Las elecciones estadounidenses y su incierto camino hacia el Supremo

Todo fue transcurriendo según el guion escrito por Donald Trump. Ante la falta de un vencedor claro en la jornada del 3 de noviembre, el presidente de Estados Unidos impugnaba, de facto, un resultado electoral que todavía no se conocía. No es que no hubiera avisado. Lo advirtió ya el 24 de septiembre: que los comicios de 2020 acabarían en el Tribunal Supremo porque, acusó, los demócratas estaban cocinando un fraude electoral.

Y lo dijo sin complejos en su comparecencia en la madrugada de este miércoles, desde la misma Casa Blanca, ante una audiencia selecta: “Vamos a ir al Tribunal Supremo y pedir que todo el voto termine. No queremos que se cuenten votos a las cuatro de la mañana y los añadan a la lista, ¿okay?”. El mandatario estaba a un paso de autoproclamarse vencedor: “Por lo que a mí concierne, ya hemos ganado”.

“Esto es un fraude para el pueblo americano”, prosiguió Trump, sin absolutamente ninguna base que probara su teoría. El peor escenario acababa de consumarse tras días y días en los que el mandatario había ido poco a poco haciendo calar entre su base -esa que le perdona todo, hasta los 225.000 muertos por la pandemia- la idea de que los resultados o le favorecían a él o estaban manipulados.

“Vamos a ir con nuestros abogados”, declaró Trump dos días antes de las elecciones. “Vamos a ir esa misma noche, en cuanto terminen los comicios”, insistió. Antes ya había atacado al poder judicial por una serie de dictámenes recientes que permitían a los Estados continuar contando votos llegados después de la jornada electoral.

No es un mal momento el actual para amenazar con resolver un litigio en el Tribunal Supremo. Aunque existen serias diferencias con la elección de este año y la que resolvió la máxima Corte en 2000 en la disputa entre George W. Bush y Al Gore. En 2000 se trató de un recuento, es decir, había que volver a contar los votos para asegurarse de a quién pertenecía el mínimo margen de victoria de 537 votos en Florida. En 2020, sencillamente, hay quizá millones de votos que todavía no han sido procesados y tabulados.

Tras el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, el pasado 18 de septiembre, los republicanos elevaron a categoría de religión el doble rasero que han practicado para suplir con un nuevo juez la vacante dejada por la juez progresista.

En un tiempo récord -a Barack Obama le negaron reemplazar a un magistrado de la Corte cuando aún le quedaban nueve meses de presidencia-, los republicanos nombraron y aceptaron en el Congreso a la ultraconservadora Amy Coney Barrett. La apelación de Trump al Supremo como su salvador para hacerse con las elecciones llega justo ocho días después de que el Senado confirmara a Barrett, de 48 años, para el cargo vitalicio.

En este momento, la configuración de la corte es claramente de jueces conservadores (uno nombrado por George Bush padre; dos, por George Bush hijo y tres, por Donald Trump) y tres progresistas (uno nombrado por Bill Clinton y dos, por Barack Obama). Pero todavía es más interesante el hecho de que tres de esos jueces jugaron un papel de mayor o menor importancia en el litigio de Bush-Gore en Florida. El presidente del Supremo, John G. Roberts y Brett M. Kavanaugh formaron parte del equipo legal que llevó a Bush a la Casa Blanca. Con 28 años y solo tres después de haber terminado sus estudios de leyes, la juez Barrett fue enviada por el despacho de Washington en el que trabajaba a apoyar a los abogados del entonces Gobernador de Texas.

Sin un ganador claro y con el presidente declarado en rebeldía queda por saber hasta cuándo mantendrá Trump su pelea. ¿Hasta el ocho de diciembre, cuando se supone que todos los Estados deben tener sus escrutinios finalizados? ¿Hasta el 14 de diciembre, cuando el Colegio Electoral se reúne? ¿Hasta el mismo 20 de enero, cuando el nuevo presidente debe jurar el cargo en las escalinatas del Capitolio? Solo Donald Trump lo sabe.

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