Ayudas universales, bajas de maternidad no ligadas al empleo y permisos remunerados para cuidar: tres claves para una crianza digna

Criar un hijo o una hija cuesta de media en España 672 euros al mes, según el informe El coste de la crianza en 2022 de Save the Children, publicado en junio. La cifra, que se ha incrementado más de un 14% desde 2018, es evidentemente insostenible para muchas familias en el contexto de crisis e inflación que transitamos, sobre todo para las más vulnerables.

“En España, las madres y padres no duermen, porque no ven por ninguna parte las ayudas a la crianza que sí se perciben en otros países europeos. Esta falta de ayudas también le quita el sueño a las niñas y niños que no pueden ir a una excursión porque se ha roto la lavadora o no pueden ir a natación porque ha subido el recibo de la luz”, explicaba Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, en la presentación el pasado 5 de septiembre de la campaña La crianza nos quita el sueño, con la que pretenden visibilizar la necesidad de un compromiso social y político que aligere la carga de las familias.

El reclamo no es nuevo. Las organizaciones de defensa de los derechos de la infancia llevan años denunciando la falta de inversión en políticas de protección a la infancia y a la familia en España que, a diferencia de otros países europeos, solo invierte el 1,3% del PIB, una cifra que está muy por debajo de la media europea, situada en el 2,3%. Explica Almudena Escorial a EL PAÍS que la falta de apoyo a la crianza debería ser una de las grandes preocupaciones de toda la sociedad porque los niños y niñas necesitan crecer en un contexto adecuado y digno, pero también por las implicaciones a largo plazo que tiene para cualquier país: “Invertir en infancia siempre tiene un retorno económico para todos. Tenemos que reconocer el valor social de la crianza y ello implica a toda la sociedad, desde empresas que deben facilitar la conciliación de las personas con hijos e hijas hasta las administraciones, que deben garantizar el apoyo económico y los servicios necesarios para que las familias puedan criar con dignidad”.

Desde la Plataforma de Infancia consideran fundamental no solo un cambio de mirada por parte de la sociedad y de las empresas hacia las necesidades de las familias —poniendo fin a esa idea individualista imperante de “Tus hijos, tus problemas”—, sino también la creación de ayudas universales para la crianza. Esto tendría un impacto en el hecho de poder tomar una decisión más libre a la hora de tener hijos o no tenerlos en un escenario de precariedad estructural, y también ayudaría a sostener la responsabilidad del cuidado a las familias.

Ayudas universales para la crianza

En el entorno europeo, las familias de dos terceras partes de los países de la UE cuentan con una ayuda universal para la crianza. Según datos de esta plataforma, en Alemania, por ejemplo, reciben una ayuda de 219 euros al mes hasta la mayoría de edad de sus hijos e hijas. En Irlanda perciben una prestación de 140 euros al mes por cada hijo o hija hasta los 15 años, siendo ampliable hasta los 17 en determinados casos. En Hungría, 33 euros al mes por el primer hijo o hija, una cifra que aumenta para las familias monoparentales. En España, el apoyo que se da a la infancia se articula a través de deducciones fiscales, lo que deja fuera a las familias que no realizan la declaración de la renta y que son, paradójicamente, las más vulnerables, según informan.

Por eso, desde Plataforma de Infancia insisten en la universalidad de las ayudas como característica irrenunciable en la lucha contra la pobreza infantil —cifra que es la más alta de los últimos cinco años, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2021—. “Las prestaciones universales han demostrado ser las más eficaces en la lucha contra la pobreza infantil en otros países de nuestro entorno, ya que inciden especialmente en la prevención. Con ellas se apoya no solo a quienes ya están en situación de pobreza o exclusión social, sino también a personas que podrían verse en una situación de exclusión por falta de ingresos”, señala la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia.

Además, la universalidad tiene otros beneficios: “Las prestaciones universales eliminan la barrera de acceso que supone la burocracia a la que se enfrentan las personas que quieren solicitarla, evitando que muchas personas se queden por el camino, como ha ocurrido con el Ingreso Mínimo Vital. Además, se evita la estigmatización. Por otro lado, suelen ser más baratas al eliminar muchos gastos de gestión de las Administraciones. Los derechos humanos se deben proteger y garantizar con políticas universales”, añade Escorial, quien recuerda que tener hijos es un factor de riesgo frente a la pobreza en nuestro país.

Más allá de las 16 semanas

En la búsqueda del bienestar infantil, la duración de los permisos de maternidad y paternidad y su concepción como derecho individual o familiar siguen siendo cuestiones por abordar en España. Desde organizaciones de infancia y otras como la asociación por la transferibilidad de los permisos PETRA Maternidades Feministas se reclama desde hace años la ampliación de la baja hasta al menos los seis meses.

En el caso de esta asociación, además, se señala la desigualdad que supone la intransferibilidad de los permisos —teniendo en cuenta que las madres pasan por procesos por los que no pasan los padres— y la no universalidad de los mismos. “Más del 35% de las madres no tienen acceso al permiso de maternidad. Nos encontramos con madres desempleadas, con empleos precarios o que no cumplen los requisitos para acceder al permiso. De hecho, las madres acceden a menor número de permisos y peor remunerados que los padres debido a su mayor tasa de desempleo y a que tienen sueldos más bajos. Todas deberían tener acceso al permiso de maternidad por el simple hecho de ser madres. Por lo tanto, esta prestación no puede estar condicionada al empleo”, señala una de las portavoces de PETRA Maternidades Feministas.

El cuidado de los hijos y de las hijas no termina a las 16 semanas ni a los cinco años. Medidas como el teletrabajo y la flexibilidad horaria son importantes, pero no solo: los niños y niñas también necesitan otros cuidados cuando, por ejemplo, se ponen enfermos. “Más allá de ofrecer garantías para adaptar el horario de trabajo, excedencias o facilitar el teletrabajo cuando sea posible, necesitamos impulsar la existencia de permisos remunerados para cuidar. En España no tenemos esta posibilidad, y la regulación de los permisos para cuidados genera un elemento segregador por renta, donde solo los que se pueden permitir reducir un sueldo pueden planteárselo”, argumenta Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia.

La mayoría de países europeos disponen de un permiso parental remunerado que cubre una parte proporcional del salario y garantiza una serie de días al año para el cuidado del niño o de la niña hasta una determinada edad. “Necesitamos empezar a abordar estas cuestiones, hemos avanzado mucho en relación con los permisos de nacimiento para los padres y tenemos que seguir mejorando el de las madres hasta los seis meses. Sobre todo en España tenemos que empezar a abordar la necesidad de permisos parentales remunerados. Es imposible cuidar y conciliar si no tenemos ni algo tan básico como la seguridad de poder disponer de tiempo. Sabemos que la crianza supone en sí misma incertidumbre, pero necesitamos algunas garantías y certezas en las que apoyarnos”, añade Ibarra.

Tanto Ibarra como Escorial insisten en la necesidad de que la crianza esté en el debate público en mayúsculas y no como un asunto menor. “Una de las cosas que trajo la pandemia es la concienciación de la sociedad española sobre la imposibilidad de cuidar, y cómo el teletrabajo no es una posibilidad ni la panacea cuando se trata de cuidar a la vez. Creo que la sociedad se va dando cuenta de que no es posible cuidar ahora mismo si no dispones de una red de apoyo personal o unas condiciones económicas fuertes. Tenemos que aprovechar que por fin ese debate está planteado para reflexionar en las soluciones, porque en el bienestar de los niños y las niñas la sociedad al completo tiene responsabilidad”, concluye el director de Plataforma de Infancia.

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