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Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

La muerte poco visible de la epidemia en México

Más del 70% de los positivos por covid que han pasado por cuidados intensivos o intubación en el país ha fallecido, pero faltan muchos por contar

Jorge Galindo
Sepultura de un fallecido por covid-19, este martes en Ciudad Juárez.
Sepultura de un fallecido por covid-19, este martes en Ciudad Juárez.LUIS TORRES (EFE)

Desde que se inició la pandemia, un 71% de los miles de positivos covid en México que ha pasado por cuidados intensivos (UCI) o intubación para apoyo respiratorio ha fallecido. La cifra sube hasta un 82% entre confirmados y sospechosos atendidos en los mayores proveedores de salud pública del país para personas con trabajo formal (IMSS, ISSSTE).

Esta cifra varía por entidades federativas, pero nunca baja de cuatro de cada diez, y en algunos casos roza el 90%.

Una recopilación reciente de estudios de mortalidad de pacientes covid en UCIs de China, Italia, Estados Unidos, Dinamarca o España situaba el porcentaje para todos ellos en valores mucho menores: entre 25% y 40%. ¿Es la epidemia el doble de letal en Tijuana que en Madrid, o hay algo más explicando estos valores anormalmente altos? Un análisis pormenorizado de las cifras oficiales a día de hoy apunta a lo segundo: no sería tanto que los tratamientos fallen, ni que el virus afecte más a los mexicanos, sino que muchos no estarían accediendo a los cuidados necesarios para su estado.

Falta acceso

En el punto más crítico de la epidemia (mayo-junio), los datos señalaban un problema que se mantiene: una gran mayoría de las muertes confirmadas o bajo estudio de infección aparecía en la base oficial como no tratada por UCI, ni por intubación.

La falta de tratamiento codificado es mayor entre los pacientes del IMSS y del ISSSTE que entre quienes accedieron a cuidados por otras vías, como la privada. En suma, dos tercios de fallecimientos positivos no habría disfrutado de acceso a lo que se considera aún hoy como el cuidado básico para pacientes críticos de una afección que, pese a mostrar derivaciones sistémicas, se sigue considerando como marcadamente respiratoria en sus versiones graves.

Cuando se montan todas las categorías de pacientes críticos (confirmados o sospechosos) por sector de entrada al sistema, la imagen es mucho más nítida: al final, el grupo mayoritario es el que aparece sin tratamiento de cuidados intensivos o de soporte respiratorio.

A menos que la propia Secretaría de Salud esté dejando de codificar acceso a cuidados, esta perspectiva ayuda a entender por qué el porcentaje de muertes tras pasar por UCI es tan alto: sencillamente, parece que un gran número de enfermos con evoluciones graves de la covid no tiene acceso al soporte médico necesario, lo cual sugiere que, quien llega a él antes de recuperarse o fallecer, lo hace en una situación de deterioro considerable.

Bajo esta óptica se puede recuperar el mapa por entidades, pero ahora ubicando cada una de ellas en ambas dimensiones: no solo el porcentaje de muertes entre los críticos, sino también la otra cara de la moneda: la proporción de fallecidos que no habría recibido tratamiento crítico. Los territorios en la parte superior derecha de este gráfico (Sonora, Coahuila) concentran probablemente peores condiciones de descubrimiento, reporte y acceso para enfermos de covid.

Muertes por contar

Los análisis de cuidados están limitados por los problemas inherentes a la base de datos oficial: una extraordinariamente detallada en la información que ofrece para cada individuo, pero también muy incompleta. El pasado domingo, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) presentaba en la rueda de prensa diaria la última actualización de las estimaciones de exceso de muertes que viene realizando la entidad. Este método consiste en comparar el número de fallecimientos del presente año con los esperados según lo observado en años anteriores. De esta manera el calibrado del impacto de la pandemia no depende del número de pruebas diagnósticas de infección de SARS-CoV-2 realizadas, que en México son comparativamente escasas. La última versión de la cifra de exceso de muertes es más completa y detallada que las anteriores: ahora sí incluye a las 32 entidades federativas. Además, distingue entre muertes confirmadas, sospechosas o atribuibles a covid, y no atribuibles con la información disponible a día de hoy.

Es probable que estos números se sigan moviendo, pero hasta finales de septiembre arrojaban más de 190.000 muertes por encima de las esperadas desde el primero de enero de 2020; de ellas, dos tercios se pueden considerar como directamente causadas por una infección del coronavirus y de estas 130.000, apenas algo más de un 50% se incluía como confirmada en la base de datos de casos individuales.

Como ya se veía en los datos provisionales hasta junio, el exceso es particularmente intenso entre hombres de mediana edad, algo que encajaría tanto con la mayor exposición a riesgo por la recuperación de la actividad económica en mitad del contagio, como con la estructura de comorbilidades (obesidad, diabetes) distintiva de la población mexicana, capaz de interactuar tanto con el virus como con el peor acceso a cuidados en contexto de pandemia para producir un diferencial en este segmento.

Muchas de estas muertes, decenas de miles de ellas, no aparecen en unos datos de cuidados que por sí mismos ya sugieren incompletitud y falta de acceso. Una vez las incorporemos, si es que lo logramos, probablemente solo profundicen la impresión de que lo letal en el país no es solo el virus en sí mismo, sino la manera que tiene de interactuar con el contexto, y con las políticas, de México.

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Sobre la firma

Jorge Galindo
Es analista colaborador en EL PAÍS, doctor en sociología por la Universidad de Ginebra con un doble master en Políticas Públicas por la Central European University y la Erasmus University de Rotterdam. Es coautor de los libros ‘El muro invisible’ (2017) y ‘La urna rota’ (2014), y forma parte de EsadeEcPol (Esade Center for Economic Policy).

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