Los estatutos de la RFEF juegan en contra de la candidatura a la presidencia de Rafael Louzán, condenado por prevaricar

A la espera de si a Pedro Rocha si le conceden o no la medida cautelar que paralice la inhabilitación de dos años que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para poder presentarse a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los presidentes de las territoriales están inmersos en la búsqueda de un posible sustituto. Dos de ellos, Rafael Louzán Galicia y Salvador Gomar (Valencia) son los que con más fuerza se han postulado. Louzán asegura aglutinar un apoyo mayor entre los barones, pero su candidatura choca con los propios estatutos federativos. El artículo 19 es claro respecto a los requisitos para formar parte de los órganos federativos. En el punto cuarto se impone una condición que Louzán no cumple: “No estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos”.

En mayo de 2022 Louzán fue inhabilitado por la Audiencia Provincial para ocupar cargos públicos durante siete años por prevaricar cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra y del Partido Popular en la provincia. Louzán votó a favor de conceder a una empresa una subvención de 86.311 euros para unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que en su mayor parte ya estaban ejecutadas. La sentencia incidió en que Louzán prevaricó al votar a favor del acuerdo de conceder la subvención “a sabiendas de que era [algo] ilegal y arbitrario porque respondía a un artificio para, burlando las barreras de la normativa, satisfacer las reclamaciones de la contratista, infringiendo el deber de transparencia y no protegiendo los derechos de la Administración”.

Louzán ha defendido estos días ante los barones que la sentencia no es firme y que está a la espera del recurso que presentó ante el Tribunal Supremo. En la misma situación se encuentra Pedro Rocha, que mientras no obtenga una medida cautelar no puede presentar su candidatura la RFEF porque la sanción que le impuso el TAD no se lo permite.

En sus explicaciones para recabar apoyos entre el resto de barones, Louzán trataba de eludir la Orden Ministerial reguladora de las elecciones federativas que impide presentarse a los candidatos condenados en el ámbito deportivo con una sentencia en firme, sin embargo, el citado artículo 19 de los estatutos federativos sí hace referencia a los condenados e inhabilitados para ocupar cargos públicos y no especifica que la sentencia deba ser firme. El presidente de la RFEF, por el mero hecho de ostentar el cargo, forma parte, entre otros órganos federativos, de la Asamblea y de la Comisión Delegada. Louzán también ha defendido que su condena se ciñe a la prohibición de ocupar un cargo público análogo al que desempeñaba y que eso le permite presentarse. Aquí vuelve a chocar contra la normativa estatuaria federativa, que se limita a restringir a los candidatos que arrastren una inhabilitación por cargo público. El barón gallego también dice que la condena es fuera del ámbito deportivo porque era presidente de una diputación. La cuestión es si la federación puede permitir la imagen de que alguien que prevaricó con la subvención a un campo de fútbol la presida.

La condena de Louzán también le impide ahora mismo formar parte de los órganos de gobierno de UEFA y FIFA o de cualquier grupo de trabajo de ambas organizaciones porque no pasaría los controles de ética. Esta limitación se produce en un contexto en el que España será coorganizadora del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos. Louzán no podrá estar en ningún comité o mesa de trabajo en la que se dirima cualquier asunto que afecte a la candidatura de España como puede ser la sede de la final del Mundial.

La regeneración que trató de impulsar el Consejo Superior de Deportes y su intento por restaurar el daño reputacional del fútbol español tras lo sucedido con Luis Rubiales vuelve a estar en jaque. Si a Rocha le conceden la medida cautelar, podrá presentarse a las elecciones un inhabilitado, además de imputado en la Operación Brodie, en la que se investigan contratos irregulares de la federación entre 2018 y 2023. Si el dirigente extremeño no obtiene la medida solicitada y Louzán decide eludir los estatutos federativos, el fútbol español lo presidirá un condenado por prevaricación. Además, si cualquiera de los dos alcanzara la presidencia, la Federación corre el riesgo de otro bochorno mundial y de volver a tener que elegir otro presidente si la justicia confirma sus inhabilitaciones.