La ofensiva de López Obrador contra la prensa enciende las alarmas de los organismos internacionales

El estreno de Las mentiras de la semana, el espacio dedicado por Andrés Manuel López Obrador para señalar y exponer noticias y periodistas, ha provocado la salida en tromba de organizaciones internacionales y asociaciones civiles mexicanas advirtiendo de los peligros para la libertad de prensa, la pluralidad mediática y un debate público crítico e informado. Una nueva ofensiva del presidente en su estrategia de confrontación y búsqueda de enemigos que, al tratarse esta vez de la prensa, ha despertado también las alarmas por una derivada aún más sensible: la seguridad de los periodistas. Los defensores de derechos humanos alertan de las posibles consecuencias que estos “discursos estigmatizantes” puedan provocar en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

El miércoles pasado, 30 de junio, arrancó oficialmente el espacio enmarcado en las conferencias matutinas desde el Palacio Nacional. López Obrador justificó la iniciativa como una respuesta a las noticias que considera falsas, poco contrastadas o que están “hechas de mala fe”. Y amplió las explicaciones a su terreno favorito, el de la batalla puramente política, acusando a diversos medios de estar bajo las presiones de poderes económicos, comparando su quehacer con los tiempos de Hitler, Pinochet y el militar mexicano Huerta.

Por la pasarela de Las mentiras de la semana, una sección conducida por la periodista Ana Elizabeth García Vilchis, pasaron desde The New York Times, columnistas nacionales o EL PAÍS. Como colofón, el espacio se cerró en tono de burla con la entrega de un premio, el Pinocho de la semana, a un periodista sobre el que se sucedieron los ataques individualizados.

Más de 20 organizaciones nacionales e internacionales publicaron la semana pasada un comunicado conjunto solicitando abrir vías de comunicación con el Gobierno. Auspiciados por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones civiles propusieron establecer mesas de diálogo con el Gobierno mexicano. La relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena, subrayó la importancia de evitar la lógica bélica y brindó la asistencia de su organización para incorporar estándares internacionales sobre derechos humanos y libertad de expresión en el marco de las conferencias matutinas con el objetivo de prevenir “la reproducción de discursos estigmatizantes”.

Las conclusiones de las 20 organizaciones quedaron selladas por el relator especial para la libertad de expresión del CIDH, Pedro Vaca, quien pidió al Gobierno reconsiderar el espacio ante el riesgo de que esté “afectado a las garantías para un debate informado y libre del señalamiento público”. El debate, añadió, “no puede trazarse bajo la culpabilidad de reprender y tiene que ser más abierto en términos de libertad de expresión y democracia”.

Incremento de la violencia contra la prensa

Desde la delegación mexicana de Reporteros Sin Fronteras, una de las organizaciones firmantes, se remiten a las conclusiones del comunicado, pero alertan de que el nuevo espacio del Gobierno “no solo es un atentado a la libertad de expresión, sino contra las personas de manera directa”, apunta Balbina Flores, portavoz de la organización. Según su último informe sobre la clasificación mundial de la libertad de prensa, México se sitúa en el puesto 143º de 180, registrando el peor lugar el continente para ejercer el periodismo. Mientras que el índice de impunidad de asesinatos a comunicadores del Comité para la Protección de los Periodistas, también firmantes del comunicado, México ocupa el sexto lugar, solo por detrás de países en guerra.

El año pasado fue el año más violento para la prensa en México en una década. Al menos 19 periodistas fueron asesinados, mientras que organizaciones como Articulo 19 han denunciado un incremento exponencial de los ataques a la prensa por parte de servidores públicos y autoridades, trazando una correa de transmisión con las invectivas presidenciales. “Que sea la cabeza del Estado quien defienda los criterios bajo los cuales la prensa miente o no, además de estigmatizar, promueve la censura previa mediante la inhibición o amedrentamiento afectando así a la libertad de expresión, la pluralidad mediática y el derecho a informar y ser informado”, apunta su director, Leopoldo Maldonado.

La iniciativa de López Obrador recuerda, por las maneras y el tono, a la ofensiva contra la prensa de Rafael Correa. Durante su último mandato, el expresidente de Ecuador fue concentrando su espacio televisivo semanal, conocido como las sabatinas, cada vez más a desmentidos y ataques personales a periodistas, sobre todo columnistas de opinión. Para Jose Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), “la lógica es la misma. Es un abuso de poder que no tiene otro impacto que el de intimidar y restringir la madre de todas las libertades civiles que es la libertad de expresión”.

El director de HRW advierte además de una particularidad mexicana. “Esta medida empobrece la democracia. En una sociedad con unas instituciones judiciales tan precarias y con unos niveles de impunidad tan altos, mayor aún es la importancia de los medios independientes, porque son los que hacen las denuncias, los que cumplen con la tarea de fiscalización, al menos en el debate público”.

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