dos décadas. Algunas de ellas han llegado a cumplirse y cada vez son más: desde 2004 en el país no han dejado de contabilizarse al menos el asesinato de un periodista al año. El Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) cuenta 129 informadores asesinados desde 1994 por asuntos relacionados con su trabajo. La tendencia ascendente se refleja en la última década en la que de mínima tres periodistas terminaron muertos después de ser amenazados.

A estas alturas ya ningún mensaje puede ser tomado a la ligera. Para Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19 —dedicada a vigilar el ejercicio de la libertad de prensa— el último mensaje de los criminales a la prensa nacional es una llamada de atención, principalmente, para el Gobierno mexicano. “Esto es una escalada de por sí dentro de una espiral ascendente de agresiones contra la prensa y que de no tener una respuesta del Estado mexicano puede desatar más violencia”, comenta. En 2020, la organización contabilizó 692 agresiones contra periodistas —un 13,6% más que en 2019— y donde 154 fueron amenazas. El año pasado seis informadores mexicanos fueron asesinados.

“Los grupos criminales se sienten envalentonados por la falta de Estado”, explica Maldonado. Los crímenes contra los periodistas son también reflejo de la realidad del país cuando un 98,5% de ellos queda impune. Maldonado habla de un “contexto permisivo” en el que quienes atentan contra los informadores saben que no habrá consecuencias porque la capacidad del Estado para investigar, encontrar a los culpables, juzgarlos y sentenciarlos está severamente mermada. “El mensaje es muy claro: puedes atentar contra un periodista y no vas a terminar en prisión”, resume Adela Navarro, directora del Semanario Zeta de Tijuana.

Navarro forma parte de un medio de comunicación que desde hace un par de décadas ha padecido la constante amenaza contra sus periodistas y el homicidio de algunos de sus colaboradores. La periodista señala la fragilidad en la que usualmente se ha encontrado la prensa en los Estados, que lejos del bullicio de Ciudad de México, son agredidos frecuentemente y presionados para controlar sus contenidos sin recibir atención alguna. “Estamos acostumbrados en este país, donde impera la impunidad, a que en los Estados de la República donde los criminales tienen asentados sus territorios mafiosos sean amenazados los periodistas, sea hostigados y asesinados. Pero no habían cruzado la línea de los medios nacionales” cuenta. La fragilidad de la prensa se nota ya en sus contenidos: regiones dominadas por los criminales, como Tamaulipas y Chihuahua, se han convertido en zonas de silencio donde la información fluye a cuentagotas.

La amenaza del Cartel Jalisco reclamaba específicamente la cobertura sobre la lucha que la organización mantiene en el Estado de Michoacán —una región clave para el narcotráfico— con otros grupos criminales por el control de casi todo lo que sucede allí. John Holman, corresponsal de la cadena de televisión catarí Al Jazeera, cuenta que durante meses estudió la posibilidad de adentrarse en la zona para contar la compleja situación del crimen al público internacional. En junio publicó un reportaje después de más de tres meses de trabajo en que, reconoce, la asistencia de periodistas locales fue vital. “Hay mucho miedo y con mucha razón. Mientras nosotros entramos y salimos, ellos se quedan. Los riesgos son mucho más grandes para ellos”, reflexiona. “Hablamos con periodistas que te cuentan que ya no cubren temas de narco porque viven allí y es demasiado arriesgado para ellos y sus familias. Yo haría exactamente lo mismo. Es el gran privilegio, supongo, de ser parte de una organización [de noticias] internacional, que sí podemos hacer este tipo de reportajes sin que los riesgos sean tan grandes para nosotros”.

Navarro, del Semanario Zeta, cuenta que como protección para sus periodistas algunas informaciones relacionadas con organizaciones criminales llevan la firma genérica ‘Investigaciones Zeta’, una práctica que algunos medios de comunicación a nivel nacional también han adoptado en los últimos años. Holman, de Al Jazeera, apunta que los medios de comunicación con sede en Ciudad de México suelen contar con mejores medidas de protección para los informadores. Periodistas establecidos en regiones de alta criminalidad consultados para este reportaje se negaron hablar sobre las condiciones en los lugares en los que trabajan por temor a represalias.

El agresor no siempre carga un fusil y trafica droga. ¿Quiénes son? En más de la mitad de los delitos contra periodistas registrados por Artículo 19, quien busca callar la voz del periodista es un funcionario público. La mayoría de ellos ocupan cargos en administraciones municipales o estatales. Maldonado explica que a la organización le ha resultado más complejo registrar las agresiones hechas por el crimen organizado porque las víctimas y sus familiares temen por sus vidas. Sin embargo, añade, las agresiones de parte de miembros del servicio público suelen estar relacionadas con las organizaciones criminales. “En cinco de los seis asesinatos que contamos el año pasado las autoridades locales estaban involucradas. Actúan en contubernio y complicidad con los grupos criminales y cada vez es más evidente”, advierte.

Desde 2012, México estableció el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que cuenta con fondos del Estado para garantizar la seguridad de los informadores amenazados. La efectividad de este método de protección ha sido cuestionado por diversos periodistas una vez que algunos de ellos han sido víctimas de ataques a pesar de estar supuestamente bajo su amparo. La periodista Lydia Cacho ha sido una de sus más duras críticas, dado que en su caso –Cacho se encuentra amenazada por redes de tráfico infantil después de exponerlos en varias investigaciones– la protección del Estado no ha sido suficiente para garantizar su seguridad. Hace varios años que la periodista vive en constante huida y actualmente se encuentra exiliada. En 2020, el mecanismo protegía a unos 418 periodistas, según datos de la Secretaría de Gobernación.

Tras las amenazas del Cartel Jalisco a la periodista Azucena Uresti, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en las siguientes horas para manifestar su respaldo a la profesional. “No estás sola”, le dijo. Uresti confirmó que el Gobierno mexicano le contactó pocas horas después de conocerse el mensaje del grupo criminal para brindarle protección. “Reitero mi solidaridad a esta periodista y a todos los periodistas con la garantía de que siempre nuestro Gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio del periodismo. Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola” añadió el presidente.

López Obrador suele utilizar la tribuna de Palacio Nacional para señalar a periodistas y criticar su trabajo. Las palabras para respaldar a Uresti fueron la excepción de un discurso oficial que regularmente estigmatiza el trabajo periodístico. Desde julio, el presidente habla todos los miércoles en su conferencia matutina de las publicaciones que él y su equipo consideran falsas o críticas contra su Gobierno. Sin un método profesional de verificación, el presidente expone a los informadores y les señala por nombre y apellido. Uresti, por ejemplo, fue mencionada en esos ejercicios semanas antes de las amenazas en su contra. “Esto es interpretado por muchos grupos como un permiso para agredir a periodistas”, dice Maldonado, de Artículo 19. Tras las menciones del presidente, algunos periodistas reciben mensajes en sus redes sociales que van desde bromas e insultos hasta amenazas de muerte. La del Cartel Jalisco ha sido la más severa. Como respuesta, Uresti se ha presentado en el plató como cada noche. “Seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora”, ha contestado.

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